24 de diciembre de 2025. El 28 de septiembre de 2009, unas 50.000 personas se reunieron en el estadio de Conakry para protestar contra la candidatura anunciada de Moussa Dadis Camara a las elecciones presidenciales, un año después de que se hiciera con el poder mediante un golpe de Estado. Ese mismo día y en los días siguientes, militares de la junta gobernante orquestaron una masacre que tuvo lugar en el estadio y en sus alrededores. Según el informe de una comisión de investigación internacional establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al menos 109 mujeres fueron violadas, más de 156 personas fueron asesinadas o desaparecieron y unas 1.500 resultaron heridas.
Ya en 2009, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación preliminar sobre los crímenes del 28 de septiembre, al tiempo que inició una cooperación con las autoridades guineanas y un proceso de consulta con las asociaciones de víctimas, la FIDH y su organización miembro, la OGDH. 13 años después, el 28 de septiembre de 2022, se inició el juicio ante el tribunal de Dixinn de Conakry. El veredicto se dictó el 31 de julio de 2024. Se recalificaron los hechos como crímenes de lesa humanidad, en lo que respecta al expresidente guineano Moussa Dadis Camara y a siete altos mandos, quienes fueron condenados a penas que iban desde los 10 años de prisión hasta cadena perpetua.
Tanto el juicio como la sentencia suscitaron una enorme esperanza en Guinea. Por primera vez, la justicia guineana investigó crímenes de derecho internacional cometidos en el país y llevó ante los tribunales a altos cargos del Estado y de las fuerzas de seguridad, a quienes condenó. Esto supuso un punto de inflexión histórico en la lucha contra la impunidad en África, y constituyó un ejemplo concreto de "complementariedad positiva" entre la justicia nacional y la justicia internacional.
Sin embargo, este impulso se ha visto profundamente empañado: el indulto concedido a Dadis Camara, menos de un año después de su condena, cuando los procedimientos de apelación aún se encuentran en vías de resolución, ensombrece gravemente este proceso. Esta medida plantea una pregunta fundamental: ¿está realmente dispuesta la justicia guineana a garantizar la independencia de sus decisiones y a aplicar plenamente el principio de complementariedad?
¿Qué es el principio de complementariedad?
El principio de complementariedad es uno de los principios fundacionales de la Corte Penal Internacional (CPI). Se enuncia en el primer artículo de su estatuto, el Estatuto de Roma de 1998: la Corte es "complementaria de las jurisdicciones penales nacionales", lo que significa que la CPI es un tribunal de última instancia, ya que la responsabilidad primordial de investigar y enjuiciar a los responsables de crímenes internacionales recae sobre los Estados. La Corte no sustituye a las jurisdicciones nacionales y únicamente interviene cuando un Estado no puede o no quiere enjuiciar estos crímenes internacionales en sus tribunales nacionales.
Si un Estado miembro de la CPI se compromete a llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos por crímenes internacionales a nivel nacional, la Corte puede prestar un apoyo activo a los procedimientos (mediante programas de formación, asistencia material, etc.) así como intercambiar información periódicamente con las autoridades, las víctimas y la sociedad civil para garantizar el buen funcionamiento de los procedimientos. No obstante, la Corte puede retomar el control del caso en cualquier momento si considera que el Estado no cumple sus compromisos. Esta forma de cooperación se refleja en la expresión "complementariedad positiva", tal como la concibe la CPI.
El juicio del 28 de septiembre de 2009: un ejemplo de complementariedad positiva
Guinea se convirtió en Estado parte del Estatuto de Roma en julio de 2003. Por lo tanto, la CPI tiene competencia sobre los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad o el genocidio cometidos en su territorio o por sus nacionales. De este modo, en octubre de 2009, la Fiscalía de la CPI asumió la situación y anunció la apertura de un examen preliminar sobre los hechos del 28 de septiembre de 2009, lo que permitió a la Corte estimar que había "motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad el 28 de septiembre de 2009 y los días posteriores". La Fiscalía identificó asesinatos, encarcelamientos u otras formas de privación de libertad, torturas, violaciones y abusos sexuales, persecuciones y desapariciones forzadas de personas.
