El informe, elaborado al final de una misión realizada en Bamako, Mopti, Sévaré, Douentza y Bounty, revela que el 3 de enero de 2021 varios ataques causaron la muerte a tres presuntos miembros de grupos armados y a 19 civiles que asistían a una boda, lo que demuestra la necesidad de que las autoridades malienses y francesas realicen investigaciones judiciales exhaustivas sobre estos hechos, que podrían ser constitutivos de crímenes en virtud del derecho internacional.
"Se puede considerar que el trabajo realizado por la División de Derechos Humanos y Protección de la MINUSMA es un primer paso para esclarecer las circunstancias de la muerte de estas 22 personas. Hacemos un llamado a las autoridades malienses y francesas para que den prioridad a la búsqueda de justicia y lleven a cabo una investigación independiente y exhaustiva que permita establecer responsabilidades y hacer justicia a las víctimas y sus familias."
En enero, nuestras organizaciones instaron a las autoridades malienses y francesas a esclarecer estos hechos. A partir de ahora, únicamente las investigaciones judiciales sacarán a la luz, en su caso, las responsabilidades individuales y calificarán los delitos.
"Hace tiempo que denunciamos la impunidad que reina en Malí, especialmente en lo que respecta a los autores de los crímenes más graves. Tras el informe de la MINUSMA, la comunidad internacional y, en particular, los aliados de Malí, deben instar a las autoridades malienses y francesas a realizar las investigaciones pertinentes"
El 30 de marzo, el Ministerio de Defensa francés respondió a la publicación del informe de la MINUSMA y expresó algunas reservas sobre la metodología utilizada para recopilar la información y los testimonios, así como dudas sobre su fiabilidad. En el momento de redactar el presente informe, las autoridades malienses aún no se habían pronunciado públicamente.
En 2020, elementos de grupos armados y de las fuerzas armadas mataron a gran número de civiles por lo que nuestras organizaciones reiteran su llamado a las autoridades francesas, malienses y del G5 del Sahel para que hagan de la protección de la población civil una prioridad efectiva, incluso luchando activamente contra la impunidad de los autores de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
"Las conclusiones de este informe recuerdan la obligación de proteger a la población civil y de que las fuerzas nacionales y extranjeras respeten el derecho internacional humanitario, en particular los principios de necesidad, proporcionalidad y precaución a la hora de seleccionar objetivos y de llevar a cabo ataques militares".