Hoy, 21 organizaciones de derechos humanos centroafricanas e internacionales han emitido una declaración en la que instan al nuevo presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra a que establezca como prioridad máxima de su gobierno que se haga justicia por los graves crímenes internacionales. El presidente Touadéra prestó juramento el 30 de marzo de 2016 y su nuevo Gobierno tomó posesión el 11 de abril.
"El pueblo de la República Centroafricana ha sufrido abusos innombrables y ha dejado claro que quiere pasar página y dejar atrás a un pasado en el que imperaba la impunidad. El presidente Touadéra debería demostrar liderazgo y dar pasos concretos para el avance de la justicia en relación a los graves crímenes internacionales cometidos, especialmente mediante la rápida creación del tribunal Penal Especial y el mantenimiento de la cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI)."
Los episodios cíclicos de violencia de los últimos trece años en la República Centroafricana se han caracterizado por los graves crímenes internacionales cometidos. A lo largo de la última crisis, en la que el país se vio inmerso en 2012, grupos armados conocidos como Seleka y anti Balaka cometieron abusos generalizados contra población civil, incluyendo asesinatos, violencia sexual y destrucción de la propiedad privada, pública y religiosa que provocaron desplazamientos en masa de la población. Los responsables de estos crímenes todavía no han sido llevados ante la justicia.
El Gobierno de transición, que dirigió el país desde 2013 hasta 2016, sentó las bases para la rendición de cuentas por los graves crímenes internacionales cometidos, mediante la remisión de la situación de la República Centroafricana a la Corte Penal Internacional y con la aprobación de una ley para la creación del Tribunal Penal Especial dentro del sistema nacional de justicia. Las organizaciones de derechos humanos han afirmado que el presidente Touadéra y su Gobierno deben consolidar estos esfuerzos e ir más allá, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para hacer del Tribunal Penal Especial una realidad, para que finalmente pueda hacerse justicia.
Léase el documento anexo con la declaración de la sociedad civil dirigida al nuevo presidente (en inglés)