El 2 de diciembre de 2021, el coronel Mamadi Doumbouya, presidente de la transición y presidente del Comité Nacional de la Agrupación para el Desarrollo (CNRD), creó por decreto un Tribunal de Represión de los Delitos Económicos y Financieros (CRIEF) para luchar contra la malversación de fondos públicos y los delitos económicos. Desde principios de 2022, el CRIEF ha anunciado en diversas ocasiones el inicio de varias investigaciones judiciales. El 23 de febrero, Souleymane Traoré, ex director del Fondo de Mantenimiento de Carreteras (FER), fue acusado de malversación de fondos públicos y se dictó una orden de detención en contra de él. El 22 de febrero, el CRIEF imputó a Ismaël Dioubaté, ex ministro de Presupuesto, y a Tibou Camara, ex ministro de Industria y portavoz del gobierno de Alpha Condé, por "malversación y complicidad en malversación de fondos públicos" en el llamado caso Nabayagate. En las últimas semanas, el CRIEF también ha acelerado la campaña de recuperación de edificios de dominio público, con el objetivo principal de recuperar las propiedades de Cellou Dalein Diallo, presidente de la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG) y de Sidya Touré, presidente de la Unión de Fuerzas Republicanas (UFR). Ambos líderes de la oposición recibieron la orden de abandonar sus respectivos domicilios el 28 de febrero de 2022 y han emprendido acciones legales para impugnar estas decisiones.
Aunque acoge con satisfacción esta iniciativa lanzada para avanzar en la lucha contra la corrupción y el saneamiento de las finanzas públicas en Guinea, la FIDH y sus organizaciones miembros y socios en el país piden a las autoridades guineanas que garanticen el derecho a un juicio justo y equitativo, de acuerdo con las disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificados por el Estado guineano.
"La lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito es legítima y esencial, no solo para luchar contra la mala gobernanza, sino también para garantizar la transparencia en la gestión de los asuntos públicos y contribuir así a restablecer un vínculo de confianza entre la población y las autoridades guineanas. Para lograr esto resultado, la lucha se debe llevar a cabo en el marco de procedimientos justos y equitativos que respeten el derecho a la defensa,"
El 2 de diciembre de 2021, el coronel Mamadi Doumbouya, presidente de la transición y presidente del Comité Nacional de la Agrupación para el Desarrollo (CNRD), creó por decreto el CRIEF para luchar contra la malversación de fondos públicos y los delitos económicos. Desde principios de 2022, el CRIEF ha anunciado en diversas ocasiones la apertura de varias investigaciones judiciales.
El 23 de febrero, Souleymane Traoré, ex director del Fondo de Mantenimiento de Carreteras (FER), fue acusado de malversación de fondos públicos y se dictó una orden de detención contra él. El 22 de febrero, el CRIEF imputó a Ismaël Dioubaté, ex ministro de Presupuesto, y a Tibou Camara, ex ministro de Industria y portavoz del gobierno de Alpha Condé, por "malversación y complicidad en malversación de fondos públicos" en el llamado caso Nabayagate. En las últimas semanas, el CRIEF también ha acelerado la campaña de recuperación de edificios de dominio público, con el objetivo principal de recuperar las propiedades de Cellou Dalein Diallo, presidente de la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG) y de Sidya Touré, presidente de la Unión de Fuerzas Republicanas (UFR). Ambos líderes de la oposición recibieron la orden de abandonar sus respectivos domicilios el 28 de febrero pasado y han emprendido acciones legales para impugnar estas decisiones.
La lucha contra la corrupción no debe ir en detrimento de la lucha contra la impunidad
Nuestras organizaciones quieren recordar a las autoridades guineanas los compromisos adquiridos para luchar contra la impunidad de las violaciones graves de los derechos humanos. En particular, las declaraciones de las autoridades durante una visita de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a Conakry en noviembre de 2021, en las que se anunciaba la organización del juicio del 28 de septiembre para finales de marzo de 2022, habían despertado grandes esperanzas de que se atendieran por fin las demandas de justicia de las víctimas, más de 12 años después de los hechos.
Tras las últimas deliberaciones del comité directivo encargado de la organización del proceso, que se reunió en febrero de 2022, parece que la fecha de inicio del juicio se ha pospuesto una vez más, por razones logísticas relacionadas, sobre todo, con un cambio de decisión sobre el lugar en el que se celebrará y sobre las obras necesarias para acondicionar la nueva ubicación elegida.
"Las dificultades inherentes a la organización del juicio del 28 de septiembre son considerables, al igual que las expectativas de las víctimas a las que representamos que, más de 12 años después, siguen manteniendo la esperanza de que se inicie este emblemático juicio. Es fundamental que las autoridades comuniquen la fecha concreta de celebración del juicio, así como un programa detallado de las etapas que lo preceden,"
Nuestras organizaciones recuerdan que la investigación del caso del 28 de septiembre se cerró en noviembre de 2017 tras la remisión de 14 presuntos autores, entre ellos el ex líder de la junta Moussa Dadis Camara, ante el Tribunal Dixinn. Desde entonces, las casi 450 víctimas que personadas como parte civil en el caso han estado esperando el comienzo del juicio. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) lleva más de 12 años realizando un examen preliminar de la situación y de los crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos en el contexto de la masacre del 28 de septiembre de 2009 en el estadio de Conakry (Guinea).