Contraviniendo todos los compromisos en favor de la justicia adquiridos desde 2011 el presidente Alassane Ouattara anunció, el 6 de agosto de 2018, que concedería una amnistía a 800 personas acusadas o sentenciadas por crímenes relacionados con la crisis de 2010-11 o por actos posteriores de violencia contra el Estado, lo que podría incluir a personas implicadas en delitos graves contra los derechos humanos.
Ouattara afirmó que la amnistía no se aplicaría a los 60 militares ni a los miembros de grupos armados que hayan cometido “delitos de sangre” durante la violencia poselectoral. Sin embargo, los jueces de Côte d’Ivoire han acusado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra relacionados con la crisis de 2010-11 a un número de personas muy superior a estas 60, entre otros, a líderes militares y políticos de alto nivel de las dos partes del conflicto. Por el momento no resulta claro quienes, de estos inculpados, comparecerán finalmente ante la justicia.
“Decidir, después de siete años de un proceso judicial que implica a cientos de víctimas y supuestos autores, que únicamente se llevará ante la justicia a 60 personas, no solamente es una decisión arbitraria, sino también una falta de respeto hacia las víctimas si se permite que escapen a la justicia autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad”.
La crisis de 2010-2011 empezó cuando el entonces presidente Laurent Gbagbo se negó a entregar el poder a Ouattara tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2010. Durante los cinco meses de violencia y conflicto armado que siguieron, murieron al menos 3000 personas y más de 150 mujeres fueron violadas. Las fuerzas armadas de ambos bandos atacaron a la población civil según su afiliación política y, a veces, étnica y religiosa.
El Gobierno de Côte d’Ivoire ha creado una Comisión Nacional de Investigación (CNE) con el fin de identificar y documentar los crímenes perpetrados entre 2010 y 2011, así como una Unidad Especial de Investigación (CSEI) para llevar a juicio a los supuestos responsables.
Tras años de trabajo, esta unidad especial ha acusado a más de 150 personas por “delitos de sangre”, entre los que se incluyen tanto a aliados de Gbagbo como de Ouattara. Así, en relación al ataque contra Duékoué de marzo de 2011, donde murieron más de 300 personas a manos de las fuerzas pro Oattara, se ha llevado a juicio a unas 20 personas y otras 20 han sido acusadas en relación a la represión de las protestas de los partidarios de Ouattara en Abiyán por parte de las fuerzas de seguridad de la época de Gbagbo. Asimismo, decenas de personas, tanto partidarias de Ouattara como de Gbagbo, han sido acusadas de ataques en la zona de Yopougon, en Abiyán, durante la crisis poselectoral, y otras 80 están imputadas por un ataque al campo de refugiados de Nahibly en 2012, entre los que se encuentran guerreros tradicionales dozo y miembros del ejército de Côte d’Ivoire.
El derecho internacional exige que se persigan los delitos graves, como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, para garantizar que se respete el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Los principales tratados internacionales de los que Côte d’Ivoire es signataria –como la Convención contra la Tortura, los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional– establecen que los delitos graves deben llevarse ante la justicia. Una amnistía para estos delitos graves sería contraria a los principios de la Carta Fundamental de la Unión Africana y de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.
El presidente Ouattara ha prometido en repetidas ocasiones que se hará justicia a las víctimas y en abril de 2015 declaró que: “Cualquiera que sea responsable de atrocidades será juzgada… Me parece inaceptable que quienes han matado y quemado a personas hasta la muerte, o han violado a mujeres, continúen comportándose como si fuesen ángeles, como si no hubiesen hecho nada malo”. El 9 de mayo, respondiendo a una carta de nuestras organizaciones, el fiscal general de Côte d’Ivoire se comprometió a organizar rápidamente los juicios relacionados con la crisis poselectoral.
Côte d’Ivoire: Promesas rotas, siete años sin justicia
“Si el Gobierno de Côte d’Ivoire da marcha atrás en sus repetidos compromisos de enjuiciar los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, abrirá la puerta a procesos judiciales ante las jurisdicciones tanto nacionales como internacionales que prohíben la amnistía para los delitos más graves. Por el contrario, el Gobierno debería consultar con la unidad especial de investigación para garantizar que la amnistía no se aplique a las personas acusadas de delitos graves”
A petición del presidente Ouattara y del Gobierno de Côte d’Ivoire, la Corte Penal Internacional también está investigando delitos cometidos tanto por fuerzas pro Gbagbo como pro Ouattara durante la violencia de 2010-11. Actualmente Laurent Gbagbo está siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad ante la CPI, junto con su estrecho aliado, Charles Blé Goudé.
El Gobierno de Côte d’Ivoire se ha negado hasta la fecha a trasladar a Simone, la esposa de Gbagbo, a La Haya, alegando que los tribunales de Côte d’Ivoire están dispuestos y tienen capacidad para juzgar asuntos relativos a la crisis poselectoral. Simone Gbagbo debía ser juzgada de nuevo por la sala penal del Tribunal Supremo de Côte d’Ivoire por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, tras la anulación de su absolución en marzo de 2017 por parte del Tribunal Supremo. Sin embargo, Ouattara mencionó a Simone Gbagbo, que estaba cumpliendo una condena a 20 años de prisión por otros delitos relativos a la crisis poselectoral, como una de las personas que se beneficiaría de la amnistía, lo que plantea dudas sobre la voluntad de la justicia de Côte d’Ivoire para juzgarla por su presunto papel en los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.
“La historia de Côte d’Ivoire muestra cómo la impunidad perpetúa la violencia política y las violaciones de los derechos humanos. Antes de las elecciones presidenciales de 2020, una amnistía por los crímenes más graves cometidos durante la crisis poselectoral de 2010-11 lanzaría el peligroso mensaje de que los líderes políticos que recurren a atrocidades pueden evitar las sanciones”
Para más informes de la FIDH sobre Côte d’Ivoire consulte: https://www.fidh.org/es/region/Africa/cote-d-ivoire/