Aunque la investigación concluyó a finales de 2017, es necesario que se nombren jueces y se establezca un calendario. Estas son las condiciones para que este emblemático juicio dé comienzo en 2019 y para que finalmente se juzgue a los 13 acusados, tres de los cuales permanecen detenidos sobrepasando los límites legales.
El 9 de abril 2018, el ministro de Justicia Cheick Sako creó un comité directivo encargado de la organización práctica del juicio. Este comité debería establecer lo antes posible una hoja de ruta para poder avanzar de forma eficiente hacia el juicio. Aunque el comité debía reunirse una vez por semana, únicamente lo ha hecho dos veces en seis meses, creando dudas sobre la perspectiva inmediata de un juicio. Las organizaciones afirman que, aun así, el juicio es posible y varios donantes internacionales mantienen que están dispuestos a ayudar.
“Se ha matado a gente, se han violado a mujeres y, por primera vez en la historia de Guinea, se ha acusado a miembros de las fuerzas seguridad”, afirma Asmaou Diallo, presidente de AVIPA. “Ya no hay ninguna razón para no avanzar con rapidez hacia el juicio, aunque sin respaldo político la labor realizada por el ministro de Justicia y el caso corren el riesgo de estancarse. Las víctimas, sus familias y toda la población guineana, llevan casi diez años esperando este juicio”.
Las organizaciones exigen al comité directivo que celebre reuniones semanales, según se especifica en el decreto por el que se estableció, que determine rápidamente el lugar de celebración del juicio, su presupuesto y sus necesidades de apoyo y que establezca los procedimientos logísticos y de seguridad. En especial, el comité deberá tomar las medidas adecuadas para garantizar la participación del antiguo líder de la Junta, Dadis Camara, que ha sido acusado en este caso y que siempre ha dicho que participaría en el juicio, aunque esté en exilio en Burkina Faso. Al mismo tiempo, se deberían nombrar jueces expertos sin demora para poder comenzar a trabajar en este importante caso.
Aunque se pueden abordar estas fases operativas con rapidez, el juicio requiere apoyo político al más alto nivel para poder garantizar una justicia fuerte e imparcial, dados los riesgos reales o percibidos de injerencia por parte de algunos acusados que aún ocupan cargos en el Gobierno.
“Juzgar actos de violencia política ya no es tabú en Guinea”, afirma Abdoul Gadiry Diallo, presidente de OGDH. “El proceso de revelar un doloroso pasado ha demostrado que la sociedad guineana espera que se juzgue a los autores de los mayores crímenes políticos recientes y quiere poner fin a la impunidad total que ha protegido a los autores de violaciones graves de los derechos humanos durante décadas. Ya es hora de abrir un nuevo capítulo y que tanto las víctimas como los supuestos autores de los crímenes cometidos en el estadio el 28 de septiembre 2009 comparezcan ante un tribunal”.
Para más información, pedimos se pongan en contacto con:
En Conakry, Asociación de Víctimas, Padres y Amigos de la Masacre del 28 de septiembre, Asmaou Diallo (francés): +224-622-28-76-91.
En Conakry, Federación Internacional de Derechos Humanos, Samuel Hanryon (francés): +224-626-53-45-95.
En Conakry, Observatorio de Derechos Humanos, Elise Keppler (inglés): +1-917-687-8576 (móvil); o kepplee@hrw.org. Twitter: @EliseKeppler
En Conakry, Organización de Derechos Humanos Guineana, Abdoul Gadiry Diallo (francés): +224-624-73-74-42.
En Dakar, Amnistía Internacional, Kine Fatim Diop (francés): +221-776-58-62-27.