Los derechos humanos en el contexto de la COVID-19

La FIDH es una red de 192 organizaciones de derechos humanos de 112 países.
Esta declaración política contextualiza y analiza las amenazas que la pandemia mundial de la COVID-19 supone para los derechos humanos, y sitúa a la FIDH en el diálogo mundial sobre las cuestiones actuales específicas de derechos humanos:
La declaración se divide en cinco partes. En las partes 1 a 3 se esbozan los factores políticos y económicos que precedieron a la pandemia y cuyas repercusiones han puesto de manifiesto la incapacidad de los Estados para hacer frente a la pobreza y la desigualdad en sus sociedades. En las secciones 4 y 5 se reafirman los valores mundiales de la Federación y su razón de ser.

1. Desde principios del siglo XX y, sobre todo desde los años 70 y 80, la promulgación de una política neoliberal ha determinado las políticas monetarias internacionales en organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, y ha influido en muchos organismos del sistema de las Naciones Unidas y del sistema intergubernamental, entre otras, la Organización Mundial de la Salud.

Esta política ha repercutido y ha calado en las políticas de muchos gobiernos del Norte y del Sur, y ha acentuado las divisiones de clase en unas sociedades en las que ya existían profundas desigualdades. Como consecuencia de ello, los Estados no han logrado cumplir con sus deberes y responsabilidades cívicas. En países con constituciones y sistemas jurídicos democráticos, los gobiernos elegidos, independientemente de su filiación política, han estado principalmente al servicio del mercado y los intereses privados, lo que ha generado desigualdades sociales en el seno de los propios países, así como en los países no democráticos.

Debido a la creciente interconexión, la globalización tiene repercusiones más allá de las fronteras nacionales. Los Estados no han cumplido o, en el mejor de los casos, se les ha impedido cumplir, con su mandato democrático de garantizar los derechos y la protección a su ciudadanía según establecen las normas y las leyes internacionales en materia de derechos humanos. De hecho, varios Estados han impuesto a su ciudadanía represivas leyes draconianas en virtud de las cuales la vigilancia estrecha y la detención arbitraria corren el riesgo de convertirse en norma.

2. El sistema y las estructuras neoliberales han tenido consecuencias directas, tal como se ha observado, en la falta de reacción adecuada a la COVID-19 y en su transformación en una pandemia mundial, así como en la naturaleza discriminatoria y autoritaria de las respuestas a esta crisis:

a). A pesar de las advertencias de personas expertas en epidemiología, entre otras, los Estados no estaban preparados para lidiar con la crisis de la COVID-19, al igual que anteriormente demostraron no ser capaces de enfrentar otras crisis de salud (malaria, SIDA, Ébola) ni las principales catástrofes a largo plazo, como el cambio climático. Los sistemas y políticas de salud pública han colapsado prácticamente en todo el mundo, incluso en los países más desarrollados.
Los programas de ajuste estructural y las políticas económicas neoliberales han modificado profundamente el paradigma de la gobernanza pública para apoyar los intereses del mercado y las restricciones presupuestarias públicas que exigen las instituciones financieras internacionales (IFI), a expensas del derecho de las personas a la vida, la salud, la alimentación y otros derechos básicos. La salud pública se ha convertido en un producto en vez de ser considerado un bien público, con políticas que actualmente se miden en número de muertes e infecciones.

b). Cuando se aprobaron cambios políticos de gran alcance y enormes paquetes de ayuda financiera para mitigar el impacto económico de la crisis, a menudo se favorecieron los intereses de las empresas y personas con mayores ingresos, al tiempo que se desatendieron las necesidades fundamentales de las clases medias, así como de las personas más vulnerables de la sociedad. De hecho, según un informe publicado por el Institute for Policy Studies, "durante las 11 semanas posteriores al 18 de marzo, cuando comenzó el confinamiento en EE.UU., la riqueza de las personas más ricas del país aumentó en más de 565 000 millones de dólares, mientras 42,6 millones de trabajadores y trabajadoras solicitaron el subsidio de desempleo, según el informe"
Todo ello, mientras las mujeres, las personas sin hogar, los niños y niñas de la calle o trabajadores, las trabajadoras y trabajadores informales o precarios, las personas sin acceso a Internet, migrantes, refugiadas, apátridas, romaníes, gitanas, sinti, nómadas, dalits, indígenas y de las Primeras Naciones, las personas LGBTI, quienes viven en zonas de guerra y conflicto, las personas que se encuentran detenidas, con una discapacidad física o psíquica y quienes viven en residencias de ancianos, se vieron desproporcionadamente afectadas por la crisis y, a menudo, han quedado al margen de las respuestas de los gobiernos.

Así pues, esta crisis sanitaria mundial ha puesto de relieve lo que la FIDH viene denunciando desde su creación: las crecientes desigualdades en nuestras sociedades, el racismo, la discriminación y la violencia sistémicos e institucionales arraigados en las políticas socioeconómicas que están concebidas para servir a una minoría y no a la mayoría. El antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza, Philip Alston, condenó la "filosofía del darwinismo social que da prioridad a los intereses económicos de las personas más ricas, mientras que hace muy poco por aquellas que trabajan mucho para proporcionar servicios esenciales o que no pueden mantenerse a sí mismas".2

c). En el mismo contexto, impulsados por una oleada general de inquietud, muchos países de todo el mundo han utilizado esta crisis para ampliar su poder y se han dedicado a recortar agresivamente los derechos fundamentales y las libertades individuales de su ciudadanía. Lo que está ocurriendo actualmente nos recuerda el modo en que el Gobierno de los EE.UU. y sus aliados de Europa y otros lugares respondieron a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 iniciando una guerra, a partir de una premisa basada en la mentira y la codicia.

