15 de diciembre de 2025. La caída de Uvira, la segunda ciudad más grande de la provincia de Kivu del Sur, en manos del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23), con el apoyo de Rwanda, el 10 de diciembre debe catalizar la respuesta de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros a la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en el este de la República Democrática del Congo (RDC). Nuestras organizaciones –Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)– instan a la UE y a sus Estados miembros a redoblar sus esfuerzos en relación con el conflicto en el este de la RDC, situando los derechos humanos y la rendición de cuentas por las violaciones en el centro de su respuesta.
Esta violencia constante pone de relieve la escalada y el carácter regional del conflicto, ya que las fuerzas de seguridad de Burundi y Rwanda han participado activamente en lo ocurrido en Kivu del Sur. Por otra parte, el uso de drones de ataque y de artillería pesada ha provocado la muerte y lesiones de civiles, así como desplazamientos masivos, como la huida de decenas de miles de personas congoleñas hacia el vecino Burundi cuando el conflicto se intensificó cerca de Uvira. Los hospitales y centros de salud están desbordados de pacientes, que en ocasiones precisan de cirugía especializada y necesitan desesperadamente suministros médicos básicos, anestesia y materiales críticos. Aunque la mayoría de los soldados del ejército congoleño había huido de Uvira antes de la llegada del M23, algunos combatientes armados de Wazalendo (una coalición informal de grupos armados, algunos de los cuales cuentan con el apoyo del ejército congoleño) continúan en la ciudad o en sus alrededores, lo que ha provocado enfrentamientos con el M23. Mientras tanto, en varias zonas de Kivu del Norte, continúan activos los combates entre el M23 y los grupos de Wazalendo.
Desde principios de 2025, se ha producido una importante escalada del conflicto en la región oriental de la República Democrática del Congo entre el M23, con el apoyo de Rwanda, y el ejército congoleño (FARDC), que cuenta con el respaldo de los grupos armados aliados de Wazalendo y las fuerzas burundesas. El 27 de enero de 2025, el M23 se hizo con Goma, capital provincial de Kivu del Norte, y posteriormente, el 16 de febrero, con Bukavu, capital provincial de Kivu del Sur. Incluso antes de la caída de Uvira, la violencia había seguido aumentando, provocando el desplazamiento de 5,7 millones de personas, el 90 % de las cuales se encuentran en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri, donde los campamentos para personas desplazadas están superpoblados y carecen de infraestructuras sanitarias adecuadas y de capacidad para atender a las crecientes necesidades humanitarias.
La zona oriental de la República Democrática del Congo es un territorio cada vez más militarizado, sin signos de remita este fenómeno, ya que el M23 ha tomado el control de vastas extensiones de territorio en la región y los Wazalendo han recibido municiones y armas suministradas por las FARDC. Nuestras organizaciones han documentado el modo en que los combatientes del M23 han asesinado sumariamente a civiles congoleños/as, han perpetrado violaciones grupales de mujeres, atacado hospitales, secuestrado a pacientes y detenido, torturado o hecho desaparecer por la fuerza a miembros de la sociedad civil, personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Tras las ingentes fugas de las prisiones situadas en la parte oriental del país, en febrero de 2025 se produjeron violaciones masivas y la muerte de cientos de mujeres en la prisión de Goma. Graves violaciones continuaron incluso durante las iniciativas lideradas por Estados Unidos y Qatar para lograr un acuerdo de paz o un alto el fuego en la región y con posterioridad. En sus sus conclusiones iniciales presentadas el 5 de septiembre de 2025, la misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la República Democrática del Congo informó de que se habían producido ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones colectivas y otras formas de violencia sexual, secuestros, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores a manos del M23, así como de las FARDC y el Wazalendo, hechos que pueden constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
A pesar de los esfuerzos iniciales por responder a la toma de Goma y Bukavu por parte del M23 y a las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en la región, la UE y sus Estados miembros han permanecido en gran medida en silencio desde la firma del acuerdo preliminar el 27 de junio entre la RDC y Rwanda. En las semanas posteriores a la firma de este acuerdo, las fuerzas del M23, respaldadas por Rwanda, llevaron a cabo matanzas masivas en todo el sentamiento de Binza, situado en el territorio de Rutshuru, durante julio y principios de agosto. Estas matanzas masivas y las continuas violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario cometidas a lo largo de la segunda mitad del año ponen en tela de juicio la eficacia de los esfuerzos de mediación cuando no se cuenta con mecanismos claros de aplicación.
Estas violaciones de los derechos humanos continuaron sin cesar mientras el personal de la Unión europea (UE) y de la Unión Africana (UA) se reunían en múltiples ocasiones a lo largo del año para debatir sobre la RDC en una reunión ministerial (21 de mayo), una reunión entre el Comité Político y de Seguridad de la UE y el Consejo de Paz y Seguridad de la UA (8-9 de octubre) y la cumbre UE-UA (24-25 de noviembre). Tras estos encuentros, el personal europeo y africano "reiteró conjuntamente su apoyo inquebrantable a una paz justa, integral y duradera en la República Democrática del Congo" y en otros conflictos en todo el mundo.
