"Estamos siendo testigos de la reproducción del mismo contexto sociopolítico que condujo a la violencia postelectoral en 2010 y 2011: las mismas causas producen idénticos efectos, por lo que tenemos amplios motivos para preocuparnos por lo que sucederá a continuación."
Las autoridades de Côte d’Ivoire tienen una gran responsabilidad en la apertura de este diálogo. Se teme que se produzca una escalada de la violencia antes de las elecciones del 31 de octubre y recomendamos a la comunidad internacional que se implique y presione a los responsables nacionales para evitar la violencia.
Se han organizado numerosas manifestaciones en todo el país desde que el 6 de agosto Alassane Ouattara anunció su candidatura para un tercer mandato, hecho que la oposición política y civil consideran "inconstitucional". Estas manifestaciones han sido en ocasiones brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad, lo que ha provocado la muerte de varios manifestantes. Se ha atacado especialmente a las personas que lideran las protestas, como la defensora Pulchérie Gbalet, detenida tras convocar una manifestación pacífica.
Reiteramos que no existe argumento de seguridad que pueda justificar la represión violenta de las manifestaciones pacíficas y los ataques a sus líderes e instamos a las autoridades a que garanticen que las elecciones se llevan a cabo de forma pacífica, en un clima de respeto a los derechos humanos.
Observamos con gran preocupación la cristalización de las posiciones de los responsables políticos y tememos que se repita la violencia que tuvo lugar durante la crisis postelectoral de 2010-2011. En este contexto, nuestras organizaciones se han personado como parte civil en los procedimientos en marcha ante los tribunales de Côte d’Ivoire y prestan apoyo a las víctimas que continúan esperando justicia.
A pesar del decreto presidencial de amnistía de 2018, que protege de la justicia nacional a los autores de delitos graves cometidos en 2010-2011, seguimos manteniendo nuestras actuaciones ante los tribunales regionales e internacionales para garantizar que se haga justicia a las víctimas.
"Lamentablemente, este decreto abre paso a que se vuelvan a producir los graves crímenes del pasado en Côte d’Ivoire. Hacemos un llamado a todos los responsables políticos para que den prioridad a la vía pacífica y al diálogo a fin de evitar que la situación vuelva a degenerar."
Además, la decisión del Gobierno de Côte d’Ivoire de retirar la competencia de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) contribuye a mantener las tensiones. Esta retirada envía un mensaje alarmante sobre el compromiso de Abiyán con la justicia y los derechos humanos.