En efecto, desde que se firmó el acuerdo de paz en mayo y junio de 2015, la seguridad se ha venido deteriorando considerablemente, la población civil y el personal de la MINUSMA han estado cada vez más expuestos a ataques armados, especialmente en el norte del país, y grupos terroristas armados, así como grupos progubernamentales y la Coordinación de los Movimientos de Azawad (CMA), han cometido numerosas vulneraciones de los derechos humanos.
A este respecto, la FIDH y la AMDH instan al Consejo de Seguridad a establecer un mandato firme en materia de protección de la población civil y a proporcionar a la MINUSMA los medios necesarios para defender su mandato. Asimismo, en el mandato de la misión deben esclarecerse las normas militares y se debe aumentar su capacidad operativa, en especial mediante la formación adecuada de las tropas, antes de desplegarlas en contextos tan asimétricos, así como reforzando los equipos militares terrestres y aéreos.
El centro del país, especialmente la región de Mopti continúa siendo, en el contexto de la lucha antiterrorista, testigo de graves vulneraciones de los derechos humanos y de una aguda incitación a la violencia comunitaria. Las fuerzas armadas de Malí que luchan contra el Frente de Liberación de Macina, vinculado al grupo terrorista Ansar al Din, llevan supuestamente a cabo detenciones y encarcelamientos arbitrarios, secuestros y asesinatos de civiles dirigidos principalmente contra la comunidad peul.
Al este respecto, la FIDH y la AMDH recomiendan reforzar la presencia de la MINUSMA en la región, mediante el despliegue de una fuerza de policía internacional con el fin de garantizar el retorno a la estabilidad y la restauración de la autoridad del Estado.
Tal como recordaron a los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU durante una serie de reuniones bilaterales celebradas en Nueva York en mayo de 2016 y como se releja en la nota de incidencia que publicamos adjunta (EN), nuestras organizaciones, que representan a numerosas víctimas de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra perpetrados durante el conflicto en el país, que estalló en enero de 2012, emplazan a las autoridades de Malí a que asuman su responsabilidad y garanticen a las víctimas un acceso efectivo a la justicia.
Considerando que no se reúnen unas condiciones de seguridad que permitan a los jueces regresar y trabajar en el norte del país y dado que la persecución judicial de los responsables por los crímenes más graves es crucial para el establecimiento de una paz duradera, la FIDH y la AMDH sugieren la creación de una sección judicial especializada en las vulneraciones graves de los derechos humanos perpetradas en el norte y piden la creación inmediata de la comisión internacional de investigación prevista en los acuerdos de Uagadugú y Argel.
La MINUSMA también debería alentar al Gobierno de Malí a que adopte las medidas necesarias para garantizar la protección de víctimas y testigos.
Por último, aunque no menos importante, nuestras organizaciones recomiendan que el Consejo de Seguridad confíe a la MINUSMA el mandato de acompañar a las autoridades de Malí en la preparación y organización de elecciones locales a celebrarse en el tercer trimestre del año, como etapa esencial para volver a instaurar, lo antes posible, la autoridad del Estado en el conjunto del territorio.
Para leer todas las recomendaciones de la FIDH y la AMDH relativas a la MINUSMA, haga clic aquí (EN).