Hoy, en una conferencia titulada “Mujeres líderes: hacia un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19” organizada por el Grupo de Trabajo sobre Género del condado, en el que participan las autoridades locales y la sociedad civil, que se celebró en Kisumu, en el oeste de Kenya, la FIDH y su organización miembro en Kenya, la KHRC, presentan el resultado de sus investigaciones sobre la violencia sexual cometida en el marco de las elecciones presidenciales de Kenya de 2017. Desde 2018, nuestras organizaciones han entrevistado y seguido la situación de un total de 51 mujeres supervivientes y miembros de sus familias en los condados de Vihiga, Migori y Kisumu. Se entrevistó asimismo a otras partes interesadas a efectos de esta labor de documentación, a saber, autoridades locales y nacionales, organizaciones de la sociedad civil y ONG internacionales.
A partir de estas investigaciones, la FIDH y la KHRC documentaron diversas formas de violencia relacionada con las elecciones, incluida la violencia sexual, en forma de violaciones, intentos de violación, violaciones en grupo y agresiones sexuales cometidas principalmente por agentes del Estado en estos condados, considerados bastiones de la oposición.
"Antes de que me diera cuenta, me habían robado. Otro policía se acercó y me violó. Mis hijas, que se habían escapado, comenzaron a gritar: ¡están violando a nuestra madre! Los conductores de bodaboda acudieron a ayudarnos y comenzaron a tirar piedras al tejado. Los policías tuvieron miedo y huyeron. Pero, antes de irse nos violaron a las cuatro (a dos de mis empleadas, a una señora de edad avanzada y a mí)."
Este seguimiento de las víctimas y sus familias que nuestras organizaciones han realizado tras las elecciones también ha ayudado a constatar las graves consecuencias a largo plazo de tipo físico, social, económico y político. Por otra parte, la repetición de estas violaciones y la impunidad de la que gozan la mayoría de sus autores han agravado la desconfianza de parte de la población hacia los actores políticos y las autoridades nacionales, como muestra la siguiente declaración de una superviviente:
"A veces me pregunto por qué, cuando llega el momento de votar, las mujeres sufren. En 1997, yo era joven. A la hora de votar, la gente se peleó. En 2007, 2013, 2017. ¿Por qué debemos seguir votando? No hay necesidad de hacerlo. ¿Por qué sufre la gente de a pie, por qué no sufre la gente poderosa, quienes hacen que las personas se peleen y después huyen? ¿Qué valor tiene para la gente seguir votando? Y si lo tiene, ¿por qué debe pelearse la gente? Pierden su vida sin motivo solo porque alguien quiere un puesto. Para mí, votar en Kenya no tiene valor."
Las conclusiones indican claramente que las medidas adoptadas por el Estado a escala local y nacional para prevenir y responder a la violencia sexual durante la época electoral fueron insuficientes. Las autoridades kenianas incumplieron su obligación de prevenir, proteger, investigar, perseguir y ofrecer una reparación significativa a las víctimas de los delitos sexuales cometidos durante las elecciones de 2017.
Esta falta de cumplimiento de la obligación de llevar a cabo investigaciones y procesos judiciales independientes y efectivos con respecto a la violencia sexual y de género (VSG) se reconoció recientemente en una muy esperada resolución judicial en Kenya, relacionada con una demanda presentada en 2013 sobre actos de violencia sexual cometidos durante las elecciones de 2007 y el periodo posterior. A consecuencia de este incumplimiento de sus obligaciones por parte del Estado, varias de las víctimas que se habían sumado a la causa como codemandantes recibieron, cada una, cuatro millones de chelines kenianos (aproximadamente 36.000 dólares) en concepto de daños y perjuicios en general. Nuestras organizaciones acogieron con satisfacción esta resolución, pero recuerdan que todavía siguen existiendo graves lagunas en la lucha contra la impunidad en relación con la violencia sexual cometida en el contexto electoral en Kenya.
A tan solo un año de las próximas elecciones en Kenya, y teniendo en cuenta el historial de violencia, incluida la violencia sexual, que se viene produciendo en el marco de las elecciones nacionales desde los años 90, es urgente que, por fin, las autoridades locales y nacionales respondan adecuadamente a las demandas de justicia de las supervivientes de violencia sexual, y que establezcan asimismo medidas específicas para luchar contra su repetición en el periodo previo a las elecciones generales.
"¿Qué harán para que las elecciones de 2022 sean diferentes? Han visto que se trata de un problema recurrente, ya pasó en 2007, 2013 y 2017. ¿Qué medidas tomará el Gobierno? La mayoría de quienes votan son mujeres, y son ellas quienes sufren. Quiero justicia y una indemnización."
Nuestras organizaciones pretenden continuar su acción conjunta en favor de la prevención y la lucha contra la impunidad de la violencia sexual, en particular pidiendo a las autoridades y a los actores políticos que sitúen estas cuestiones en el centro del debate durante el próximo periodo electoral, y haciendo oír la voz de las supervivientes sobre las consecuencias y el impacto de estas violaciones en sus vidas y en el conjunto de la sociedad. Instamos a las autoridades nacionales y locales a que rindan cuentas y ofrezcan prevención, protección y una respuesta adecuada a la violencia sexual. En breve se publicará un informe más detallado sobre estas conclusiones y las recomendaciones de nuestras organizaciones.
El evento está disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=PzMZdrEhc04