La crisis postelectoral en Costa de Marfil, 11 años después: víctimas olvidadas, justicia sacrificada

19/07/2022
Informe
en es fr
Issouf Sanogo / AFP

París, Abiyán, 14 de julio de 2022 – La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Liga Marfileña de Derechos Humanos (Lidho) y el Movimiento Marfileño de Derechos Humanos (MIDH) han publicado un informe (disponible solo en francés) titulado Côte d’Ivoire: From justice sacrificed in the name of ’reconciliation’ to justice instrumentalised by politics [Costa de Marfil: de la justicia sacrificada en nombre de la "reconciliación" a la justicia instrumentalizada por la política]. Este documento analiza la información recogida a lo largo de un año, incluso durante una misión internacional realizada en Abiyán en diciembre de 2021, y arroja luz sobre la preocupante situación de la justicia en el país desde la crisis de 2010-2011, la falta de perspectivas de justicia en el ámbito internacional y las expectativas de las víctimas y supervivientes de crímenes internacionales ante esta persistente impunidad.

La crisis comenzó cuando el entonces presidente en funciones, Laurent Gbagbo, se negó a entregar el poder al presidente electo Alassane Ouattara tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2010. Durante los cinco meses de violencia y conflicto armado que siguieron, murieron al menos 3.000 personas y más de 150 mujeres fueron violadas. Las fuerzas armadas de ambos bandos atacaron en ocasiones a civiles por su afiliación política, étnica o religiosa.

A partir de un análisis de la evolución de la gestión judicial de la crisis postelectoral de 2010-2011 por parte de las autoridades marfileñas durante los últimos 11 años, el informe conjunto de la FIDH, el MIDH y la LIDHO demuestra y denuncia lo siguiente:

• El modo en que las autoridades han frustrado todo esfuerzo para hacer justicia por los crímenes de la crisis postelectoral.
• El grado de injerencia del poder político en los asuntos judiciales.

2010-2015: renovación de compromisos, establecimiento de mecanismos, importante labor judicial

El periodo posterior a la elección de Alassane Ouattara y los primeros años de su primer mandato estuvieron marcados por los reiterados compromisos de luchar contra la impunidad y garantizar una justicia imparcial. Ouattara proclamó que el Estado marfileño se encontraba "en los albores de una nueva era de esperanza" en el proceso de construcción del Estado de derecho. En mayo de 2011, declaró: "La justicia será igual para todas las personas... No hay excepciones, no hay discriminación, la ley es igual para todas las personas".

Este compromiso se ha traducido en la creación de varios mecanismos para esclarecer los hechos y contribuir a la reconciliación: la Cellule spéciale d’enquête (Unidad Especial de Investigación) en junio de 2011 (que se convirtió en la Cellule spéciale d’enquête et d’instruction o Unidad Especial de Investigación e Instrucción, permanente, en enero de 2014), la Commission nationale d’enquête et la Commission dialogue, vérité et réconciliation (CDVR, Comisión Nacional de Investigación y la Comisión de Diálogo, Verdad y Reconciliación), ambas creadas en julio de 2011, y la Commission nationale pour la réconciliation et l’indemnisation des victimes (CONARIV, Comisión Nacional para la Reconciliación y la Indemnización de las Víctimas) en marzo de 2015.

"Tras años de trabajo, hasta agosto de 2018, la Unidad Especial de Investigación ha imputado a más de 150 personas por delitos de sangre, entre los que se encuentran aliados tanto de Alassane Ouattara como de Laurent Gbagbo. La FIDH, la LIDHO y el MIDH han participado en este trabajo como partes civiles y han acogido con especial satisfacción las acciones judiciales relativas a diversos episodios de la crisis en Abiyán y en el interior del país. Hoy, observamos que la mayoría de los procesos se encuentran paralizados, no se han establecido claramente las responsabilidades, la inmensa mayoría de los presuntos autores se han acogido a la amnistía y no han rendido cuentas ante los tribunales y se ha desatendido a las víctimas. El ciclo de impunidad continúa".

declaró Drissa Traoré, secretario general de la FIDH.

