“"Los responsables de cualquier crimen internacional –incluida la destrucción de la propiedad cultural– deberían rendir cuentas. Acogemos con satisfacción el inicio de este juicio, así como la información de que Al Mahdi que se declarará culpable, lo que esperamos contribuya al esclarecimiento de los hechos y facilite el proceso de justicia en Malí,"
Se cree que fue el jefe de Hisba, la brigada islámica de la moral vinculada al grupo armado Ansar Dine, un movimiento principalmente tuareg asociado con otras milicias activas en Malí, quienes conjuntamente dirigieron la ocupación de la zona norte del país en 2012. Al Mahdi está acusado de perpetrar y facilitar la destrucción de nueve mausoleos y una mezquita en la región de Tombuctú. Estos edificios, de gran relevancia histórica y cultural, fueron totalmente destruidos o gravemente dañados como resultado de los ataques.
[WATCH] Vice Secretary General of AMDH, FIDH member organisation in #Mali, talks about the #AlMahdi trial at the ICC pic.twitter.com/yi6ZdkyRX8
— FIDH (@fidh_en) 23 août 2016
| P&R: El caso Al Mahdi en la CPI |
Al Mahdi sería la primera persona que admite haber cometido crímenes de guerra ante la CPI, así como el primer sospechoso que comparece en relación con la situación en Malí. Por ello, se estima que el juicio durará únicamente una semana. Asimismo, a muchas de las víctimas se les ha garantizado el derecho a participar en el juicio, considerando que han sufrido un perjuicio material y moral por la destrucción de los mausoleos y la mezquita. La decisión de reconocer el daño, más allá del aspecto puramente material, es un paso muy importante para comprender todo el impacto de los crímenes internacionales sobre las personas, las comunidades y las sociedades.
“"Valoramos la importancia que tiene perseguir ante la justicia la destrucción del patrimonio cultural, pero lamentamos profundamente que las acusaciones contra Al Mahdi no se hayan ampliado para que incluyan delitos contra la población civil, entre otros, delitos sexuales y basados en cuestiones de género, a cuyas víctimas también, con mucha frecuencia, se ignora durante los procesos de rendición de cuentas. Instamos a la Fiscalía de la CPI a que investigue todos los crímenes internacionales cometidos en Malí y lleve ante la justicia a quienes, al parecer, son los principales responsables, mientras sigue atentamente los procesos judiciales nacionales en curso,"
Según la información obtenida por la FIDH y sus organizaciones miembros y colaboradoras desde 2012, miembros de la policía islámica, en particular su unidad responsable de velar por la moral pública y prevenir el vicio, la Hisba, han perpetrado algunos de los crímenes internacionales más graves, entre otros, tortura, crímenes contra la humanidad y delitos de violencia sexual. En marzo de 2015, nuestras organizaciones presentaron una querella criminal en nombre de 33 víctimas de Tombuctú ante los tribunales de Bamako, contra Al Mahdi y otras catorce personas más, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluidos delitos sexuales y basados en cuestiones de género, como violación y esclavitud sexual.
| Antecedentes En enero de 2012, Malí se enfrentó a una rebelión armada tuareg en la zona norte del país. El Movimiento de Liberación Nacional de Azawad (MNLA) lanzó rápidamente una ofensiva, a la que rápidamente se unieron grupos islámicos presentes en la franja de Sahel (Ansar Dine, Al Qaeda en el Maghreb Islámico (AQIM), el Movimiento para la Unidad Yihad en África Occidental (MUJAO) y Boko Haram). Los enfrentamientos dieron lugar a flagrantes vulneraciones del derecho internacional humanitario. Las principales ciudades del norte cayeron en manos de grupos armados desde principios de abril 2012 hasta enero 2013, cuando intervinieron tropas francesas y malienses. Malí ratificó el Estatuto de la CPI el 16 de agosto de 2000 y presentó el caso ante la Fiscalía de la CPI el 13 de julio 2012. El 16 de enero de 2013, la Fiscalía inició oficialmente una investigación sobre los posibles delitos cometidos bajo su competencia en Malí. El 13 de febrero de 2013, el Gobierno de Malí y la CPI firmaron un acuerdo de cooperación, de conformidad con la parte IX del Estatuto de Roma. La Sala de Cuestiones Preliminares dictó la primera orden de detención en relación a la situación de Malí, contra Al Mahdi, el 18 de septiembre de 2015. Una semana más tarde, Al Mahdi, que se encontraba detenido por las autoridades de Níger, fue trasladado a la CPI. El 24 de marzo de 2016, la CPI confirmó los cargos contra Al Mahdi por crímenes de guerra, al dirigir intencionalmente ataques contra edificios religiosos e históricos en Tombuctú, como miembro del grupo extremista armado Ansar Dine, asociado con Al Qaeda. Es sospechoso de la destrucción de diez edificios históricos, entre otros, varios mausoleos y una mezquita. Toda la ciudad de Tombuctú está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Según nuestras investigaciones, llevadas a cabo en enero y febrero de 2015, Ahmad Al Mahdi Al Faqi alias Abu Tourab, natural de la región de Tombuctú, era jefe de la Hisba (brigada islámica de la moral), y uno de los cuatro comandantes de Ansar Dine, responsable de la brutal dominación por parte de grupos armados islamistas en Tombuctú. A la cabeza de la Hisba, también autorizó las medidas del "Centro para la aplicación de las conductas adecuadas y prohibición de las censurables" (Centre d’application du convenable et de l’interdiction du blâmable). Los integrantes de este grupo persiguieron a las mujeres, encarcelándolas y sometiéndolas a matrimonios forzados. Al Mahdi también autorizó violaciones y actos de esclavitud sexual, directamente y a través de sus subordinados. Las pruebas que hemos recogido también demuestran su dirección y participación en la destrucción de los mausoleos santos y de diverso patrimonio cultural islámico de gran valor. Después de dirigir la Hisba en Tombuctú, presuntamente abandonó la lucha contra las fuerzas armadas francesas y de Malí en Konna, en enero 2013, antes de retirarse a la zona norte de Malí y cruzar a Níger, donde fue detenido por fuerzas francesas y entregado a las autoridades nigerinas, y posteriormente trasladado a la CPI, en septiembre de 2015. |