Resolución sobre la República Centroafricana

38° Congreso de la FIDH
23-27 de mayo del 2013
Estambul (Turquia)

Presentada por la Liga Centroafricana de Derechos Humanos

La FIDH reunida en su XXXVIII Congreso en Estambul, Turquía Preocupada por la situación política, de seguridad y humanitaria en la República Centroafricana;

Condenando el golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 2013 por los rebeldes de la Seleka , deponiendo al Presidente de la República, el general François Bozizé, que llegó al poder por la fuerza el 15 de marzo 2003;
Condenando las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por los elementos de la Seleka en contra de la población civil en el marco de su ofensiva, en particular las ejecuciones sumarias, las violaciones y otros crímenes sexuales, los actos de tortura, los saqueos y las otras graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos; y condenando las numerosas detenciones arbitrarias perpetradas por las Fuerzas centroafricanas de seguridad en contra de personas sospechadas de brindar apoyo a la rebelión;
Recordando que estas violaciones acarrearon el desplazamiento interno de cerca de 173.000 personas y obligado a cerca de 50.000 más a buscar refugio en la República Democrática del Congo, en Camerún y en el Chad;
Considerando la creación de un Consejo Nacional de la Transición, conformado esencialmente por representantes de la Seleka y la elección, por ese mismo Consejo, de Michel Djotodia como Presidente de la República, encargado de liderar la transición;
Recordando que la situación humanitaria todavía permanece inestable en el conjunto del territorio, caracterizada en particular por la continuación de los saqueos y de las ejecuciones extrajudiciales, y denunciando la inercia demostrada por las autoridades de la transición hacia los responsables de estos actos;
Considerando el despliegue de la Fuerza Multinacional de África Central (FOMAC), autorizada por la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC) en el marco de un operativo de desarme de los milicianos, formación a las Fuerzas Armadas de África Central y refuerzo de la seguridad del proceso electoral;
Considerando que la impunidad es el común denominador y el común disparador de los ciclos de violencia que aquejan a la República Centroafricana; y recordando que la Republica Centroafricana es un Estado parte de la Corte Penal Internacional;

La FIDH reunida en su XXXVIII Congreso en Estambul, Turquía:
Llama al restablecimiento, a la mayor brevedad posible, de la legalidad constitucional a través de la organización de elecciones pluralistas, transparentes y seguras;
Llama a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para asegurarse, en toda la extensión del territorio, del cese de todo acto de violencia en contra de la población civil, en el estricto respeto de lo dispuesto por el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos;
Llama por otra parte a las autoridades de la transición a asegurarse del respeto de los derechos y las libertades fundamentales, en particular las libertades de expresión, opinión y manifestación pacifica;
Llama a la instalación, a la mayor brevedad posible, de una Comisión Internacional de Investigación por parte del Secretario General de las Naciones Unidas para esclarecer las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en el marco del la ofensiva de la Seleka, identificar los responsables de manera a que sean perseguidos y juzgados ante las jurisdicciones competentes;
Llama a las autoridades de la transición a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la lucha contra la impunidad de los responsables de los crímenes más graves;
Llama a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a abrir una investigación sobre los crímenes cometidos durante y desde la ofensiva de los rebeldes;
Llama a la CEMAC a asegurarse de la formación al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos de los elementos desplegados en el marco de la Fuerza Multinacional de África Central (FOMAC) y a considerar el despliegue de observadores de derechos humanos encargados de documentar las violaciones al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

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