2015-2018: Los compromisos se ralentizan bruscamente para luego eliminarlos con la amnistía de 2018

Sin embargo, en 2015, poco antes de su reelección para un segundo mandato, comenzó un cambio importante. Esto dio a las víctimas y a la sociedad civil la impresión de que el gobierno marfileño y el propio presidente Ouattara habían dejado de estar motivados por la misma voluntad política de apoyar los procesos judiciales en curso, tanto a nivel nacional como internacional, en particular los relativos a los comandantes militares pro-Ouattara cuyas tropas son sospechosas de haber cometido numerosos actos de violencia sexual y asesinatos selectivos durante la crisis.

El 6 de agosto de 2018, contradiciendo todos los compromisos con la justicia que había asumido desde 2010, el presidente Ouattara concedió la amnistía a 800 personas, que habían sido acusadas o condenadas por delitos relacionados con la crisis de 2010-2011 o los posteriores ataques en el estado. Entre ellas se encontraban probablemente los sospechosos de los delitos más graves.

"Desde 2018, la FIDH, el MIDH y la LIDHO se han pronunciado en contra de esta decisión y ponen de manifiesto que la amnistía no se debe aplicar a los crímenes de guerra, a los crímenes contra la humanidad y a otras graves violaciones de los derechos humanos. No solo es contraria a las obligaciones del Estado de Costa de Marfil, que ha ratificado los principales tratados internacionales y regionales de derechos humanos, sino que también es una decisión que hace gala de un total desprecio por las víctimas al permitir que los presuntos autores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad eviten ser sometidos a juicio."

declaró Drissa Traoré, secretario general de la FIDH.Willy Neth, presidente de LIDHO.

Desde 2018 se ha dado prioridad a la reconciliación a toda costa, en un contexto de instrumentalización de la justicia

Las esperanzas de la opinión pública, las personas supervivientes y las familias de las víctimas de los crímenes cometidos durante la crisis postelectoral de 2010-2011 se han visto progresivamente truncadas por un constante debilitamiento de la voluntad política de luchar contra la impunidad, tal y como se manifestó al final de la crisis. El 6 de marzo de 2021, Alassane Ouattara, que iniciaba su tercer mandato presidencial, declaró: "Espero que los desafortunados episodios de las elecciones presidenciales de 2010 y 2020 queden definitivamente atrás", lo que refuerza aún más el temor de la sociedad civil a que las demandas de justicia de las víctimas se desatiendan en aras de una política de reconciliación nacional que priorice el perdón.

Al mismo tiempo, nuestras organizaciones han observado una creciente instrumentalización del poder judicial por parte del gobierno, que se hace patente en un trato judicial diferenciado, variable según el contexto y las personas de las que se trata, así como por el acoso judicial que sufren determinados miembros de la oposición.

Las últimas elecciones presidenciales de 2020 y el primer año del tercer mandato de Alassane Ouattara en 2021 han ilustrado el modo en que se ha utilizado el poder judicial como herramienta de control y poder bajo la influencia del ejecutivo. La persecución de miembros de la oposición política, como Guillaume Soro y Pascal Affi N’Guessan y sus colegas, son claros ejemplos de la manipulación del poder judicial con fines políticos y han causado un fuerte revuelo regional e internacional. La persecución judicial de estos opositores políticos del presidente Ouattara coincidió con la campaña electoral de 2020.

Las escasas liberaciones aleatorias que siguieron a las condenas en 2020 y 2021 no resultan tranquilizadoras, ya que no se ajustan a los criterios del Estado de derecho. Pretenden ser un símbolo de la voluntad conciliadora del gobierno y una justificación de los esfuerzos hacia la reconciliación nacional, pero no se respetan las garantías procesales ni los derechos de las víctimas.

