19 grupos internacionales y de la República Centroafricana favorables a que el parlamento de transición adopte un anteproyecto de ley que establezca un Tribunal Penal Especial. Dicho tribunal aceleraría la justicia para las víctimas de las atrocidades cometidas en el país.
El Consejo Nacional de Transición del país se dispone a debatir en los próximos días un anteproyecto de ley, preparado por el Gobierno y negociado con las Naciones Unidas. La ley insta al establecimiento de un Tribunal Penal Especial –una jurisdicción mixta constituida por jueces y fiscales centroafricanos y un contingente de jueces y fiscales internacionales– con el mandato de investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos en la República Centroafricana desde el 1 de enero de 2012, fecha de inicio del conflicto armado actual.
“La adopción por parte del Consejo Nacional de Transición de un anteproyecto de ley para crear un Tribunal Penal Especial marcaría un antes y un después en la lucha contra la impunidad en la República Centroafricana" , afirman las organizaciones. "La impunidad ha ido acompañando los conflictos que han devastado el país durante los últimos veinte años.”
Esta jurisdicción especial propuesta estaría constituida por 27 jueces, 14 nacionales y 13 internacionales, integrados en el sistema judicial de la República Centroafricana por un período de cinco años renovable. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley el 5 de febrero de 2015, tras un trabajo previo realizado por un comité formado por miembros nacionales e internacionales y finalizado por el ministro de justicia con el asesoramiento de la misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana, conocida como MINUSCA.
El anteproyecto de ley prevé la presencia de jueces y expertos internacionales que aporten la experiencia y conocimientos necesarios en el ámbito legal y que auxilien a los jueces nacionales en las investigaciones que revistan de más dificultad y peligro. Un juez centroafricano presidirá el tribunal, y el fiscal especial será un fiscal internacional. Todas las cámaras del tribunal incluirán también miembros internacionales, en algunos casos en su totalidad y en otros serán una minoría.
Las organizaciones han comentado que "el anteproyecto de ley propuesto para la creación de un Tribunal Penal Especial constituye una iniciativa equilibrada e innovadora para apoyar al sistema judicial de la República Centroafricana, que ha sido devastado por el conflicto de 2012 desencadenado por los grupos armados en la parte norte del país. El Tribunal Penal Especial reforzará la capacidad judicial nacional para investigar y juzgar a los responsables de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, a través de juicios eficaces, independientes y justos."
El anteproyecto de ley sobre el Tribunal Penal Especial sigue a la creación, en abril de 2014, de una célula especial de investigación que se dedica a investigar violaciones graves de los derechos humanos. En agosto, las Naciones Unidas y las autoridades de transición de la República Centroafricana concluyeron un memorando de entendimiento sobre los principios más importantes para la creación de un Tribunal Penal Especial, que integraría la célula especial de investigación y sería responsable de juzgar a los supuestos responsables de esos crímenes.
La sentencia máxima que el tribunal podría imponer sería la cadena perpetua, de conformidad con lo estipulado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ratificado por la República Centroafricana en 2002. No se permitirá por tanto la pena de muerte, que no se aplica en el país desde 1981.
El Tribunal Penal Especial complementará el trabajo de la Corte Penal Internacional. Las autoridades centroafricanas remitieron la situación a la Corte Penal Internacional el 30 de mayo de 2014 y, el 24 de septiembre de 2014 el fiscal de la CPI anunció la apertura de una investigación en la República Centroafricana sobre los crímenes de su competencia cometidos desde el 1 de septiembre de 2012. Puesto que la CPI da prioridad a juzgar a las personas que tengan una mayor responsabilidad en la comisión de los crímenes internacionales más graves, el Tribunal Penal Especial sería el responsable de investigar y juzgar a otras decenas de personas por graves violaciones de los derechos humanos desde 2012.
"Las organizaciones internacionales y otros países que colaboran con la República Centroafricana deberían garantizar que el futuro Tribunal Penal Especial cuente con el apoyo y la financiación necesaria para que pueda operar de forma eficaz y para que la seguridad de su equipo, víctimas y testigos esté garantizada, especialmente durante las investigaciones", han declarado los grupos.
Las organizaciones firmantes elaboraron una lista con 10 argumentos a favor de la creación del Tribunal Penal Especial en un breve documento de defensa que se distribuirá a los miembros del Consejo Nacional de Transición.