En este país, asolado por una inestabilidad casi constante desde hace más de 20 años, existen varios mecanismos de lucha contra la impunidad competentes para tratar los crímenes de derecho internacional cometidos en el país: los tribunales ordinarios, un tribunal híbrido especializado, el Tribunal Penal Especial (TPE), y un tribunal internacional, la Corte Penal Internacional (CPI). Además de estos mecanismos, hay otros actores que pueden desempeñar un papel importante y contribuir al esfuerzo para lograr justicia, como la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación.
Aunque la Comisión ha tardado en comenzar a cumplir su mandato, se han producido notables avances en los demás mecanismos, a saber:
• El 26 de septiembre de 2022, se inició en la CPI de La Haya el juicio contra Saïd, antiguo seleka, uno de los cuatro sospechosos centroafricanos a los que se está juzgando en la CPI.
• Ese mismo día, un nuevo sospechoso, Vianney Semndiro, fue acusado de crímenes contra la humanidad y se le remitió ante la TPE que celebró su primer juicio –tardío, pero muy esperado– entre abril y agosto de 2022, y ha previsto dictar su veredicto a finales de octubre.
• En los últimos años los tribunales ordinarios de la República Centroafricana han dictado varias condenas por crímenes de derecho internacional.
¿Cómo se complementan los mandatos de los diferentes mecanismos? ¿Cómo cooperan y qué complementariedad existe en la práctica?
Aunque esta situación poco común puede entenderse como una oportunidad sin precedente para luchar contra la impunidad que ha reinado durante demasiado tiempo en el territorio, el informe indica que, en la práctica, continúan existiendo muchos obstáculos para lograr que se haga una justicia significativa para los miles de víctimas que aún esperan, tanto a nivel interno en cada institución como debido a la falta de comunicación, cooperación y apoyo entre los diferentes mecanismos.
Por este motivo, el informe ofrece un análisis del estado de la complementariedad entre estos diferentes actores competentes en la RCA y de las cuestiones que están en juego. Se basa en la investigación que se ha llevado a cabo a lo largo de varios años, en el trabajo de la FIDH y sus organizaciones miembros con las víctimas centroafricanas y en una serie de consultas realizadas en junio y julio de 2022 con representantes de la sociedad civil (local e internacional), periodistas, académicos/as, así como abogados/as, magistrados/as y otro personal de las instituciones judiciales pertinentes.
Para que la justicia en la RCA sea plena, efectiva y sostenible, todos los actores competentes y relevantes deben cooperar y complementarse mutuamente. Deben hacerlo de manera creíble, eficiente, transparente y significativa, respetando la independencia de cada institución y garantizando que las víctimas se sitúan en el lugar central que merecen. Así, este informe concluye su análisis con una serie de recomendaciones destinadas a mejorar la aplicación de esta necesaria complementariedad y, con mayor razón, los esfuerzos de la justicia en la RCA.
Leer el informe (en inglés):