"Después de celebrar numerosas reuniones durante las dos misiones internacionales realizadas respectivamente en diciembre de 2021 y julio de 2022, es innegable que la consigna en Costa de Marfil es la reconciliación y que no se está haciendo justicia a las víctimas de los crímenes internacionales cometidos durante la crisis de 2010-2011. El gobierno marfileño tiene el deber de velar por que la reconciliación no sea sinónimo de olvido e impunidad, sino de verdad, reconocimiento común y compartido, y justicia y reparación para las víctimas."

Alexis Deswaef, vicepresidente de la FIDH, presidente honorario de la Liga de Derechos Humanos de Bélgica y jefe de la misión.

El informe concluye con una lista de recomendaciones dirigidas al Estado de Costa de Marfil y a los actores internacionales para abordar las necesidades de las víctimas y la impunidad que persiste en el país.

Antecedentes

Durante dos misiones internacionales, llevadas a cabo del 6 al 10 de diciembre de 2021 y del 11 al 14 de julio de 2022, nuestras organizaciones se reunieron con representantes de las autoridades nacionales, la sociedad civil, miembros del cuerpo diplomático y socios internacionales con el fin de debatir cuestiones relacionadas con el proceso de reconciliación nacional, en concreto, la situación de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y el estado del sistema judicial.

En cuanto al trabajo realizado por la Unidad Especial de Investigación, hasta agosto de 2018, ha imputado a más de 150 personas por delitos de sangre, entre ellas, algunos aliados de Ouattara y de Gbagbo. Así, hay unas 20 personas imputadas por el ataque de Duékoué en marzo de 2011, donde las fuerzas pro-Ouattara asesinaron a más de 300 personas. También se ha acusado a una veintena de personas por la represión de las manifestaciones en Abiyán por parte de las fuerzas de defensa y seguridad pro-Gbagbo. Varias decenas de personas, tanto del bando de Gbagbo como del de Ouattara, han sido acusadas por los ataques de la zona de Yopugon, un distrito de Abiyán, durante la crisis postelectoral, y más de 80 personas por el ataque al campamento de personas desplazadas de Nahibly en 2012, entre las que se encuentran cazadores dozos, civiles y miembros del ejército marfileño.
Tras la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil, en diciembre de 2018, de una ley que confirmaba la amnistía decretada por orden presidencial en agosto de ese mismo año, se suspendieron casi todos los demás procedimientos judiciales relativos a los delitos cometidos durante la crisis postelectoral de 2010-2011.

Nuestras organizaciones, que participan como parte civil en este proceso y representan a 250 víctimas, creen que estas carecen en estos momentos de cualquier recurso a nivel nacional. Decenas de presuntos autores de crímenes de derecho internacional, entre los que se encuentran altos cargos militares, han sido formalmente imputados y acusados.

La falta de transparencia sobre el alcance de la aplicación de la ley de amnistía supone una negación aún mayor de los derechos de las víctimas de estos crímenes. El 5 de octubre de 2018, la FIDH, el MIDH y la LIDHO presentaron un recurso ante el Consejo de Estado para poner de manifiesto la ilegalidad de la orden de amnistía y, de forma más general, para denunciar la violación por parte del Estado de Costa de Marfil de sus compromisos internacionales con la adopción de estas disposiciones.

De hecho, el derecho internacional exige a los Estados que persigan a los autores de delitos graves, como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, para velar por el respeto de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Los principales tratados internacionales de los que Côte d’Ivoire es signataria –como la Convención contra la Tortura los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional– establecen que los autores de delitos graves deben llevarse ante la justicia. Una amnistía para estos delitos graves sería contraria a los principios constitutivos de la Unión Africana y de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.

A nivel internacional, la absolución, confirmada en apelación el 31 de marzo de 2021, del expresidente Laurent Gbagbo y de su exministro Charles Blé Goudé por la Corte Penal Internacional (CPI) ha consagrado la impunidad concedida a los autores de los crímenes de la crisis postelectoral de 2010-2011 en Costa de Marfil. La absolución de los dos únicos sospechosos procesados por la CPI significa que probablemente nunca se juzgará a los principales autores de estos crímenes, tanto los que están a favor de Gbagbo como los que están a favor de Ouattara.

Lea el informe en francés:

Leer más
rapport