24 de junio de 2025. En Senegal, el aborto medicalizado en caso de violación o incesto sigue siendo ilegal y está penalizado. Por este motivo, en muchas ocasiones, las mujeres y niñas se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos, a menudo realizados sin supervisión médica, en condiciones insalubres y peligrosas, lo que aumenta considerablemente el riesgo de problemas de salud e incluso de muerte. Los abortos clandestinos son la quinta causa de mortalidad materna y la causa del 50 % de los ingresos de urgencia en las maternidades. Las víctimas de violación sufren una violencia física y psicológica extrema y obligarlas a llevar a término un embarazo no deseado constituye un doble castigo.
Sin embargo, hace más de 20 años, Senegal ratificó el Protocolo de Maputo que prevé la legalización del aborto en determinadas condiciones, entre ellas la violación y el incesto (artículo 14). Negar este derecho es infligir a estas mujeres y niñas una violencia adicional: obligarlas a llevar a término un embarazo fruto de una violación, sin tener en cuenta su salud, su dignidad y el respeto de sus derechos fundamentales. De hecho, según las Observaciones generales del Protocolo de Maputo, obligar a una mujer a continuar con un embarazo fruto de una violación "constituye un trauma adicional que puede afectar a su salud física y mental (...); la salud debe interpretarse según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a saber: ‘un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afección o enfermedad". [1]. Además, la imposibilidad de abortar en condiciones seguras vulnera toda una serie de derechos fundamentales de las mujeres y las niñas: el derecho a la vida, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y el derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. [2].
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) publica una nota técnica (Policy Brief) en la que se explican los cambios legislativos que se han producido en diferentes países tras la ratificación del Protocolo de Maputo con el fin de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación o incesto. Se destacan los mecanismos nacionales eficaces y las recomendaciones regionales e internacionales que pueden servir de ejemplo para futuras reformas legislativas en otros Estados, en particular en Senegal.
Este documento (disponible en francés) plantea una cuestión fundamental sobre el tema: la cuestión de la prueba de la violación. Varios países han legalizado el aborto en caso de violación o incesto, de forma que queda autorizado una vez que la víctima del delito lo declara, sin necesidad de ninguna otra autorización adicional, ni judicial ni médica. Debido a las dificultades psicológicas, sociales, económicas o logísticas que supone presentar una denuncia, acudir a instituciones jurídicas o sanitarias, y con el fin de evitar nuevos traumas, esta medida garantiza el acceso efectivo al aborto en caso de violación o incesto para todas las mujeres y niñas.
Por otra parte, el análisis de la legislación de los Estados pone de manifiesto otro reto importante: el acceso al aborto medicalizado para las menores víctimas de violación o incesto. Además del trauma relacionado con la agresión, su corta edad las expone a riesgos para la salud que suponen un riesgo especial para su vida. [3]. Ante esta preocupante situación, algunos Estados han modificado su legislación para que el acceso al aborto sea automático para las menores de edad, sin establecer ninguna medida adicional en razón de su edad y sin necesidad de contar con el consentimiento de los padres. Por último, este informe recoge otras medidas existentes destinadas a garantizar el acceso efectivo al aborto en caso de violación o incesto.
Ante este importante reto para la salud pública y el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, la FIDH y sus organizaciones miembros instan a las autoridades senegalesas a adoptar medidas inmediatas y concretas para legalizar el aborto en caso de violación e incesto, de conformidad con el compromiso del país de aplicar el artículo 14 del Protocolo de Maputo.