Romper el ciclo de la violencia y la impunidad en Sudán del Sur para evitar el caos
Nota al término de misión en Sudán del Sur: " Tememos lo peor"
En virtud de su misión llevada a cabo recientemente a Sudán del Sur, la FIDH expresa su preocupación por los graves riesgos de un deterioro de la situación humanitaria y de los derechos humanos en este país si no se toman medidas eficaces para romper el ciclo de la violencia e impunidad que prevalecen actualmente.
Casi un año después de la erupción del conflicto entre las fuerzas leales al presidente Salva Kiir y las que apoyan al ex vicepresidente Riek Machar, las partes aún no han llegado a un acuerdo político. Los enfrentamientos armados continúan esporádicamente en el norte y varios testigos han reportado la proliferación alarmante de grupos armados, reabastecimiento de armas y el reclutamiento continuo de nuevos combatientes, incluso niños. Mientras tanto, los desplazados internos y los refugiados siguen viviendo en la mayor inseguridad y los responsables de los crímenes más graves siguen en libertad.
"Las tensiones son palpables en Sudán del Sur, donde la mayoría de nuestros interlocutores sienten temor de una escalada de los enfrentamientos en las próximas semanas y serios riegos para la seguridad de los civiles" , dijo el abogado Arnold Tsunga, quien dirigió la misión FIDH en Sudán del Sur. "Es esencial romper el ciclo de la violencia para salvar a los civiles que ya han sufrido las peores atrocidades" , mencionó.
En Sudán del Sur los civiles viven en una inseguridad extrema, agravada notablemente por los enfrentamientos esporádicos entre las fuerzas opuestas y el deterioro de la seguridad en los campamentos de desplazados internos y los campamentos de protección de civiles de las Naciones Unidas. De igual modo, ha resultado imposible evitar que los civiles sufriesen los recientes enfrentamientos en Bentiu y Rubkona. Se ha comunicado la muerte de tres personas tras el hallazgo de fosas recientes.
En los campamentos de desplazados internos y en los campamentos de protección de las NU, en concreto en los situados en los estados del Alto Nilo y Unity, se han suscitado preocupaciones respecto a la proliferación de armas ligeras, la intensificación de enfrentamientos intercomunitarios y casos de violencia sexual y por motivos de género contra las mujeres. Más de 1,4 millones de personas siguen siendo desplazados internos y alrededor de 450 000 se refugian en los países vecinos. Los trabajadores humanitarios con los que se ha reunido la FIDH han calificado la situación de asfixiante, y aseguran que miles de personas necesitan con urgencia el suministro de alimentos y medicamentos; sin embargo, el gobierno parece haberle otorgado una mayor prioridad al gasto militar.
Además, los civiles sufren obstáculos cada vez mayores para ejercer sus derechos y libertades fundamentales. A principios de octubre, la Asamblea Legislativa Nacional puso en marcha un proyecto de ley del Servicio Nacional de Seguridad (NSS), conocido como NSS Bill por su nombre en inglés, el cual, en su formato actual, concede poderes extensivos al NSS. Entre dichos poderes se incluyen los de investigar, detener o retener a aquellos sospechosos de constituir una amenaza para la seguridad nacional pero sin asegurarles las garantías legales y procedimentales correspondientes.
La FIDH apela al presidente Salvar Kiir para que no firme dicho proyecto de ley represivo que contravendrá las disposiciones de la Constitución de transición. De igual modo, se han manifestado preocupaciones en cuanto al incremento de casos de arrestos y detenciones arbitrarias de periodistas, la confiscación de periódicos e incluso el cierre de emisoras de radio.
«Los civiles de Sudán del Sur continúan pagando el precio de lo que podemos considerar como el resultado de una cultura arraigada en la impunidad: un entorno militarizado, un débil marco institucional y legal, así como una polarización de la sociedad alrededor de líneas étnicas y comunitarias por motivos políticos. Para evitar que el país recaiga en el caos, los autores de las violaciones de los derechos humanos deben asumir la responsabilidad de sus actos y, al mismo tiempo, debe instaurarse la confianza entre los ciudadanos y en las instituciones del Estado» , añadió Arnold Tsunga.