El 3 de diciembre los presidentes de la República Democrática del Congo y Rwanda firmaron en Washington D. C. un acuerdo de paz, mientras proseguía la violencia en la región oriental de la República Democrática del Congo. En su declaración del 5 de diciembre, la UE expresó acertadamente su pesar por la violencia, las violaciones de los derechos humanos y la persistente crisis humanitaria en el este de la RDC, aunque sin plasmar ningún compromiso concreto sobre la actuación de la UE y los Estados miembros ni poner de manifiesto la importancia de la justicia y la rendición de cuentas.
Nuestras organizaciones instan a la UE y a sus Estados miembros a que actúen con la urgencia que requiere la gravedad de este conflicto en curso, con un enfoque firme, estratégico y sostenido, en consonancia con los compromisos que la propia UE ha declarado que le competen en materia de derechos humanos:
– incluir a la RDC en el orden del día de la próxima reunión del Consejo de Asuntos Exteriores del 15 de diciembre, en respuesta a la crisis actual, con el compromiso de adoptar medidas concretas para proteger a la población civil de las atrocidades y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones que se están cometiendo en el este de la RDC;
– desarrollar una estrategia clara y unificada de la UE y los Estados miembros en respuesta a la crisis de la RDC, reevaluando la aplicación de su estrategia renovada para la región de los Grandes Lagos en vista de que no ha cesado el conflicto y redoblando los esfuerzos en materia de derechos humanos y rendición de cuentas;
– colaborar urgentemente con las autoridades de la RDC y Rwanda al más alto nivel, instando enérgicamente a todas las partes beligerantes en el este del país –entre otros, los combatientes del M23, los ejércitos ruandés y congoleño y sus aliados– a dar prioridad a la protección de la población civil; la UE y sus Estados miembros deben dejar claro que están dispuestos a utilizar todos los instrumentos a su alcance para exigir responsabilidades a las autoridades estatales por las violaciones de los derechos humanos cometidas en este contexto y llevar este compromiso a la práctica;
– condenar enérgica y públicamente las ejecuciones arbitrarias, las violaciones, los trabajos forzados, el reclutamiento forzoso y otros crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que ha denunciado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como la violencia sexual contra las mujeres y las niñas y el reclutamiento de niños soldados por parte de grupos armados;
– liderar las iniciativas en materia de justicia y rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos internacionales y del derecho humanitario en el este de la República Democrática del Congo, lo que incluye presionar a las partes en conflicto para que permitan el acceso a la Comisión de Investigación sobre la República Democrática del Congo y apoyar plenamente los mecanismos de las Naciones Unidas, especialmente en la actual crisis de liquidez de las Naciones Unidas, así como garantizar que la rendición de cuentas siga estando en el centro de todo proceso de negociación de paz;
– revisar el memorando de entendimiento de la UE con Rwanda en el contexto de la Global Gateway, garantizando que esta asociación no contribuya a violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluso en la República Democrática del Congo; la UE debe velar asimismo por que Rwanda y el M23 no se beneficien económicamente de los minerales obtenidos ilegalmente en la República Democrática del Congo que sustentan sus operaciones militares, lo que perpetúa la actual crisis humanitaria y de derechos humanos;
– seguir prestando ayuda humanitaria a la población civil de las zonas del Congo controladas por el M23, así como a la población refugiada en Burundi; presionar al M23 para que permita a las personas expertas internacionales acceder a los aeropuertos de Bukavu y Goma con el fin de reparar las infraestructuras dañadas y facilitar la entrada de la ayuda humanitaria que con tanta urgencia se necesita en la región oriental de la RDC, entre otros, el apoyo urgente a los centros médicos de Uvira y las comunidades circundantes; en vista de los actuales recortes en la ayuda exterior de los Estados Unidos, incrementar la respuesta humanitaria en la República Democrática del Congo y en la región destinada a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, junto con una sólida labor diplomática pública y privada de la UE en respuesta a la crisis humanitaria y de derechos humanos;
– tomar medidas en favor de las personas defensoras de los derechos humanos congoleñas en el este de la República Democrática del Congo y de las personas desplazadas por el conflicto, brindando una protección rápida (como visados por motivos humanitarios y reubicación), apoyo económico y diplomacia proactiva en su nombre ante los gobiernos regionales y los grupos armados;
– paralelamente, llevar a cabo consultas genuinas y amplias con las personas defensoras de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil congoleñas, para garantizar que se tengan en cuenta su opinión y preocupación, así como la plena participación de las mujeres en cualquier proceso de paz u otra toma de decisiones que les afecte.