Bissau, París, 28 de noviembre de 2025. En un comunicado emitido el pasado 26 de noviembre, el general de brigada Denis N’Canha, jefe de la oficina militar de la Presidencia, anunciaba que un grupo de militares autodenominado "Alto Mando Militar para la Restauración de la Seguridad Nacional y el Orden Público" había tomado el "control total" de Guinea-Bissau. Asimismo, anunció la destitución de Umaro Sissoco Embaló, presidente saliente de la República, la suspensión de las instituciones de la República, la suspensión del proceso electoral en curso, el cierre de las fronteras terrestres y aéreas, el establecimiento de un toque de queda y el cierre de los medios de comunicación. Este acto de fuerza se produjo en vísperas de la publicación de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales y legislativas del 23 de noviembre de 2025. El mismo día, horas antes, el propio Umaro Sissoco Embaló había llamado a algunos medios de comunicación para informar de su detención y del golpe de Estado que se estaba produciendo.
El 27 de noviembre, los militares anunciaron la investidura del general Horta N’Tam, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, como presidente del periodo de transición, que se anunció que duraría un año. Los militares también declararon la reapertura de las fronteras terrestres y aéreas y el levantamiento del toque de queda. Ese mismo día, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Senegal anunció la llegada de Umaro Sissoco Embaló a Senegal. Fernando Dias, el principal candidato de la oposición a las elecciones presidenciales, se encuentra escondido desde el 26 de noviembre. Desde esa fecha, hay problemas para acceder a Internet y a algunas redes sociales.
La LGDH y la FIDH denuncian este acto de fuerza, perpetrado en violación de la Constitución de Guinea-Bissau, así como de los compromisos regionales e internacionales del Estado, como la Carta Africana, la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ambas organizaciones instan a los militares a que restituyan de forma inmediata el poder a las autoridades civiles, de modo que se restablezcan las condiciones necesarias para reanudar el proceso electoral y, más concretamente, para la promulgación completa y transparente de los resultados electorales y la investidura del nuevo Presidente de la República, de conformidad con la voluntad que ha expresado el pueblo de Guinea-Bissau.
"Condenamos enérgicamente estas graves violaciones de los derechos humanos y los principios democráticos. Hacemos un llamamiento a los militares en el poder para que restablezcan el orden constitucional a la mayor brevedad, faciliten la reanudación del proceso electoral y restituyan el poder a las autoridades civiles. El respeto del estado de derecho, los derechos humanos y los principios democráticos es una condición sine qua non para acabar con la espiral de inestabilidad política en la que los golpes y los intentos de golpe de Estado sumen al país", declaró Drissa Traoré, secretario general de la FIDH.
La LGDH y la FIDH expresan su profunda preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante los últimos tres días en Guinea-Bissau. Entre las personalidades políticas que se encuentran detenidas ilegalmente se encuentran Domingos Simões Pereira, ex primer ministro, presidente de la Asamblea Nacional Popular y líder del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), así como varios dirigentes políticos: Octávio Lopes, miembro del PAIGC y representante nacional del candidato Pereira, Pier Cá, Januário Betundé, Marcos da Costa, Roberto Imbesba, Ernesto Ié y Victor Oliveira.
Según la información recabada por la LGDH, también se detuvo arbitrariamente a varios magistrados que ejercían funciones de observadores en el proceso de recuento electoral, y continúan recluidos en régimen de incomunicación, privados de todo contacto con sus familias, sus allegados/as y sus abogados/as. Se trata de Mário Ialá, Romelo Barai, Cipriano Nanquilin, José Badó y Quintino Inquebé. Todas estas violaciones suponen un grave atentado contra el estado de derecho y la integridad del proceso electoral.
Esta ola de intimidación se extiende también a personalidades públicas y ciudadanos y ciudadanas de a pie. El 26 de noviembre, varios hombres armados irrumpieron violentamente en el domicilio de Rui Landim, periodista y analista político. El mismo tipo de violencia se repitió en el domicilio del diputado Ussumane Camará. La LGDH también ha tenido acceso a preocupantes vídeos en los que se ve a jóvenes recibiendo una brutal paliza a manos de personas armadas mientras intentaban manifestarse pacíficamente para exigir la proclamación de los resultados de las elecciones y el retorno al orden constitucional. Todos estos hechos muestran una intolerable escalada de violencia y arbitrariedad desde el presunto golpe de Estado.
"Condenamos firmemente estas graves violaciones de los derechos humanos y pedimos la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas. Es de fundamental importancia iniciar investigaciones exhaustivas sobre estas violaciones para esclarecerlas, identificar y sancionar a sus autores/as y hacer justicia a las víctimas", declaró Bubacar Turé, presidente de la LGDH.
La LGDH y la FIDH instan al ejército a velar por el respeto de las libertades fundamentales, a poner fin a todo acto de acoso y amenaza contra las personas defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas, y a garantizar, en todas las circunstancias, que puedan ejercer sus actividades legítimas de defensa de los derechos humanos sin obstáculos y sin temor a represalias. Asimismo, ambas organizaciones piden la inmediata retirada de las medidas ilegales de restricción de la libertad de prensa en Guinea-Bissau.
La FIDH y la LGDH observan con satisfacción la manifestación de las primeras reacciones firmes por parte de las instituciones regionales e internacionales, en particular las de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). Ambas organizaciones instan a las instituciones internacionales y a los socios de Guinea-Bissau, en particular a la CEDEAO, la Unión Africana (UA), la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) y las Naciones Unidas, a redoblar sus esfuerzos para que el Alto Mando Militar restablezca el orden constitucional y el Estado de derecho, garantice el respeto de los derechos humanos y la reanudación del proceso electoral, de conformidad con los compromisos regionales e internacionales adquiridos por Guinea-Bissau.