El Consejo Nacional de Transición (CNT) de la República Centroafricana ha tomado una medida decisiva en favor de la justicia para las víctimas de atrocidades, al adoptar una ley por la que se establece un Tribunal Penal Especial que se integrará en el sistema nacional de justicia.
El proyecto de ley, que el Gobierno presentó al parlamento de transición el pasado 6 de febrero, se aprobó por una gran mayoría de votos en la sesión plenaria celebrada el 22 de abril. El Tribunal Penal Especial será responsable de investigar de los crímenes más graves y de procesar a los autores de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio centroafricano desde el año 2003.
"Al validar la creación del Tribunal Penal Especial, el Consejo Nacional de Transición ha dicho “basta ya” a la impunidad y se ha posicionado firmemente en favor de la justicia y de las víctimas que han perdido la vida o han sido objeto de crímenes atroces," han declarado las organizaciones de defensa de los derechos humanos. "No hay tiempo que perder para que el Gobierno y sus socios internacionales hagan que el Tribunal Penal Especial esté operativo lo antes posible."
El Tribunal Penal Especial, según describe la ley, será un mecanismo jurídico híbrido, es decir, compuesto por jueces centroafricanos e internacionales e integrado en el sistema judicial de la República Centroafricana por un período de cinco años renovable. Un juez centroafricano presidirá el Tribunal y el fiscal especial será internacional. El Tribunal estará compuesto en su mayor parte por jueces centroafricanos.
Las organizaciones que firman el comunicado han señalado que las autoridades centroafricanas habían reconocido en repetidas ocasiones la debilidad del sistema nacional de justicia, que, devastado por años de conflicto, no cuenta con los recursos humanos y materiales suficientes, ni con los conocimiento especializados para poder llevar a cabo investigaciones difíciles que tratan crímenes de gran complejidad. Puesto que las investigaciones se refieren a atrocidades cometidas por grupos armados aún activos en la República Centroafricana, el Tribunal Especial permitirá también que se refuerce la seguridad y la protección tanto del personal de justicia como de las víctimas y testigos.
"Los crímenes en masa son extraordinariamente complejos y no pueden tratarse como si se tratara de un simple robo," han declarado las organizaciones. "El Tribunal Penal Especial será un instrumento apropiado para reforzar al sistema judicial centroafricano en la investigación de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas y garantizar la seguridad de jueces y testigos."
Catherine Samba Panza, jefa del Consejo de Estado de Transición tiene que promulgar el proyecto de ley relativo al Tribunal Penal Especial. La ley prevé la instauración progresiva del órgano jurisdiccional, así como la inmediata puesta en funcionamiento de la policía judicial, de los juzgados de instrucción y de la fiscalía, de modo que las investigaciones puedan empezar lo antes posible.
Muchas víctimas de los graves crímenes cometidos desde el año 2012 en la República Centroafricana esperan que se haga justicia, han subrayado las organizaciones. Además, la MINUSCA, la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en la República Centroafricana, ha detenido en el transcurso de los últimos meses a varios presuntos responsables de crímenes graves, entre los que se encuentran tres líderes de la milicia antibalaka, cuyos procesos judiciales deben poder seguir su curso. Las organizaciones firmantes han añadido que para que esta ley pueda convertirse en una realidad, preparada para investigar y juzgar las atrocidades que se siguen cometiendo en el país, el Tribunal Penal Especial necesita en estos momentos personal capacitado, financiación y respaldo político tanto en el ámbito nacional como internacional.
Tanto el memorando de entendimiento firmado entre el Gobierno y la MINUSCA como el proyecto de ley del Tribunal Penal Especial contemplan un apoyo importante por parte de la MINUSCA al nuevo órgano, especialmente en lo que respecta al apoyo logístico, las investigaciones, las detenciones y el nombramiento del personal. El Consejo de Seguridad de la ONU tendría que favorecer el respaldo financiero y logístico al Tribunal Penal Especial en el mandato de la MINUSCA, que se renueva a finales del mes de abril.
Es crucial, para el garantizar el éxito de este Tribunal, que los expertos y jueces internacionales que vengan en apoyo del personal nacional tengan una experiencia real en la persecución de los crímenes más graves así como la voluntad de colaborar estrechamente con sus colegas centroafricanos, afirman las organizaciones.
Las organizaciones han tomado nota del hecho de que la sesión plenaria del Consejo Nacional de Transición ha retirado del proyecto de ley un artículo relativo a la imposibilidad de aplicar cualquier tipo de impunidad ante el Tribunal Penal Especial y que dicho artículo, sin embargo, estaba en consonancia con el derecho internacional en materia de crímenes internacionales graves. No obstante, el artículo 162 del Código Penal centroafricano dispone claramente que no se podrá aplicar ningún tipo de inmunidad en los procesos judiciales por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o delitos de genocidio. La Corte Penal Internacional tampoco reconoce esta inmunidad. Las organizaciones firmantes también han señalado que la revisión de los procesos judiciales por hechos nuevos debería ser excepcional, estar sujeta a condiciones estrictas y ser competencia del Tribunal Penal Especial.
La ley sobre el Tribunal Penal Especial prevé igualmente la colaboración con la Corte Penal Internacional (CPI), que abrió una segunda investigación en la República Centroafricana en septiembre de 2014. Será la primera vez que se crea un tribunal híbrido en una situación en la que también actúa la CI.
La República Centroafricana está sumida en una profunda crisis desde el inicio del año 2013 cuando los rebeldes de la coalición Seleka, en su mayoría originarios de las provincias del norte, tomaron el poder tras una campaña caracterizada por el asesinato generalizado de civiles, los incendios, el saqueo de viviendas y otros crímenes graves. A mediados del año 2013 se formaron unas milicias denominadas antibalaka para combatir a la Seleka. Estas milicias han llevado a cabo represalias a gran escala contra civiles, especialmente musulmanes, a los que se identificaba como colaboradores de la Seleka. Se asesinó a miles de personas mientras que otras cientos de miles de han sido desplazadas por el conflicto.
"Con un recurso ante la CPI y con la creación de un tribunal híbrido, la República Centroafricana innova y muestra un gran compromiso en favor de la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves," han declarado las organizaciones. "Los dos tribunales tendrán que distribuirse el trabajo y elaborar las modalidades de mutua cooperación para maximizar su eficacia y se multipliquen las oportunidades para la justicia” .