París, 7 de mayo de 2026. Desde los ataques perpetrados los días 25 y 26 de abril de 2026 en Malí, varias personas de la oposición política y/o críticas con el poder han sido secuestradas en circunstancias preocupantes. La FIDH condena estas desapariciones forzadas, la incitación pública a la violencia y el acoso contra las personas defensoras de los derechos humanos y toda forma de disidencia.
Entre el 2 y el 5 de mayo, varios hombres armados encapuchados, a bordo de vehículos sin identificación, secuestraron en Bamako a tres personalidades políticas: Mountaga Tall, abogado y figura histórica de la lucha democrática maliense, Moussa Djiré, conocido como Abba, presidente del movimiento Yiriba 223 y Youssouf Daba Diawara, antiguo responsable de la Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko (CMAS). Actualmente se desconoce su paradero y lo ocurrido.
Este modus operandi recuerda al atribuido a la Agence nationale de la sécurité d’État (ANSE), señalada anteriormente en relación con diversos casos de secuestro y desaparición forzada ocurridos desde 2021. Hasta el momento, las autoridades judiciales no han abierto ninguna investigación.
"Estas desapariciones forzadas significan una nueva etapa en la represión de las voces críticas en Malí. Las autoridades deben informar de inmediato de lo que ha ocurrido con las personas secuestradas, garantizar su seguridad e iniciar investigaciones independientes", declaró Drissa Traoré, secretario general de la FIDH. "Las autoridades malienses no pueden responder con secuestros, desapariciones forzadas y llamamientos al odio ante el empeoramiento de la crisis de seguridad. La lucha contra el yihadismo no justifica en absoluto la negación del estado de derecho".
La FIDH expresa su profunda preocupación ante la proliferación de discursos de odio y llamamientos a la violencia difundidos en las redes sociales por activistas cercanos a las autoridades militares. Personas defensoras de los derechos humanos en el exilio, periodistas y familiares objeto de amenazas de muerte, campañas de desprestigio y acoso. Incluso hay voces que instan a que se les prive de la ciudadanía.
Durante el funeral del general Sadio Camara, ministro de Defensa asesinado en los ataques del 25 de abril, Aboubacar Sidiki Fomba, miembro del Conseil national de transition (CNT), hizo un llamamiento público a "matar" y a "privar de su nacionalidad" a las personas críticas que residen en el extranjero. A pesar de un comunicado del fiscal contra la incitación al odio en línea, por el momento no se ha iniciado ningún proceso contra las personas responsables de estos mensajes. Estas violaciones se inscriben en un contexto de reducción continua y drástica del espacio cívico que se ha ido produciendo desde los golpes de Estado de 2020 y 2021. En mayo de 2025 se disolvieron los partidos políticos, lo que supone una clara vulneración de la Constitución maliense.
Los ataques del 25 y 26 de abril, reivindicados sobre todo por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin-JNIM) y el Front de libération de l’Azawad (FLA), causaron la muerte de numerosas personas civiles y de mandos militares. Una vez más, la FIDH condena estos abusos, así como las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por los grupos mencionados anteriormente. La FIDH condena asimismo los ataques perpetrados por presuntos miembros del JNIM contra la población civil en las aldeas de Kori-kori y Gomossogou, en la región de Bandiagara, el 6 pasado de mayo. La FIDH reitera su llamamiento a todas las partes en conflicto para que respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Insta a la comunidad internacional a redoblar su esfuerzo para buscar soluciones duraderas a la crisis de seguridad y política que se está produciendo actualmente en el Sahel, con el fin de preservar los derechos humanos y proteger a la población civil atrapada en la violencia de los grupos armados y las fuerzas armadas malienses.
La FIDH insta a las autoridades malienses a poner fin de inmediato a las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y los actos de intimidación dirigidos contra las voces disidentes. Solicita asimismo que se abran investigaciones imparciales sobre las incitaciones públicas a la violencia y las amenazas de muerte difundidas en Internet.