Entre el 18 y el 19 de junio de 2022, se produjo un ataque contra varias aldeas de la zona de Bankass, en la región de Bandiagara (centro del país), que causó más de 132 víctimas civiles, según los datos oficiales publicados por las autoridades malienses en un comunicado del 20 de junio de 2022. La FIDH, la AMDH y ASFC condenan enérgicamente las graves violaciones de los derechos humanos que, una vez más, hacen de la población maliense la principal víctima del conflicto armado que asola el país desde 2012. Las autoridades malienses han atribuido estas violaciones de derechos a los combatientes de la Macina Katiba de Amadou Kouffa, miembro del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM), vinculado a Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y han indicado que ya han identificado a varios de sus presuntos autores.
"La población civil, atrapada en el conflicto entre grupos terroristas armados, grupos armados no estatales y las fuerzas armadas malienses, continúa sufriendo los peores abusos. La masacre de Bankass es un episodio más de este ciclo de violencia e impunidad que está destruyendo la confianza y la cohesión del pueblo de Malí. Acogemos con satisfacción el anuncio de la MINUSMA [1] de que se va a realizar una investigación sobre las circunstancias precisas en que se produjeron estos ataques. Además, es fundamental que las autoridades malienses lleven a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial para establecer los hechos, determinar las responsabilidades y hacer justicia a las víctimas y sus familias."
Represalias selectivas
Las organizaciones pudieron recoger varios testimonios de las familias de las víctimas. El ataque habría comenzado la tarde del sábado 18 de junio de 2022 en las poblaciones de Diallasagou, Diamweli y Deguessagou. Los relatos mencionan secuestros y ejecuciones sumarias: los atacantes rodearon a los hombres de las aldeas, los sacaron de ellas y los ejecutaron. Incendiaron las viviendas y robaron el ganado y los bienes de la población.
B. E., que vive en Diallassagou, contó lo siguiente: "El incidente comenzó alrededor de las 4 de la tarde. Los asaltantes llegaron en más de 100 motos (dos personas por moto); rodearon el pueblo de Diallassagou y fueron casa por casa buscando a los hombres. Detuvieron a unos 50 hombres, los ataron y los llevaron a unos 2 km del pueblo para ejecutarlos. A continuación, robaron y quemaron las tiendas y se llevaron dinero y otros bienes. Después, algunos se dirigieron a Diamweli y Deguessagou. En total, mataron a 132 personas, todos hombres, de los cuales 67 eran de Diallassagou, 56 de Diamweli y 9 de Deguessagou.
Según otras personas que fueron testigos presenciales, los asaltantes buscaban a gente que supuestamente había "colaborado" con las fuerzas de defensa y seguridad malienses.
I. D. también vive en Diallassagou y contó que: "entraron en la casa de M. Su mujer les había rogado que le perdonaran la vida porque estaba enfermo, pero le respondieron que no, que venían a vengarse y le dijeron: ‘fueron sus hombres los que llamaron a la gendarmería’ [en referencia a las denuncias que se habían producido tras la operación antiterrorista ’Maliko’ realizada por las FAMa el 24 de mayo de 2022 en Diallassagou y Diamweli en la que, según el ejército, se habría ’neutralizado a 12 terroristas’]. Los atacantes permanecieron en el pueblo hasta el amanecer. Los soldados llegaron después del amanecer".
Estas graves violaciones de los derechos humanos, perpetradas principalmente contra varones, habrían sido cometidas por los denominados grupos armados extremistas en represalia por las operaciones militares de las Fuerzas Armadas de Malí (FAMa). Este método de castigo colectivo se ha producido en una zona en la que, en febrero de 2021 se firmaron acuerdos locales entre la población y los denominados grupos armados extremistas en los que se llegó a un compromiso de "no agresión" por parte de estos grupos a cambio de que la población no los denunciase a las autoridades. La FIDH, la AMDH y ASFC recuerdan que estas violaciones, cometidas por las partes del conflicto, constituyen crímenes de guerra. El derecho internacional humanitario prohíbe formalmente todo ataque contra la población civil.
El fracaso de un modelo centrado en la seguridad
La FIDH, la AMDH y ASFC manifiestan su grave preocupación por el resurgimiento de los ataques contra la población civil en el marco del conflicto armado.
El gobierno de transición afirmó que "la seguridad y la protección de las personas y sus bienes continúan siendo su prioridad absoluta" y envió una delegación ministerial a la zona el 21 de junio de 2022, con el apoyo de la MINUSMA. Los sucesos de Bankass se han producido en el marco de una escalada de la violencia, marcado, por una parte, por el recrudecimiento de los atentados cometidos por los grupos terroristas y, por otra, por la aceleración de las operaciones militares de lucha contra el terrorismo.
A pesar de los reiterados compromisos del Estado maliense, sigue sin haber justicia para las graves violaciones que sufre la población civil. La Corte Penal Internacional ha abierto una investigación sobre los crímenes cometidos en Malí y podría intervenir si las autoridades nacionales no cumplen con su obligación de investigar y juzgar los hechos.
"El respeto del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación no pueden estar subordinados a un imperativo de seguridad. Las autoridades de transición deben dar prioridad a poner fin al ciclo de la violencia y garantizar el retorno a una paz duradera. Esto solo puede lograrse si las investigaciones conducen al enjuiciamiento y la condena de los autores, y a lograr una reparación para las víctimas, algo que todavía ocurre en demasiadas raras ocasiones."
En su informe de junio de 2022, la Coalición Ciudadana para el Sahel informó de que se asesinaba a una media de ocho personas civiles al día en el Sahel entre abril de 2021 y marzo de 2022. Estos ataques se atribuyen a los denominados grupos armados extremistas, así como también a los grupos de autodefensa, o a las fuerzas de seguridad y defensa y sus socios internacionales. En el caso de Malí, durante este periodo el número de civiles que han muerto en ataques atribuidos a los denominados grupos armados extremistas ha aumentado un 133%.
"Resolver el conflicto y la crisis de Malí, que dura ya una década, exige una respuesta política global que sitúe las demandas y la seguridad de la población civil en el centro de las estrategias de acción nacionales e internacionales. Más allá de las numerosas y amplias operaciones militares, las autoridades malienses, junto con sus socios internacionales, deben tomar medidas concretas para responder a la urgente necesidad de proteger a la población civil, luchar contra la impunidad, mejorar la gobernanza y proporcionar ayuda humanitaria",
La FIDH, ASFC y la AMDH reiteran su llamado a las autoridades de transición para que protejan la población civil, ante la escalada de violencia que está sufriendo y que la convierte en la principal víctima de este conflicto que dura ya diez años.