Dakar, París, 21 de mayo de 2025. La FIDH y Amnistía Internacional instan a las autoridades judiciales malienses a llevar a cabo una investigación independiente, imparcial y diligente, con el fin de esclarecer los hechos y llevar a las personas responsables ante la justicia. Ambas organizaciones denuncian la repetición de crímenes graves contra la población civil a manos de las partes beligerantes en el marco del conflicto en Malí. Los hechos ocurridos en Diafarabe pueden ser constitutivos de crímenes de guerra.
Ambas organizaciones alertan a la comunidad internacional y a los socios internacionales de Malí sobre la urgencia de adoptar medidas concretas en favor de la lucha contra la impunidad y el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
El lunes 12 de mayo de 2025, día del mercado semanal de Diafarabe, según testimonios obtenidos por las dos organizaciones, una decena de militares malienses acompañados por milicianos dozos de Diafarabe y alrededores detuvieron durante una ronda de vigilancia al menos a 30 hombres en la feria de ganado de la localidad. Aunque se puso en libertad a algunos de forma inmediata, se llevaron a un grupo de entre 23 y 27 hombres a bordo de piraguas a la orilla sur del río, maniatados y con los ojos vendados, para posteriormente degollarlos y enterrarlos en fosas comunes.
Un superviviente relató lo siguiente: "El lunes, hacia las 11 de la mañana, seis militares vestidos de civil llegaron al mercado de pequeños rumiantes, junto con un grupo de militares uniformados de las FAMa. Rodearon el mercado y comenzaron a detener a gente. Al principio, éramos al menos 30 las personas detenidas, pero después de realizar una rápida comprobación del origen étnico, liberaron a quienes no eran fulani. Nos ataron los brazos y nos vendaron los ojos. Nos llevaron a la orilla opuesta, cerca del cementerio de Danguere Mamba, a cierta distancia del pueblo. Cuando llegamos, ya habían cavado fosas, y los militares y los dozos comenzaron a degollar a las personas una por una. Como no me habían atado bien, me bajé la venda que me cubría los ojos y vi cómo degollaban a mi hermano mayor, que fue la tercera víctima. Cuando estaban degollando a la cuarta persona, hui. Intentaron dispararme dos veces, pero conseguí llegar al río y cruzarlo a nado. Me gustaría precisar que en estas ejecuciones participaron algunos dozos, entre ellos algunos de Nouh Bozo".
Inmediatamente después del 12 de mayo, la población de Diafarabe denunció las detenciones y se produjeron varias manifestaciones espontáneas para exigir información sobre la suerte de sus maridos y familiares.
Una de las mujeres manifestantes explicó a la FIDH y a Amnistía Internacional: "Intentamos acercarnos al lugar del crimen para verlo con nuestros propios ojos, porque habíamos oído dos disparos, pero los militares nos lo impidieron. Nos dijeron que las personas detenidas estaban vivas y prometieron traerlas de vuelta al día siguiente, pero no lo hicieron. El 14 de mayo, vino desde Mopti una delegación de las autoridades militares para escuchar a la población. En ese momento nos confirmaron que nuestros seres queridos ya no volverían, porque reconocieron que los había ejecutado y prometieron castigar a los autores".
El 15 de mayo, hacia las 17:00 horas, los militares autorizaros a varios/as concejales municipales, autoridades tradicionales y familiares de las víctimas a cruzar el río para ver los cadáveres.
Uno de los miembros de esta delegación contó lo siguiente a la FIDH y Amnistía Internacional: "Los militares prohibieron el uso de teléfonos móviles en el lugar para impedirnos grabar la escena del crimen y los cuerpos. Al llegar allí, observamos que los cadáveres de nuestros familiares degollados estaban apilados y en estado de descomposición. Sin embargo, algunas de nosotras reconocimos a nuestros familiares entre las víctimas. Había unos 22 cadáveres. A nuestro regreso, las mujeres comenzaron el duelo, ya que ahora todo el mundo sabe que los asesinaron los militares".
Sin desmentido del ejército maliense
Hasta la fecha, el ejército maliense no ha reconocido ni desmentido los hechos. En un comunicado del 16 de mayo, el Estado Mayor General del Ejército confirmó la visita del comandante del área de operaciones, los días 14 y 15 de mayo, "organizada a raíz de las denuncias de desapariciones de civiles el 12 de mayo". "El mando militar toma muy en serio las denuncias [...] la información preliminar que ha proporcionado la población local servirá para llevar a cabo la investigación de la gendarmería, lo que permitirá desmentir o confirmar estas alegaciones", declaró el Estado Mayor.
"Dada la gravedad de los hechos denunciados y los testimonios de las víctimas y sus familiares, instamos a las autoridades malienses a que lleven a cabo una investigación independiente, transparente y diligente. Es fundamental que esta investigación llegue hasta el final, es decir, que se celebre un juicio ante los tribunales competentes, para poner fin al ciclo de impunidad y hacer justicia a las víctimas", declaró Drissa Traoré, secretario general de la FIDH.
"Lamentamos que, tras el anuncio de la apertura de investigaciones, en general, no se facilite información sobre los resultados de las mismas ni se celebren juicios. Existen varios casos judiciales emblemáticos pendientes desde hace años. Esta vez, queremos creer que la rápida reacción de las autoridades militares es signo de la voluntad de hacer efectivo el derecho de la población maliense a la verdad, la justicia y la reparación", afirmó Marceau Sivieude, director regional interino de la oficina de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
Contexto
Diafarabe (círculo de Tenenku, región de Mopti) se encuentra en una zona donde la Katiba Macina, afiliada al Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM), es una organización activa que ejerce una fuerte influencia en los pueblos. El 27 de marzo de 2025, el GSIM reivindicó una emboscada contra una patrulla conjunta de las FAMa y milicianos dozos entre Diafarabe y Nouh Bozo. Según fuentes locales y humanitarias, la emboscada causó la muerte de 11 soldados, entre ellos un oficial, y de 30 milicianos dozos. Antes de las redadas del pasado 12 de mayo, se había detenido a varias personas de Diafarabe. La población de Diafarabe está preocupada por la suerte que hayan podido correr otras nueve personas detenidas entre el 6 y el 13 de abril de 2025. Según la FIDH y Amnistía Internacional, al menos cuatro de ellas también habrían sido ejecutadas y cinco se encontrarían detenidas en Segú. Al no tener "ninguna esperanza de volver a verlos", "sus esposas ya han comenzado a llorar su pérdida", según una persona de Diafarabe.
En el marco de la operación Dougoukoloko, iniciada el 25 de abril de 2025, un contingente de soldados de las FAMa llegó a Diafarabe el 10 de mayo para relevar a las tropas. Esta operación, dirigida por el jefe del Estado Mayor del Ejército, tiene por objetivo "restablecer el Estado de Malí en sus funciones soberanas en todo el territorio nacional", según el decreto por el que se establece. La zona central en la que se desarrolla esta operación, en cuya jurisdicción se produjo el incidente de Diafarabe y que abarca las regiones de Segú, San, Mopti, Bandiagara, Douentza, Tombuctú y Taoudeni, se reestructuró el 8 de mayo, en presencia del jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.