Lejos de frenar la amenaza del terrorismo, los Estados han amordazado a las sociedades libres y abiertas y han suprimido aún más el derecho a la autodeterminación. Asimismo, durante la crisis de la COVID-19, bajo una apariencia de legislación de emergencia, muchos Estados han promulgado leyes sobre ciudadanía y antiterrorismo que refuerzan su poder autoritario, en lugar de centrarse en contener la propagación del virus. Se ha llegado incluso a poner en libertad a delincuentes convictos en lugar de miembros de la oposición política y personas defensoras de los derechos humanos. Estas medidas han ido acompañadas de herramientas de vigilancia específicas, un verdadero maná para los regímenes autoritarios que pretenden controlar a la disidencia y acabar con ella.

d). Muchos gobiernos de todo el mundo han utilizado la crisis beneficiándose de la atención mediática que suscita y aprovechar esa oportunidad para reforzar y aumentar sin ningún reparo las violaciones de los derechos humanos. Así, las organizaciones miembros de la FIDH han denunciado la aceleración de la apropiación ilegal de tierras, en particular en las zonas naturales protegidas, la colonización, la ocupación extranjera, las intervenciones militares ilegales, la legislación anti LGBTI, la reducción de los derechos sexuales y reproductivos, el apoyo a movimientos extremistas no estatales violentos como los talibanes, Dáesh, Boko Haram, RSS, el Movimiento 969, los grupos neonazis, el Ku-Klux-Klan y otros movimientos de supremacía blanca. Nuestras organizaciones miembros también denuncian el hecho de que varios gobiernos están retirando su apoyo a la Corte Penal Internacional, el último recurso a la justicia internacional para los perpetradores de crímenes graves.

3.  Sin embargo, al tiempo que se desarrolla esta crisis, las protestas populares y los movimientos sociales se intensifican, liberando la ira subyacente y las demandas de justicia e igualdad. Antes de la aplicación de las medidas de aislamiento y desde los primeros días en que se levantaron las restricciones del confinamiento en los hogares, personas jóvenes y menos jóvenes han tomado las calles de todo el mundo para manifestarse por una sociedad más justa y equitativa, contra la corrupción y el poder autoritario, contra las políticas neoliberales de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y el sistema bancario mundial, a favor de una moratoria y una reducción de la deuda y en apoyo de un ingreso básico universal.

Han utilizado los medios de comunicación y las redes sociales para denunciar la misoginia, la violencia contra las mujeres y las niñas y el feminicidio, el ecocidio, el militarismo y, más recientemente, para denunciar el racismo institucionalizado y sistémico, la violencia del Estado ejercida a través de la brutalidad policial contra las personas negras, el encarcelamiento masivo y la xenofobia, incluida la islamofobia y el antisemitismo. Estas manifestaciones populares son una inspiración para nuestro movimiento y encarnan la esperanza de que el cambio llegará.

4. Como personas defensoras de los derechos humanos, nuestro principal desafío es recuperar los fundamentos socioeconómicos, culturales y políticos de la vida, los medios de subsistencia y la libertad. Nuestra dignidad como seres humanos y nuestro derecho a proteger a nuestras respectivas comunidades de todos los poderes depredadores y coercitivos deben ser elementos esenciales de todas las políticas del Estado. Desde 1922, cuando se creó la FIDH, la defensa de los derechos humanos ha exigido que la defensa de los derechos y libertades individuales esté estrechamente vinculada a los valores y conceptos democráticos, a saber: la universalidad de los derechos, la dignidad y la defensa de todos los derechos de todas las personas en todas partes. El mundo debe poner fin de inmediato a todas las formas de discriminación, racismo, estigmatización, misoginia y violencia contra las mujeres y las niñas.

5. Por último, impulsados por nuestros valores de libertad, solidaridad, justicia e igualdad, el objetivo central de la FIDH es unir a quienes luchan por un mundo justo y equitativo. Nuestras organizaciones miembros están presentes sobre el terreno a escala nacional y regional, trabajando conjuntamente para poner de manifiesto las violaciones existentes, exigir a sus autores que rindan cuentas y promover el cambio social. Para las personas que sufren represión y violación de sus derechos, somos el testigo indignado que desafía la impunidad; para las personas defensoras de los derechos humanos somos el sistema de apoyo que promueve con decisión el cambio; para los gobiernos y los y las líderes políticos somos la fuente experta de hechos y pruebas, y para los perpetradores somos el temido guardián que exige la rendición de cuentas.

En el contexto de la pandemia y ante la constante opresión que sufren las personas defensoras de los derechos humanos, nosotros, los miembros del Buró Internacional de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), nos unimos para definir y defender nuestro propósito común de luchar por un mundo en el que prevalezca el imperio de la ley y se elimine la discriminación en todas sus formas.

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