Por lo tanto, el Estado guineano tuvo que tomar una decisión crucial: comprometerse a iniciar y apoyar las investigaciones y los procesos contra las personas responsables a nivel nacional, o dejar que la CPI interviniera en la situación. Optó por abrir una investigación ante la justicia guineana, lo que allanó el camino para un proceso judicial seguido de cerca por las víctimas y por la sociedad guineana en su conjunto.
La FIDH ha defendido siempre la alternativa de hacer justicia en el país donde se cometieron los crímenes y donde viven quienes los perpetraron y las personas que fueron víctimas, siempre que ello sea posible. Por este motivo, la FIDH, la OGDH, junto con sus organizaciones socias, la Association guinéenne d’orientation et de réflexion pour l’action (AGORA), la Association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009 (AVIPA) y la Association des familles des disparus du 28 septembre 2009 (AFADIS), así como decenas de víctimas, presentaron diversas denuncias a nivel nacional y se constituyeron rápidamente como partes civiles. A lo largo de los años, han podido representar a 749 víctimas. Por primera vez en Guinea, las asociaciones fueron reconocidas como partes civiles en un procedimiento judicial. Esta instrucción marcó el inicio de un largo trabajo complementario entre las autoridades guineanas, sus socios diplomáticos (como Francia), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Fiscalía y representantes de las partes civiles.
Para Martin Pradel, miembro del Grupo de Acción Judicial de la FIDH y abogado de la FIDH y de las víctimas en este juicio, "todo el mundo se puso al servicio de un mismo objetivo: conseguir medidas concretas que permitieran que este proceso judicial llegara a buen puerto".
La FIDH dio cuenta de este trabajo en un reportaje publicado en 2014:
En el marco de este proceso de complementariedad positiva, diversos miembros de la Fiscalía de la CPI han visitado Guinea en más de una decena de ocasiones desde 2009, como hizo Fatou Bensouda, fiscal adjunta entre 2004 y 2012 y fiscal general de la Corte entre 2012 y 2021. De este modo, las personas que representan a la CPI lograron impulsar el avance de los procedimientos ante las autoridades guineanas y las asociaciones, intercambiaron opiniones sobre las necesidades materiales o de capacitación de la justicia nacional, y recordaron que, en caso de incumplimiento, la Corte podía retomar el control de la situación. Durante esos años, la FIDH, la OGDH y la AVIPA, las tres partes civiles, mantuvieron asimismo contactos regulares con representantes de la Fiscalía, así como con las Naciones Unidas y diversas embajadas. En abril de 2016, la FIDH, la OGDH y la AVIPA recibieron a la representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas y a la Subsecretaria de Estado para los Derechos Humanos de los Estados Unidos.
Gracias a estas constantes conversaciones ha sido posible avanzar, paso a paso, en la búsqueda de justicia para las víctimas y las personas supervivientes del 28 de septiembre de 2009. En ocasiones, estos avances se tradujeron en progresos muy concretos, como cuando las partes civiles informaron a la Fiscalía de la CPI de que los miembros de la judicatura guineana debían pagar personalmente el combustible de su escolta y de los vehículos utilizados por los gendarmes encargados del transporte y la seguridad de los/as magistrados, lo que permitió obtener un presupuesto específico para gasolina.
Incluso antes del juicio, se produjeron numerosas victorias parciales que fueron marcando el proceso judicial, tanto para las personas supervivientes como para la justicia en sí misma: la imputación del teniente coronel Moussa Tiegboro Camara en 2012 (que entonces todavía ejercía su cargo de ministro), la detención en 2013 de un gendarme por la violación de una mujer en el estadio de Conakry, la imputación de Dadis Camara en 2015 (algo que la FIDH había reclamado desde el inicio del proceso), etc.
