Kenia: gobierno debe velar por que las elecciones 2022 estén libres de violencia sexual y de género

Simon MAINA / AFP

París – Nairobi, 5 de agosto de 2022. A solo cuatro días de la celebración de las elecciones generales de Kenya, previstas para el 9 de agosto, la contienda presidencial entre los dos principales candidatos a la presidencia supone un alto riesgo para los derechos humanos. En esta recta final, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión de Derechos Humanos de Kenya (KHRC) piden a la Comisión Electoral Independiente y de Límites (IEBC) que se prepare para velar por el desarrollo de un proceso electoral creíble. Es necesario que todos los socios internacionales y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) supervisen la situación para que la población keniana no sufra otro episodio de violencia postelectoral.

“Ahead of next week’s election, the government of Kenya must send a clear message and do everything in its power to prevent the recurrence of such violence.”

Sheila Muwanga, FIDH vice-president

A pesar de los avisos tempranos sobre la posibilidad de que se produzca una crisis electoral y de las continuas promesas del gobierno de que abordará la violencia sexual y de género relacionada con las elecciones, el periodo previo a los comicios del 9 de agosto se ha visto empañado por actos de violencia contra las mujeres. Se han registrado varias violaciones durante el periodo de campaña, entre ellas cuatro casos que se produjeron tras el fallido mitin de Jacaranda del 19 de junio de 2022.

Además, las mujeres políticas también han sido objeto de un lenguaje machista y agresivo, de violencia de género, estereotipos de género, abusos en línea por razón de género y acoso sexual, entre otras, insinuaciones sexuales cuando procuraban obtener certificados del partido para competir por los puestos de liderazgo. Estas tácticas impiden deliberadamente que las mujeres políticas o candidatas participen en la esfera política.

Wavinya Ndeti, candidata que compite por el puesto de gobernadora de Machakos contra tres candidatos masculinos, ha tenido que hacer frente una ofensiva campaña que la tilda de forastera por haber estado casada con un hombre de otra etnia y, por ese mismo motivo, se insta al electorado a no votarla. Del mismo modo, cuando se eligió a Martha Karua como compañera de uno de los principales candidatos presidenciales, Raila Odinga, tuvo que hacer frente a reacciones y comentarios despectivos por parte de los partidos políticos de la oposición. Además, durante las campañas públicas, los políticos se han referido sarcásticamente a sus oponentes masculinos como "mujeres", para describirlos como hombres débiles.

"Las mujeres políticas se han enfrentado a niveles de violencia sin precedentes"

No se trata ni mucho menos de casos aislados y lo ocurrido ilustra el modo en que, desde las elecciones de 2013, "las mujeres políticas se han enfrentado a niveles de violencia sin precedentes, aparentemente ideados para disuadirlas de presentarse a las elecciones o, una vez electas, de rebelarse ante los programas de las poderosas élites políticas masculinas". [1]. Además de la violencia contra las mujeres que intentan entrar o permanecer en la política, también se niega sus derechos a las supervivientes de la violencia sexual relacionada con las elecciones cuando intentan obtener justicia. En su informe final de 2013, la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación (TJRC, por sus siglas en inglés) [2]. señaló que existían "claros patrones de violencia sexual constante y generalizada contra mujeres y hombres durante los períodos electorales, así como en el curso de los conflictos étnicos y de tipo político que han caracterizado a lo largo del tiempo las elecciones en Kenia". En el momento de redactar este documento, las autoridades no habían aplicado realmente ninguna de las recomendaciones formuladas en el informe conjunto de la FIDH y la KHRC de enero de 2022 .

"El fracaso del gobierno a la hora de poner fin a la persecución de las mujeres en la política y de hacer que los autores de la violencia sexual y de género en el contexto electoral rindan cuentas ha hecho posible que se repitan estas violaciones en las siguientes elecciones. Antes de las elecciones de la próxima semana, el gobierno de Kenia debe enviar un mensaje claro y hacer todo lo que esté en su mano para evitar que se repita este tipo de violencia".
dijo la vicepresidenta de la FIDH, Sheila Muwanga.

El uso de la violencia sexual como herramienta política en las elecciones de Kenia

En enero de 2022, la FIDH y la KHRC, su organización miembro en Kenia, publicaron un informe en el que se detallaban las conclusiones sobre el uso de la violencia sexual como herramienta política en las elecciones de Kenia. En estas conclusiones se expresó una especial preocupación por la falta de medidas por parte del gobierno para abordar la violencia sexual y de género cometida en el contexto de las elecciones de 2017, al igual que en procesos electorales anteriores.

