París, Bruselas, 29 de julio de 2025. En el norte de Kenia, el paisaje fantasmagórico del condado de Isiolo atrae a turistas que sienten fascinación por la fauna salvaje de la sabana, así como también a inversiones "verdes" de grandes empresas en busca de respetabilidad climática. Sin embargo, las comunidades locales, que viven desde tiempos inmemoriales de sus actividades de pastoreo, son objeto de violaciones de sus derechos humanos graves, persistentes y preocupantes. Así lo revela un informe de la FIDH y ASF (disponible en inglés).
Basándose en un análisis documental y un trabajo de campo exhaustivo, el informe pone de relieve una preocupante tendencia: las iniciativas de conservación se multiplican, mientras las comunidades cuyas tierras y medios de subsistencia se ven más afectados por su desarrollo siguen sin tener acceso a la justicia. Muchas comunidades de las zonas protegidas de Isiolo, en su mayoría gestionadas por el Northern Rangelands Trust, no tienen acceso a un recurso efectivo.
Acoso sistemático
Los miembros de la comunidad de Isiolo denuncian acoso sistemático por parte de las fuerzas de seguridad, restricciones al acceso a la tierra e incluso secuestros y ejecuciones extrajudiciales. Las personas defensoras de los derechos humanos y líderes de la comunidad sufren crecientes ataques y persecuciones judiciales abusivas, en particular mediante procedimientos intimidatorios por haber denunciado la situación. Se bloquea sistemáticamente cualquier intento de obtener reparaciones, mediante obstáculos procesales y prácticos.
"Las medidas de mitigación del cambio climático y protección de la biodiversidad no pueden llevarse a cabo en detrimento de los derechos humanos", ha declarado Gaëlle Dusepulchre, directora adjunta de la oficina de Empresas, Derechos Humanos y Medio Ambiente de la FIDH. "Este estudio muestra que la violencia y la intimidación son el pan de cada día de quienes denuncian las violaciones cometidas en el marco de estos proyectos. Todos los agentes implicados, como el Estado, quienes explotan las reservas, inversionistas y donantes, deben velar por el estricto respeto de las normas en materia de derechos humanos y transparencia, y garantizar la participación efectiva y el acceso a la justicia de las comunidades locales".
El NRT es la organización que agrupa a 45 reservas naturales de Kenya. Cuenta asimismo con el apoyo de fondos de cooperación pública como la Unión Europea, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y las agencias de desarrollo de Francia, Italia y Suecia.
El pasado mes de enero, el Tribunal Superior de Kenya dictaminó que el NRT debía cesar sus actividades en dos zonas de conservación consideradas ilegales, ya que se habían creado sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.
Aunque las zonas de conservación se presentan como un medio para proteger los ecosistemas y la subsistencia de las comunidades, el NRT gestiona la gobernanza de la tierra y los ingresos como si se tratase de una empresa privada. Este estudio corrobora las numerosas formas en que la gestión de las reservas es contraria a los principios de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos.
El elemento fundamental de esta crisis es la falta de registro oficial de las tierras en virtud de la ley keniana sobre las tierras comunitarias. Este vacío legal da lugar a un peligroso desequilibrio de poder, ya que se excluye a las comunidades de las decisiones sobre sus tierras ancestrales y se las priva de los beneficios derivados de los ingresos que genera la conservación.
"En Isiolo, las comunidades no consideran que el modelo de conservación sea un espacio de protección o desarrollo, sino una fuerza de dominación que sustituye a la autoridad del Estado y controla su tierra y su vida. Muchas de ellas manifiestan un profundo sentimiento de impotencia, ya que no cuentan con una vía clara y accesible para garantizar sus derechos, lo que les priva de cualquier medio para tomar decisiones sobre su futuro. La decisión del Tribunal Superior constituye un reconocimiento histórico de estos abusos y una señal de alarma dirigida a donantes e inversionistas, que ahora tienen que integrar la rendición de cuentas y la diligencia debida en su labor de conservación y registro de tierras", declaró Grazia Scocca, asesora jurídica y política de ASF sobre empresas y derechos humanos.