Es necesario adoptar con urgencia un enfoque coherente y coordinado que tenga en cuenta las aspiraciones de la población civil y garantice su protección efectiva frente a las crecientes amenazas. Es igualmente necesario que todas las partes, entre ellas las fuerzas de defensa y seguridad de la región e internacionales, demuestren una mayor transparencia y responsabilidad en el despliegue de sus operaciones militares, con objeto de recuperar la confianza de la población civil.
Desde principios de año, más de 800 civiles han muerto en atentados atribuidos a los llamados grupos armados yihadistas en Malí, Burkina Faso y Níger. Rendimos homenaje a la memoria de todas las víctimas civiles de esta violencia, incluidas las 31 personas, entre ellas mujeres y niños de la aldea de Songo, asesinadas por individuos armados no identificados el pasado 3 de diciembre cuando se dirigían en autobús al mercado de Bandiagara, en Malí, y de otras personas civiles que han desaparecido o han sido halladas muertas tras operaciones militares, en particular en las regiones de Mopti y Segú, en Malí, y en las regiones de las Cascadas y del Suroeste, en Burkina Faso.
Asimismo, observamos con preocupación el hecho de que la violencia se haya cobrado la vida de un número cada vez mayor de miembros de las fuerzas de defensa y de seguridad, como las 53 personas, entre ellas 49 gendarmes, asesinadas el 14 de noviembre en Inata (Burkina Faso), y de grupos comunitarios, como los 69 miembros de un grupo de autodefensa civil asesinados el 2 de noviembre cerca de Banibangú (Níger).
Ni las fuerzas de defensa y seguridad del Sahel, ni las fuerzas internacionales que se encuentran desde hace tiempo en la región, han conseguido frenar esta espiral. Ante las nuevas atrocidades a las que se enfrenta semana tras semana, la población se encuentra agotada por esta crisis multidimensional que ha provocado el desplazamiento forzado de más de 3 millones de personas en la zona central del Sahel. Esto ha provocado un aumento de la inseguridad alimentaria, la salida del sistema educativo de 700.000 niños y niñas y una explosión de violencia de género contra las mujeres y niñas. El miedo y el desconcierto están dando paso a un creciente movimiento de ira que se manifiesta contra las autoridades nacionales y los países de fuera del Sahel con presencia militar en la región, especialmente Francia.
Ante el estancamiento actual, pedimos un verdadero cambio, que revise en profundidad esta estrategia de seguridad que es evidente que ha fracasado. La Coalición de Ciudadanos por el Sahel ha presentado recomendaciones concretas para dar una respuesta centrada en las necesidades de la población en el informe "Sahel: lo que hay que cambiar", publicado en abril de 2021. Hoy más que nunca, es necesario poner en marcha una estrategia que se base en los cuatro "pilares ciudadanos", que dé prioridad a la protección de la población civil, aporte respuestas políticas a las causas profundas de la crisis, entre ellas, la gobernanza, aborde la emergencia humanitaria y luche eficazmente contra la impunidad.
En este contexto especialmente volátil, pedimos a los gobiernos saharauis y a sus socios internacionales que redoblen sus esfuerzos para demostrar una mayor transparencia y responsabilidad en la realización de sus operaciones militares. Los abusos ampliamente documentados que se atribuyen a los miembros de las fuerzas de defensa y seguridad de Malí, Burkina Faso y Níger, aunque se haya registrado una disminución en 2021, continúan gozando de una impunidad prácticamente total, lo que alimenta el ciclo de violencia y desconfianza entre la población y favorece el reclutamiento de nuevos miembros por parte de los grupos armados.
Es fundamental que todas las fuerzas presentes en el Sahel protejan sistemáticamente a la población civil en el marco de sus obligaciones establecidas por el derecho internacional humanitario. En el caso de denuncias de violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario atribuidas a las fuerzas de defensa y seguridad nacionales o internacionales, se deben establecer los hechos, se deben hacer públicas las conclusiones de las investigaciones y se deben tomar medidas al respecto. En este sentido, pedimos que se publiquen inmediatamente los resultados de las investigaciones que han llevado a cabo las autoridades nigerinas sobre la represión de las manifestaciones contra un convoy militar francés, que dejó tres personas muertas y decenas de heridas el mes pasado en Tera (Níger).
Este respeto del derecho internacional humanitario también se exige a las partes armadas no estatales, entre ellas a los llamados grupos yihadistas, que atacan sistemáticamente a la población civil, y a las milicias de autodefensa, que atacan con frecuencia tanto a la población civil y como a las infraestructuras.
Hoy más que nunca, instamos a los gobiernos del Sahel y a sus socios internacionales a que escuchen las demandas y la necesidad de protección de la población y a que reorienten su respuesta a la crisis, en lugar de ceder a la opción más fácil que es la acción militar, una respuesta que en estos momentos ya se ha admitido que no puede resolver por sí sola la crisis del Sahel. Instamos a todas las partes responsables a que hagan realidad sin demora el "resurgimiento civil y político" anunciado en febrero de 2021 en la Cumbre de Yamena, que amenaza con unirse a la larga lista de promesas incumplidas.