La FIDH retoma en esta nota el desarrollo acelerado de Rwanda, que se caracteriza por graves impedimentos a los derechos civiles y políticos, a las libertades fundamentales y, en especial, a la libertad de expresión, de reunión y de prensa. Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos han podido documentar y denunciar estos ataques contra los derechos, cometidos en el marco de la aplicación de las políticas económicas, sobre todo en materia agrícola, de ordenación del territorio y de la gestión de los bienes públicos. La falta de un diálogo efectivo e inclusivo, así como las desigualdades en la distribución de la riqueza, han dado lugar a un proceso económico opaco, a crecientes desigualdades económicas y sociales entre una clase elitista de la población ruandesa, que se aprovecha claramente del dividendo económico del país, y las clases populares que sufren los efectos nefastos y los daños colaterales de esta carrera hacia el crecimiento económico.
Además, la FIDH vuelve a señalar los esfuerzos de las autoridades ruandesas para acallar y sancionar toda protesta contra el poder: prohibición de partidos políticos de oposición, represión y acoso contra la oposición política, presión y toma de control de las ONG, violaciones graves de los derechos de las defensoras y defensores de los derechos humanos que les impiden llevar a cabo su trabajo de defensa de los derechos humanos y que incluso les obliga a exiliarse, etc. En 2015, la FIDH alertaba del hecho de que no “quedaba ya ninguna ONG de defensa de los derechos humanos en Rwanda”, al referirse a la toma de control de la Liga Ruandesa por la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos (LIPRODHOR), organización miembro de la FIDH, y el acoso judicial continuo que sufrían los miembros de la organización.
23 años después del genocidio, y a pesar de sus éxitos económicos, Rwanda se distingue hoy por ser uno de los países más represivos de África, donde la censura y la autocensura están generalizadas.
En el momento en que se llama a la población ruandesa a las urnas, la FIDH denuncia el clima de miedo exacerbado que reina y perjudica gravemente el ejercicio de los derechos humanos de la población e impide la libre expresión de las opiniones. La FIDH insta a las autoridades ruandesas a ajustarse a sus obligaciones internacionales y a situar el respeto de las libertades fundamentales en el centro de sus prioridades, ya que son las únicas garantías de un desarrollo justo y sostenible.