Abogados sin Fronteras Canadá (LWBC), la Asociación Maliense de Derechos Humanos (AMDH), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Amnistía Internacional expresan su profunda preocupación por las consecuencias sobre los procesos judiciales en curso de las sanciones de la CEDEAO contra Malí y Guinea tras los recientes golpes de Estado en ambos países.
El 30 de septiembre de 2021, el presidente de la Corte de Justicia decidió suspender todos los procesos en curso relativos a Malí y Guinea, en aplicación de la decisión de la cumbre de las Jefaturas de Estados de la CEDEAO de suspender a estos dos miembros.
Esta medida tiene el efecto de suspender todos los procesos pendientes ante la Corte de Justicia que afecten a ambos países, lo que contraviene el derecho de las víctimas a obtener justicia en un tiempo razonable.
La suspensión de los procesos relativos a Malí y Guinea también es un obstáculo para que las víctimas de violaciones de los derechos humanos de ambos países puedan ejercer sus derechos ante el Tribunal de Justicia de la CEDEAO, al saber que estos procesos no pueden avanzar en ese foro.
Se trata de un momento difícil, en el que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto de Malí están teniendo dificultades para acceder a la justicia a nivel nacional. Lo mismo ocurre en Guinea, donde las fuerzas de seguridad y de defensa reprimieron a las personas manifestantes con fuerza excesiva en 2019 y 2020.
Por ello, nuestras organizaciones instan a las Jefaturas de Estado de la CEDEAO, cuyo tratado establece la protección de los derechos humanos como uno de sus principios fundamentales, a excluir de sus sanciones la suspensión de los procesos relativos a Malí y Guinea ante el Tribunal de Justicia. Nuestras organizaciones desean asimismo recordar a los Estados de Malí y Guinea sus obligaciones como principales responsables de hacer que se respeten los derechos humanos, lo que incluye garantizar el acceso de las víctimas a la justicia.