"Las elecciones en Kenia siempre suponen una amenaza especial para las mujeres y las niñas debido al riesgo de sufrir violencia sexual y de género en el contexto electoral. Las elecciones anteriores, celebradas en 2007 y 2017, se llevaron a cabo en un contexto igualmente volátil, en el que se produjo violencia sexual y de género relacionada con las elecciones antes y después de las mismas, especialmente en las zonas que habían sido identificadas como zonas conflictivas", Davis Malombe, director ejecutivo, Comisión de Derechos Humanos de Kenia.

A pesar de la labor de documentación de la violencia que han llevado a cabo varias partes interesadas, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR) –que documentó 201 casos de violencia sexual relacionada con las elecciones en 2017, de los cuales el 54,5% implicaba directamente a agentes del orden–, hasta la fecha, el gobierno no ha tomado ninguna medida para garantizar la justicia para las personas supervivientes.

Para evitar que la historia se repita en las elecciones presidenciales de 2022, la FIDH y la KHRC instan al gobierno a tomar las siguientes medidas urgentes para prevenir, proteger y responder a la violencia sexual y de género relacionada con las elecciones:

- Velar por que todo el personal de seguridad desplegado durante las elecciones para garantizar la paz reciba formación en materia de derechos humanos sobre el modo de reconocer y responder a los casos de violencia sexual y de género relacionada con las elecciones.

- Velar por que todo el personal de seguridad desplegado durante las elecciones para garantizar la paz reciba instrucciones claras de que no se tolerarán violaciones de los derechos humanos y violencia sexual y de género cometida por el personal de seguridad y se investigará y enjuiciará a sus autores.

- Compartir públicamente información sobre el personal de seguridad con los medios de comunicación y exponer la información en las instituciones de salud pública, las comisarías de policía, los colegios electorales y los centros de recuento de las circunscripciones. Esta información debe proporcionar, en particular, detalles de las jefaturas que se desplegarán en las zonas críticas identificadas por la Comisión Nacional de Cohesión e Integración (NCIC), durante y después de las elecciones.

- Velar por que todas las oficinas de género de la policía y los centros Policare estén operativos. Se debe contar con personal adecuado que atienda al público las 24 horas del día en caso de que estalle la violencia antes o después de las elecciones. Deben establecerse medidas con perspectiva de género para velar por que se preste un apoyo adecuado a las personas supervivientes, incluida una dotación adecuada de las instituciones con formularios P3 y equipos de emergencia para atender los casos de violación sexual.

- Velar por que los centros de recuperación de la violencia de género estén bien preparados a nivel nacional y de condado para ofrecer una asistencia adecuada a las personas supervivientes de la violencia sexual relacionada con las elecciones.

- Comunicar al público las medidas para que las personas supervivientes reciban asistencia sanitaria en caso de que se produzcan casos de violencia sexual relacionada con las elecciones.

- Adoptar medidas públicas para que se investiguen y se lleven a juicio los casos de violencia sexual y de género relacionada con las elecciones, incluyendo información sobre los/as fiscales y magistrados/as especiales que se desplegarán para abordar la violencia sexual y de género relacionada con las elecciones.

- Velar por que se adopten medidas para ayudar a las posibles víctimas, teniendo en cuenta consideraciones prácticas, de modo que se puedan abordar los obstáculos estructurales y de otro tipo a los que se enfrentan las personas supervivientes cuando intentan denunciar las violaciones y solicitar asistencia.

- Velar por que la Autoridad Independiente de Supervisión Policial (IPOA) documente todos los casos de violencia sexual relacionada con las elecciones perpetrados por la policía y los remite sin demora a la Oficina del Director de la Fiscalía Pública (ODPP).

- Iniciar investigaciones y procesamientos de los casos de violencia perpetrada contra las mujeres en la política, que ya son de dominio público.

- Velar por que exista un entorno propicio para que las organizaciones de la sociedad civil supervisen y denuncien la violencia sexual y de género y otras violaciones de los derechos humanos durante las elecciones.

Instamos a la Comunidad de África Oriental (CAO), a la misión conjunta de observación de la Unión Africana-CAO-COMESA, a las misiones de observación electoral de la Unión Europea y a las Naciones Unidas a que adopten las siguientes medidas para reforzar la necesidad de prevenir, proteger y responder de forma eficaz a la violencia sexual y de género relacionada con las elecciones:

- Velar por que sus respectivos mandatos de observación incluyan la supervisión y la documentación de la violencia sexual y de género relacionada con las elecciones y que en los informes de las misiones se incorpore una sección temática con las conclusiones.

- Instar al gobierno a que tome medidas urgentes para prevenir, mitigar y dar respuesta a la violencia sexual y de género relacionada con las elecciones.
Colaborar con las OSC nacionales y apoyarlas en la observación y la supervisión de la violencia sexual y de género y de otros tipos de violencia relacionada con las elecciones para ampliar sus conclusiones.

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