20 de abril de 2026. Trial International, la Union panafricaine des avocats (Palu) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) han presentado ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) una demanda por graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra la población civil en Malí en 2022 por las Fuerzas Armadas de Malí (FAMa) y el grupo Wagner (que actualmente continúa operando en la región con el nombre de "Africa Corps").
El objeto de esta demanda es establecer la responsabilidad de Malí, tanto por los abusos cometidos en su territorio como por no haber prevenido estas violaciones, protegido a la población civil, investigado, enjuiciado y sancionado a los/las responsables, ni garantizado la reparación a las víctimas. A partir de la documentación proporcionada por el Berkeley Human Rights Center y por Inpact-All Eyes on Wagner, esta demanda se ha interpuesto al día siguiente del aniversario de la masacre de Hombori y menos de un mes después de la masacre de Moura, ambas ocurridas en el centro de Malí. Durante estas operaciones murieron más de 500 civiles, supuestamente a manos de las FAMa y el grupo Wagner, que además torturaron, detuvieron arbitrariamente, violaron o sometieron a desaparición forzada a otras personas.
Al llevar el caso ante la CADHP, Trial International, Palu y la FIDH recurren a la máxima instancia judicial africana en materia de derechos humanos. Este caso constituye el primer intento conocido de exigir la responsabilidad de un Estado ante la CADHP por haber acogido y contratado a militares y cuerpos de seguridad privados. También es la primera vez que se recurre a la Corte para examinar denuncias que implican tanto a las fuerzas armadas de un Estado como a actores militares y de seguridad privados, lo que podría sentar un importante precedente en la jurisprudencia regional e internacional en materia de derechos humanos.
Esta demanda pone de relieve una realidad más amplia: el apoyo de Malí a PMSA no es solo una cuestión nacional, sino que existen partes como el grupo Wagner que operan a través de redes transnacionales, caracterizadas por estructuras fluidas, desplazamientos transfronterizos y cadenas de suministro opacas. El hecho de acogerlos y prestarles apoyo ha contribuido, y es probable que siga contribuyendo, a facilitar sus operaciones en la región y más allá, lo que da lugar a una multiplicación de las violaciones graves.
"En una época en la que la violencia se produce cada vez debido a la intervención de actores que operan de forma transfronteriza, los mecanismos africanos de rendición de cuentas tienen un papel crucial que desempeñar", declararon las tres organizaciones. "Este caso tiene por objeto garantizar que los derechos consagrados en la Carta Africana mantengan toda su vigencia alcance ante la evolución de las formas de abuso."
En la demanda se solicita a la Corte que confirme que los Estados siguen estando sujetos a sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluso cuando se cometen violaciones en las que intervienen actores extranjeros o transnacionales que operan en su territorio.
Las graves violaciones cometidas contra la población civil en Malí siguen quedando en gran medida impunes, mientras que los procedimientos judiciales nacionales se encuentran prácticamente estancados. La CADHP podría representar una de las pocas vías que quedan para obtener justicia, especialmente tras la reciente retirada de Malí de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).