A finales de esta semana, Francia acogerá la cumbre anual del G7 en Biarritz, con el tema de la "lucha contra la desigualdad", entre otras, la desigualdad de género. La FIDH y 73 miembros de su federación mundial se muestran sorprendidas de que el Elíseo (la presidencia francesa), en un intento de ampliar la participación en la cumbre más allá del núcleo de naciones ricas, haya invitado a Estados conocidos por sus graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, como India y Egipto, y se haya reunido con el presidente ruso Vladimir Putin pocos días antes de la cumbre. Veinte ONG de derechos humanos han pedido al presidente Macron que denuncie el historial de derechos humanos de Egipto (en inglés) durante la cumbre.
La Unión Africana y el G5 del Sahel también estarán representados, a pesar de la generalización de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el contexto de la lucha contra el terrorismo en el Sahel. Instamos al presidente francés Emmanuel Macron a que aborde seriamente la cuestión de la desigualdad incluyendo a representantes de los grupos de población afectados y de la sociedad civil como partes interesadas clave en el debate e instamos a los países participantes a que apliquen las valiosas recomendaciones de los Representantes Especiales de las Naciones Unidas sobre el modo de abordar la desigualdad y promover los derechos humanos.
Esta cumbre "renovada" —según la retórica del Elíseo— sobre la lucha contra las desigualdades, en particular la de género, debía incluir la participación de "actores clave de la sociedad civil". Sin embargo, en última instancia únicamente podrán participar diez personalidades de organizaciones nacionales e internacionales que, hasta la fecha, no han tenido acceso a la mayoría de los foros, entre otros, al centro de medios de comunicación. Este limitado grado de participación de los principales actores en la lucha contra las desigualdades, en particular los defensores de los derechos humanos y de las asociaciones feministas, es inaceptable. Deberían poder participar plena y activamente en los debates. Para demostrar su sinceridad en la cuestión de la evolución del formato del grupo hacia asociaciones arraigadas en los valores democráticos, el Elíseo debería conceder a estos actores clave un lugar real, y no meramente simbólico, en la mesa.
El enfoque actualmente previsto que implica la reducción de la participación de la sociedad civil —mientras que los regímenes que violan regularmente los derechos fundamentales y contribuyen a ampliar las desigualdades disfrutan de una mayor representación— socava gravemente la credibilidad de la cumbre. Esto resulta tanto más preocupante cuanto que el Elíseo considera que estos Estados comparten un compromiso con los valores democráticos (en francés).
El régimen del presidente ruso Vladimir Putin, lejos de defender las libertades fundamentales, se ha mantenido firme en su determinación de reprimir, por todos los medios necesarios, las protestas pacíficas que han tenido lugar en Moscú durante el mes pasado. Además de esta represión interna, Rusia, con su apoyo incondicional a Bashar al-Assad en Siria, se ha convertido en cómplice potencial de graves violaciones del derecho internacional humanitario.
Además, Rusia es un mal ejemplo en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, como demuestra la decisión sin precedentes de las autoridades en 2017 de despenalizar la violencia doméstica y la falta de investigación de la represión contra los hombres y mujeres homosexuales en Chechenia. Vale la pena recordar que en 2014 se suspendió la pertenencia de Rusia al antiguo G8 debido a su anexión de Crimea. La reunión entre los presidentes Putin y Macron apenas cinco días antes del G7 parece sugerir la apertura de este último al acercamiento de Rusia al grupo, a pesar del deterioro de la situación en Crimea.
Con respecto a Egipto, nuestras organizaciones llevan años denunciando incesantemente la sangrienta represión perpetrada por el régimen de Abdel Fattah Al-Sisi contra el pueblo egipcio. Esta represión —en parte, “hecha en Francia”— ha conllevado graves violaciones de los derechos humanos. Ante estos abusos flagrantes y atroces, el gobierno francés continúa, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y en contra de sus compromisos internacionales, autorizando la venta de equipos militares y de vigilancia al régimen egipcio, que este último utiliza potencialmente para la represión interna. Además, los autores de actos de violencia por motivos de género, incluidos el acoso sexual y la mutilación genital femenina, gozan de una impunidad casi total, lo que pone en tela de juicio la decisión de invitar al régimen egipcio a un G7 dedicado, en parte, a la lucha por la igualdad de género.
Esta cumbre también ha sido designada por el Elíseo como una ocasión de diálogo para "construir asociaciones equitativas" con el continente africano. Los presidentes de Burkina Faso, Egipto y Senegal están invitados en sus respectivas funciones de presidente del G5 en el Sahel, presidente de la Unión Africana y presidente de la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana.
Moussa Faki, presidente de la Comisión de la Unión Africana, también está invitado. En lo relativo a la seguridad, la ciudadanía de los países africanos es la principal víctima de los ataques terroristas, de los abusos cometidos durante las operaciones antiterroristas y de la amalgama entre el terrorismo, la rebelión, la oposición política y la participación pacífica de la sociedad civil.
Ante el resurgimiento de Boko Haram, que amenaza a los países que rodean el lago Chad, así como la violencia interétnica recurrente en el centro de Malí, las organizaciones abajo firmantes subrayan que la lucha contra el terrorismo no es simplemente una cuestión militar; los Estados también deben garantizar el respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y los principios democráticos, reforzar la lucha contra la impunidad y desarrollar políticas que fomenten un desarrollo social y económico sostenible e igualitario para sus poblaciones, incluida la juventud.
La India es otro invitado que resulta ser un comprador de armas francesas (el principal cliente, de hecho, según las cifras disponibles para 2009-2018). La actual represión en Jammu y Cachemira por parte de las autoridades indias, donde más de 500 personas han sido detenidas arbitrariamente en los últimos días, es deplorable no solo por el ataque a las libertades individuales, sino también por las graves amenazas a la paz y la seguridad internacionales que suponen las recientes decisiones de las autoridades indias en Cachemira.
Reiteramos nuestra petición al gobierno francés de que reconsidere su cooperación y sus asociaciones estratégicas con estos Estados que han incumplido repetidamente los derechos humanos.
En 2015, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, lamentó que no se abordasen los derechos humanos en el debate sobre la desigualdad, recordando el papel esencial que estos desempeñan para superarla. En junio de 2019, volvió a hacer hincapié en la relación entre estas cuestiones y la crisis climática. Este y otros informes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas muestran que la cuestión de la desigualdad no puede abordarse sin garantizar el respeto de los derechos humanos, la plena participación de la sociedad civil y la concienciación de los agentes económicos, tanto públicos como privados, sobre sus responsabilidades.
En consecuencia, pedimos al Presidente Macron que centre el debate en el respeto y la realización de los derechos humanos, y que incluya en este debate a los actores de la sociedad civil que defienden esos derechos y a quienes sufren los abusos. Instamos a los Estados que participan en esta cumbre del G7 a que se esfuercen por alcanzar compromisos claros para aplicar las recomendaciones pertinentes de los Representantes Especiales de las Naciones Unidas que se ocupan de la desigualdad y la crisis climática.