Como conclusión a la cumbre extraordinaria de la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo de África Oriental, IGAD (la organización regional que garantiza la mediación) por sus siglas en inglés, que tuvo lugar los días 6 y 7 de noviembre, el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en Oposición, más conocidos por sus siglas en inglés como SPLM y SPLM-IO, se han comprometido a respetar un «cese incondicional, completo e inmediato de las hostilidades […], poner fin a la guerra [y] cesar inmediatamente el reclutamiento y la movilización de civiles». Sin embargo, ninguna de las dos partes ha llegado a un acuerdo sobre el formato y la composición de un gobierno de transición y la IGAD ha establecido un periodo extraordinario 15 días para que prosigan con las consultas internas.
Del mismo modo, la IGAD amenazó con imponer sanciones, entre las que se incluyen el embargo de bienes, la prohibición de viajar y el cese del suministro de armas contra los violadores de dicho acuerdo. Puesto que ninguna de las partes respetó acuerdos similares en el pasado, la FIDH ruega a la IGAD que fortalezca su labor de mediación y que se asegure de adoptar las medidas previstas en el caso de una reanudación del conflicto.
Por otro lado, la FIDH insiste en la necesidad de que estas medidas se acompañen de mecanismos dirigidos a hacer justicia por las víctimas y a prevenir futuros crímenes graves. Además, la FIDH hace un llamamiento a la IGAD para que rechace cualquier acuerdo que incluya cláusulas de inmunidad o amnistía para los responsables de tales crímenes, considerándose dicho acuerdo una violación del derecho internacional.
Los años de impunidad en este país se han reconocido como uno de los factores clave de los terribles crímenes cometidos a partir del desencadenamiento del conflicto en diciembre de 2013. Se han establecido por las autoridades nacionales (entre los que se encuentran la policía y el ejército) diversos comités de investigación para dilucidar las circunstancias que llevaron a dicho desencadenamiento e investigar sobre las violaciones de los derechos humanos perpetradas con posterioridad.
En febrero del 2014, el presidente Salva Kiir estableció de igual modo una comisión de investigación que, según consta, recogió pruebas reunidas por la policía y el ejército para así elaborar un informe consolidado; la publicación de dicho informe se prevé para mediados de noviembre. Si bien tales iniciativas deben acogerse de buen grado, algunos de los interlocutores de la FIDH han puesto de relieve los puntos flacos del procedimiento, entre los que destacan la ausencia de independencia e imparcialidad de la Comisión y la falta de protección adecuada prevista para las víctimas y los testigos. En tal contexto, se han volcado grandes expectativas en la publicación de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Investigación de la Unión Africana.
«El informe de la Comisión de Investigación de la Unión Africana se espera con impaciencia en Sudán del Sur y se considera, por muchos de los participantes, una prevención potencial de futuros conflictos. Esperamos que este informe proponga mecanismos efectivos para hacer justicia y constituya la base de una hoja de ruta hacia la justicia, la paz permanente y la seguridad en Sudan del Sur» concluyó Arnold Tsunga.
Contexto
La FIDH ha llevado a cabo una misión en Sudán del Sur del 5 al 11 de noviembre de 2014. Casi un año después del estallido en diciembre del 2013 del conflicto que enfrentó las tropas leales a Salva Kiir y a las simpatizantes con Riek Machar, los miembros de la misión han evaluado los casos de violación de los derechos humanos perpetrados en dicho país en la actualidad. La misión la integraron el abogado Arnold Tsunga, el director de la subdivisión de la Comisión Internacional de Juristas en África (CIJ) y el ex vicepresidente de la FIDH, Mohamed Badawi, investigador en el seno del Centro Africano para Estudios de Justicia y Paz (ACJPS, por sus siglas en inglés), David Cote, coordinador de procesos en el seno de Lawyers for Human Rights (LHR – África del Sur) y de Tchérina Jerolon, responsable adjunta de la oficina en África de la FIDH. Una nota al término de la misión más detallada en la que se incluyen recomendaciones específicas se publicará en breves.