Gracias a todos estos avances materiales y procesales, fruto del trabajo complementario de todas las partes implicadas, el juicio por la masacre del 28 de septiembre pudo finalmente comenzar en una fecha simbólica: el 28 de septiembre de 2022, trece años después de los hechos. En esa fecha, en un edificio nuevo construido para la ocasión, comparecieron once acusados, entre los que se encontraban varios altos cargos políticos y militares. Estuvieron presentes asimismo miembros de la FIDH, la OGDH y la AVIPA, que representaban a más de 450 víctimas en ese momento, así como Karim Khan, fiscal de la CPI, y Pramila Patten, representante especial de las Naciones Unidas encargada de la cuestión de la violencia sexual en los conflictos.
Tras la apertura del juicio, la CPI cerró la investigación preliminar iniciada en 2009 y firmó un memorando de entendimiento con las autoridades guineanas, en virtud del cual ambas partes se comprometían a continuar el trabajo de complementariedad con el fin de garantizar la correcta aplicación de las medidas derivadas del veredicto. Velar por la capacitación adecuada de la magistratura y por su seguridad y la de los/as testigos, comunicar claramente cada etapa del juicio o asignar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del proceso son algunas de las obligaciones que establece este memorando para el Estado guineano. Por su parte, la Corte conserva la potestad de reabrir un examen o una investigación si considera que se imponen medidas que obstaculizan el avance de los procedimientos judiciales, se adoptan sanciones penales ineficaces o desproporcionadas, se obstaculiza el mandato de los tribunales o se impide de alguna manera el acceso de las víctimas a la justicia, en particular mediante retrasos excesivos o la suspensión de los procedimientos. La CPI se ha comprometido asimismo a continuar acompañando los procedimientos participando en diversos proyectos y programas de intercambio de conocimientos y apoyo técnico.
Tanto la población guineana como la de otras partes del mundo siguieron muy de cerca cada etapa de este juicio emblemático e histórico para la lucha contra la impunidad en Guinea y para la justicia internacional. Algunas audiencias, así como el veredicto del juicio, se retransmitieron incluso en directo por YouTube, gracias a lo cual fueron accesibles para un gran número de personas.
¿Una esperanza frente a la impunidad generalizada en África Occidental?
Para Hassatou Ba-Minté, responsable de la oficina de África de la FIDH : "El juicio del 28 de septiembre de 2009 no solo es un ejemplo, sino que, sobre todo, una esperanza para las poblaciones de África Occidental, e incluso del mundo entero, frente a la impunidad generalizada."
De hecho, en África Occidental y en otros lugares, muchas víctimas de violaciones de los derechos humanos esperan algún tipo de justicia. Es el caso de Malí, por ejemplo, donde en 2019 se aprobó una ley de entendimiento nacional que supuso el abandono de las actuaciones judiciales contra los autores de crímenes cometidos desde el inicio de la guerra en 2012. Esta ley se aprobó a pesar de que la Fiscalía de la CPI afirmó que existían "motivos razonables para creer que en Malí se habían cometido crímenes de guerra", entre ellos asesinato, mutilación, tratos crueles y tortura, ataques intencionados contra bienes protegidos, condenas dictadas y ejecuciones llevadas a cabo sin un juicio previo por un tribunal debidamente constituido, saqueos y violaciones.
