El 13 y 14 de febrero de 2014, cuatro altos responsables de la antigua junta militar fueron imputados por "complicidad en asesinato" por su presunta responsabilidad en la muerte de 21 boinas rojas abril de 2012. Corren así la misma suerte que otros 17 militares imputados en noviembre de 2012 en esta misma causa.
La FIDH y su organización miembro, la AMDH, se constituyeron como partes civiles junto a las 21 familias de las víctimas. Tras la exhumación de 21 cuerpos, el 3 de diciembre de 2013, la FIDH y la AMDH interpusieron ante el juez de instrucción una solicitud de cambio en los cargos que se les imputaban, de modo que para que pasasen a ser acusados de "asesinato y homicidio".
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