Conakry, París, 28 de septiembre de 2025. El 28 de septiembre de 2009, más de 150 personas fueron asesinadas y más de 100 mujeres fueron víctimas de violencia sexual durante la represión de una manifestación pacífica en Conakry. Tras 13 años de espera, el 28 de septiembre de 2022 se inició un juicio histórico y, en julio de 2024, ocho acusados fueron condenados por crímenes de lesa humanidad, entre ellos Moussa Dadis Camara, expresidente y jefe del Consejo Nacional para la Democracia y el Desarrollo (CNDD), la junta que detentaba el poder en aquel momento.
Apenas ocho meses después de esta primera victoria, las esperanzas de las víctimas se vieron brutalmente truncadas. El decreto presidencial del 26 de marzo de 2025 que anunciaba las indemnizaciones reveló profundas deficiencias en su aplicación: la reducción de la lista de personas beneficiarias y un proceso opaco e injusto generaron frustración y tensión entre las víctimas. Para empeorar aún más la situación, el 28 de marzo de 2025, el general Mamadi Doumbouya concedió un indulto presidencial a Moussa Dadis Camara, en el momento en que todas las partes esperaban el anuncio de la fecha de celebración del juicio de apelación. Aunque Moussa Dadis Camara ha abandonado el país con posterioridad a los hechos, esta decisión ha socavado profundamente la credibilidad del proceso judicial.
"El indulto concedido a Dadis Camara envía un preocupante mensaje, el de la impunidad. Sin embargo, el proceso judicial sigue en curso y la población guineana merece que llegue hasta el final. Para que este proceso constituya un ejemplo de la lucha contra la impunidad, nadie debe obstaculizar que la verdad salga a la luz", declara Alpha Amadou DS Bah, presidente de la OGDH y abogado coordinador del colectivo de defensa letrada que representa a las partes civiles.
"Aplaudimos el valor de las víctimas, que siguen luchando a pesar de todas las amenazas y maniobras políticas. A pesar de estos 16 años de espera insoportable, continúan queriendo creer en la justicia guineana y en su capacidad para llevar a cabo esta búsqueda de justicia. La comunidad internacional debe permanecer atenta para lograr que se respete el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas, de manera equitativa y transparente", añade Asmaou Diallo, presidenta de la Avipa.
El juicio del 28 de septiembre supone un punto de inflexión importante en la cooperación entre las jurisdicciones nacionales e internacionales, con repercusiones mucho más allá de las fronteras del país. Se trata de un ejemplo concreto del principio de complementariedad consagrado en el Estatuto de Roma, ya que pone de relieve la capacidad y la voluntad de los tribunales nacionales de juzgar los delitos más graves, con la movilización de la comunidad internacional y de la Corte Penal Internacional (CPI).
"La masacre del 28 de septiembre es un crimen de lesa humanidad. Hacemos un llamamiento a las autoridades guineanas para que respeten sus obligaciones regionales e internacionales e instamos a los socios más cercanos de Guinea a continuar su movilización. Si la labor de la justicia se detuviera aquí, se estaría enviando un terrible mensaje a las poblaciones civiles, en África y en todo el mundo, lo que supondría un nuevo fracaso de la justicia internacional. En nombre del principio de complementariedad, hacemos un llamamiento a la Corte Penal Internacional para que mantenga su compromiso con la justicia guineana", subraya Mabassa Fall, representante de la FIDH ante la Unión Africana.
Desde 2022, el Comité Nacional de Reunión para el Desarrollo (CNRD), la junta militar en el poder, ha multiplicado las violaciones de los derechos fundamentales, con la prohibición sistemática de las manifestaciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y el cierre de medios de comunicación considerados críticos. La desaparición de Oumar Sylla, conocido como Foniké Menguè, y de Mamadou Billo Bah en julio de 2024 sigue siendo una herida abierta, símbolo de la represión que se cierne sobre las voces disidentes.
El referéndum constitucional del pasado 21 de septiembre representaba una etapa decisiva en el proceso de transición política. Sin embargo, se vio socavado por la ausencia de diálogo entre las autoridades de la transición y los principales partidos políticos, así como por la suspensión de formaciones importantes como el RPG Arc-en-ciel y la UFDG. El viernes 26 de septiembre, el Tribunal Supremo validó los resultados del referéndum y confirmó la victoria del “sí” con el 89,38 % de los votos emitidos. A través de un decreto presidencial difundido en la televisión nacional la noche del 27 de septiembre, las autoridades guineanas anunciaron que las elecciones presidenciales se celebrarán el 28 de diciembre de 2025. Nuestras organizaciones instan a las autoridades a restablecer el Estado de derecho y a respetar el derecho legítimo de la población guineana a elegir libremente a sus representantes en elecciones periódicas, libres y transparentes, tal como corresponde a sus compromisos regionales e internacionales.