Resolución sobre la Situación de Derechos Humanos en Sudán
presentada por Sudan Human Rights Monitor
La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), reunida en su XXXVII Congreso en Ereván, Armenia,
Considerando los recientes combates de enero y febrero de 2010 en Darfur entre los movimientos rebeldes y las fuerzas gubernamentales, la falta de un acuerdo de paz efectivo y la grave situación humanitaria de la población civil en la región donde alrededor de 3 millones personas siguen desplazadas de sus hogares;
Considerando la impunidad de los responsables de la muerte de cerca de 300.000 durante el conflicto de Darfur en los últimos 6 años y la falta de cooperación de las autoridades nacionales con la Corte Penal Internacional, que abrió una investigación sobre la situación en Darfur a petición de del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y ha emitido tres órdenes de captura, incluido contra el Presidente sudanés;
Considerando la represión organizada del Estado contra los defensores de los derechos humanos que luchan contra la impunidad de los crímenes más graves;
Considerando que a pesar de la firma en el 2005 del Acuerdo Global de Paz (CPA) y la adopción, ese mismo año, de la Constitución Nacional Provisional (NIC), que generaron grandes expectativas por la paz, la democracia y la unidad, poniendo un término a veinte años de guerra civil entre el Gobierno sudanés y el Ejército de liberación del pueblo sudanés (SPLN), lamentamos las nuevas tensiones y graves violaciones a los derechos humanos en el Sur de Sudán, que se derivan de causas múltiples e interrelacionadas, incluyendo conflictos en el seno de unidades militares conjuntas y entre distintas etnias del Sur del país, así como de los ataques por el Ejército de liberación del Señor, que llevaron a la muerte de 2500 civiles y al desplazamiento forzado de 390.000 personas en el 2009;
Considerando que la perspectiva del referéndum de enero 2011 para pronunciarse sobre la cuestión de la independencia del Sur de Sudán podría incrementar la inestabilidad del país;
Considerando que a pesar de su mandato, la MINUS (Misión de las Naciones Unidas en el Sudán) (resolución 1590 del CSNU que lo otorga un mandato para "proteger a los civiles frente a las amenazas inminentes de violencia física") no ha logrado aportar de forma efectiva protección de los civiles;
Considerando que al acercarse el periodo de las elecciones nacionales que tendrán lugar en abril de 2010 la tensión se está incrementando, con arrestos y detenciones arbitrarias de dirigentes políticos y miembros de partidos políticos de la oposición;
Considerando que el partido presidencial se niega a aplazar la fecha de las elecciones a pesar de las masivas irregularidades que han sido registradas en el momento de registrar a los electores y que, indudablemente, pondrán en entredicho la transparencia de las elecciones;
Considerando el fracaso del partido en el poder para reformar el sistema judicial y la legislación, así como para garantizar el respeto de las libertades fundamentales de reunión, expresión y asociación, en violación del CPA y de disposiciones de la NIC;
La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), reunida en su XXXVII Congreso en Ereván, Armenia, solicitan:
A las partes firmantes del CPA de implementar plenamente sus disposiciones y de poner fin de inmediato a todos los actos de violencia;
Al gobierno y al SPLM de cumplir con la decisión Corte Internacional de Justicia sobre la región Abey con una fórmula política consensuada que aclare y defina la zona para evitar conflictos;
Al Consejo de Seguridad de velar por que la MINUS pueda ejercer sus funciones en materia de protección de los ciudadanos frente a la violencia de parte de los grupos armados en el Sur de Sudán;
Al gobierno:
– Que permita a las organizaciones humanitarias internacionales que presten asistencia a la población civil en el Darfur;
– Que implemente las recomendaciones del informe del Grupo de trabajo Mbeki, mandatado por la Unión Africana, en particular en relación con la necesidad de luchar contra la impunidad de los crímenes más graves cometidos en Darfur;
– Que lleve a cabo negociaciones con todos los grupos armados, los partidos políticos, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, los desplazados internos y grupos de mujeres y jóvenes, a fin de poner un término a la guerra en el Darfur;
– Que amplie el acuerdo marco firmado en Doha con el Movimiento de justicia e igualdad a otros movimientos rebeldes y las milicias respaldadas por el gobierno;
– Que armonice las legislaciones nacionales con la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos;
– Que respete la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1998;
A la comunidad internacional:
– Que coopere con la Corte Penal Internacional sobre la situación en Sudán;
– Que, en caso de que no se aplacen, denuncie las condiciones en las cuales las elecciones de abril tendrán lugar, en violación de las provisiones en materia de derechos humanos.