Todo ello hizo que CPI juzgara a Al Mahdi (condenado a nueve años de prisión por organizar ataques contra edificios de carácter religioso e histórico en 2016) y a Al Hassan (condenado a diez años de prisión en 2024, cuyo procedimiento de apelación sigue en curso). Este último fue declarado culpable de "crímenes de lesa humanidad por tortura, persecución y otros actos inhumanos, así como de crímenes de guerra, tortura, atentado contra la dignidad de la persona, mutilación, tratos crueles e imposición de condenas sin sentencia previa dictada por un tribunal debidamente constituido". Sin embargo, la FIDH lamenta que este veredicto no reconozca plenamente la gravedad y la repercusión de los delitos por motivos de género, y que se haya perdido la oportunidad de que la persecución por motivos de género forme parte de la lista de crímenes de lesa humanidad. En lo que respecta a Malí, hasta la fecha únicamente se ha celebrado un juicio en la jurisdicción nacional, el de Amadou Haya Sanogo, en relación con los crímenes cometidos después de 2012.
Tampoco han podido obtener justicia las víctimas de la crisis postelectoral de 2010-2011 en Côte d’Ivoire. Más de 3.000 personas murieron a causa de violentos enfrentamientos, choques armados y ofensivas militares, además de saqueos y actos de represalia contra la población civil, entre ellos numerosas violaciones. En 2011, la Fiscalía de la CPI abrió una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad de asesinato, violación, otros actos inhumanos, intento de asesinato y persecución. Se trata de la primera investigación abierta en un país que ha aceptado la competencia de la Corte sin ser aún un Estado parte. Esta investigación dio lugar al juicio de Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé en La Haya. Estos acontecimientos podrían haber generado una señal de esperanza para la justicia en Côte d’Ivoire, pero Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé fueron absueltos por la Corte en 2019.
El presidente Alassane Ouattara también aprobó una amnistía presidencial en 2018, lo que reforzó aún más la sensación de impunidad. La FIDH, la Liga Marfileña de Derechos Humanos (Lidho) y el Movimiento Marfileño de Derechos Humanos (MIDH) denunciaron esta decisión ilegal y presentaron un recurso por "abuso de poder" ante el Tribunal Supremo de Côte d’Ivoire. Las tres organizaciones también han recurrido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) en nombre de las víctimas, con el fin de solicitar que declare ilegal, en virtud del derecho internacional, la amnistía de 2018.
Una complementariedad puesta a prueba
Ante estas situaciones dramáticas para las víctimas, la FIDH aboga por una aplicación efectiva de la complementariedad positiva, como ocurrió durante un tiempo en Guinea.
"Mientras no haya una condena definitiva efectiva, esta complementariedad positiva debe continuar", declaró Martin Pradel.
Sin embargo, un año después del veredicto, incluso en este país, la situación sigue siendo incierta. El juicio de apelación continúa pendiente, lo que significa que ninguna de las condenas dictadas en primera instancia es definitiva. Por otra parte, las reparaciones concedidas a una parte de las víctimas excluyen a más de 400 personas sin una explicación clara. En marzo de 2025 se llegó incluso a conceder un indulto presidencial a Dadis Camara, que había sido condenado a 20 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y cuyo proceso de apelación sigue en curso. Esta decisión pone en peligro el proceso judicial y constituye un desprecio hacia las víctimas de la masacre del 28 de septiembre de 2009. Además, la CPI podría considerar que se trata de una medida que obstaculiza el avance de los procedimientos judiciales y, por lo tanto, de un incumplimiento del memorando de entendimiento de 2022 por parte del Estado guineano, lo que podría justificar la reapertura de un examen preliminar por su parte.
Aunque la sentencia dictada en 2024 por el tribunal de Dixin se consideró, con razón, un ejemplo concreto del principio de complementariedad positiva entre la justicia nacional y la CPI, sus logros se ven ahora más amenazados. Las recientes decisiones de las autoridades guineanas ponen en tela de juicio la eficacia real de esta política de complementariedad en el caso de Guinea, en particular el indulto concedido al expresidente, principal acusado, menos de un año después de su condena, aun cuando la Fiscalía de la CPI se muestra tranquilizadora.
Para obtener más información sobre el principio de complementariedad y la política actual de complementariedad y cooperación de la Fiscalía, consulte nuestras preguntas y respuestas sobre este tema aquí.