Kinshasha, Bruselas, 31 de agosto de 2026. Las partes civiles acogen con satisfacción la decisión de la Sala del Consejo de Bruselas, dictada esta mañana, de remitir ante el tribunal correccional a las 14 personas acusadas en el caso Semlex que deberán responder por los presuntos delitos de corrupción de cargos públicos extranjeros, blanqueo de capitales y fraude fiscal en el marco del contrato de los pasaportes biométricos congoleños.
De este modo, Semlex, la empresa que fabricó los pasaportes biométricos de la República Democrática del Congo (RDC) entre 2015 y 2025, se convierte en la primera empresa en comparecer ante la justicia penal belga por presuntos hechos de corrupción internacional, con la perspectiva de que se examine el fondo del asunto.
En mayo de 2020, 51 personas de nacionalidad congoleña se constituyeron en parte civil ante la justicia belga con el apoyo de la coalición Le Congo n’est pas à vendre [El Congo no se vende]. A ellas se unieron en esta iniciativa la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), la Ligue des droits humains (LDH), UNIS, Transparency International y Transparency International Belgique, que también se constituyeron como partes civiles en este caso emblemático.
Las partes civiles elogian la labor de los equipos de investigación que llevan casi nueve años rastreado los flujos bancarios, analizado cientos de correos electrónicos y mensajes, tomado declaración a numerosas personas en calidad de testigos y sospechosas, y llevado a cabo comisiones rogatorias en la RDC y en los Emiratos Árabes Unidos, donde estaban inscritas varias de las empresas implicadas en el asunto. Se trata de una de las investigaciones belgas más exhaustivas jamás realizadas sobre presuntos hechos de corrupción internacional.
Las personas imputadas habrían puesto en marcha un sistema de corrupción a gran escala en torno al contrato de los pasaportes biométricos. Según varios documentos publicados en la prensa, por cada pasaporte vendido a 185 dólares estadounidenses, una parte (60 dólares) se habría desviado a LRPS Ltd., una empresa con sede en Dubái, que se considera está vinculada a una persona cercana al expresidente de la RDC, Joseph Kabila. Este mecanismo habría permitido generar cerca de 60 millones de dólares en presuntas malversaciones.
En opinión de las partes civiles, este asunto concierne ante todo a la ciudadanía congoleña. "Pagamos 185 dólares por nuestros pasaportes, antes de enterarnos por la prensa de que una parte de ese dinero se habría utilizado para sobornar a miembros de la élite política. Tenemos derecho a saber qué ha pasado con nuestro dinero. Este juicio permitirá por fin arrojar luz sobre el asunto", afirma Fred Bauma, ciudadano congoleño que se ha constituido en parte civil.
"Es de esperar que este caso permita también sacar a la luz las responsabilidades a nivel congoleño, lo que podría dar lugar a un proceso judicial complementario en la RDC, con el fin de que todas las personas respondan de sus actos ante los tribunales competentes", señala Jean-Claude Katende, vicepresidente de la FIDH y presidente de la Association africaine de défense des droits de l’homme (ASADHO).
Esta decisión constituye igualmente un importante avance para la justicia belga. A pesar de los compromisos adquiridos en virtud de la Convención contra la Corrupción de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, , el país ha recibido numerosas críticas por la escasa eficacia de su sistema de represión de la corrupción de cargos públicos extranjeros. Este juicio pondrá a prueba su capacidad de cumplir con sus compromisos.
"Durante demasiado tiempo, Bélgica no ha estado a la altura de sus compromisos en materia de lucha contra la corrupción internacional. Esta remisión a juicio es histórica: demuestra que, por fin, se puede pedir a una empresa belga que responda por presuntos hechos graves de corrupción cometidos en el extranjero", explican desde Transparencia Internacional Bélgica.
Las organizaciones firmantes recuerdan que las personas procesadas gozan de la presunción de inocencia. Esperan que este juicio permita determinar las responsabilidades y enviar un mensaje claro: las empresas belgas deben responder por sus actos, incluso cuando los presuntos hechos de corrupción se cometan en el extranjero.