Costa de Marfil: por qué no participaremos en el juicio de Simone Gbagbo

30/05/2016
Comunicado
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En vísperas de la apertura prevista del juicio contra Simone Gbagbo ante el tribunal penal de Abiyán, la FIDH, el MIDH y la LIDHO, que acompañan y representan a 250 partes civiles en los procedimientos judiciales relacionados con la crisis postelectoral, han decidido, a pesar de los cuatro años de trabajo y colaboración con la justicia de Côte d’Ivoire, no participar en este juicio, organizado precipitadamente y en el que Simone Gbagbo comparecerá sola.

Nuestras organizaciones participan desde 2012 en los procedimientos judiciales nacionales y nuestro colectivo de abogados nacionales e internacionales representa hoy en día, además de a la FIDH, al MIDH y la LIDHO, a cerca de 250 víctimas de los delitos más graves cometidos durante la crisis postelectoral.
Nuestra participación en calidad de parte civil en estos procesos nace de la convicción de que la justicia marfileña sabría enfrentarse al inmenso desafío que supone la necesidad de dar una respuesta judicial a la crisis postelectoral y, que a nivel nacional y de forma complementaria a la investigación abierta ante la Corte Penal Internacional, la justicia podrá hacer justicia de un modo imparcial, creíble y efectivo, lo más cerca posible de las víctimas.

En nombre de esta convicción, reforzada por el reiterado compromiso de las autoridades marfileñas en favor de una justicia imparcial, nuestras organizaciones, junto con las víctimas a las que acompañamos, decidieron contribuir activamente a los procedimiento judiciales en curso, ejerciendo los derechos reconocidos por el derecho nacional a las partes civiles y acompañando ante los jueces instructores a las víctimas, con el fin de poder recoger su testimonio para que los responsables de los delitos de los que han sido objeto sean perseguidos y juzgados.

Además de esta labor judicial, nuestras organizaciones han mantenido siempre públicamente, en Côte d’Ivoire y en el ámbito internacional, la importancia de los procedimientos iniciados, acogiendo con satisfacción cada etapa positiva realizada, especialmente la puesta en marcha y el mantenimiento de la Unidad Especial de Investigación e Instrucción (CSEI) y reequilibrando en cierta medida los procedimientos, tan esperados por las víctimas, así como alertando de los obstáculos que han encontrado los jueces e investigadores en su trabajo de búsqueda de la verdad.

En este contexto, nuestras organizaciones han sabido, de manera incidental y con sorpresa, la inminencia del próximo juicio de Simone Gbagbo, con ocasión de la sesión del tribunal penal que acaba de comenzar. Esta estupefacción ha sido aún más grande en tanto que se han vulnerado los derechos más elementales de las partes civiles, porque a nuestros abogados en ningún momento se les ha informado de las diferentes etapas que han llevado a la organización de este juicio: ni a finales de 2015, cuando se tomó la decisión de separar el caso de la Sra. Gbagbo del expediente de investigación sobre los delitos más graves cometidos durante la crisis postelectoral, en el que hay más de 150 personas acusadas formalmente, ni en enero 2016, cuando la sala de acusación se pronunció sobre la imputación y la puesta a disposición de la Sra. Gbagbo ante el tribunal penal.

"La negación de nuestros derechos como partes civiles ha privado a nuestras organizaciones de la posibilidad de orientar de manera informada a las víctimas a las que acompañamos y de que nuestros abogados habrían tenido que representar en el transcurso de este juicio. A las víctimas se les ha impedido ejercer todos los derechos vinculados a su condición de víctimas y participar plenamente en el procedimiento judicial" , declaró Patrick Baudouin, presidente honorario de la FIDH y abogado de las víctimas.

Si se hubieran respetado estos derechos, nuestras asociaciones y las víctimas a las que acompañamos habrían podido expresar judicialmente sus dudas en relación a la credibilidad de un proceso organizado en estas condiciones.

Por tanto, ¿cómo puede concebirse que a pesar de que la crisis postelectoral haya estado marcada por la perpetración de los delitos más graves en todo el país, con multiplicidad de presuntos autores y víctimas, en un intrincada serie de responsabilidades penales que la justicia debe individualizar, que este juicio, organizado de forma precipitada, con Simone Gbagbo como única acusada, pueda permitir ofrecer realmente justicia efectiva a las víctimas?

Nuestras organizaciones estiman que la voluntad expresada por las autoridades políticas y judiciales de responder con rapidez a la Corte Penal Internacional y a la orden de detención emitida por ella contra la Sra. Gbagbo no debería conducir a una fragmentación de los procedimientos en detrimento de las víctimas.

"Durante el juicio por atentar contra la seguridad del Estado, que se celebró entre diciembre de 2014 y marzo de 2015, el conjunto de observadores denunció que este había sido poco satisfactorio, ya que el número de personas acusadas (83) no permitía, en ningún caso, establecer la responsabilidad penal individual de cada una de ellas. Sin embargo, aislar hoy a la Sra. Gbagbo no es más satisfactorio" , declaró Yacouba Doumbia, presidente de MIDH y abogado de las víctimas.

En efecto, juzgarla aisladamente, sin las personas junto a las que está acusada de haber planeado y cometido los delitos más graves, algunas inculpadas actualmente por los mismos hechos, no permitirá comprender plenamente la realidad del aparato represivo puesto en marcha por Laurent Gbagbo y su entorno tras las elecciones presidenciales de 2010.

Para evitar los escollos inherentes a los juicios colectivos, como el del año pasado, o la fragmentación de los procesos en procesos individuales, como el de la Sra. Gbagbo, nuestras organizaciones instan a las autoridades judiciales a adoptar una estrategia penal clara que incluya la celebración de una serie de procesos que cubran las diferentes secuencias de la crisis postelectoral. Este enfoque, basado en el análisis de los hechos, de las pruebas y de los testimonios, permitiría juzgar de forma coherente a los principales responsables y comprender no solamente el "sistema Gbagbo" y su deriva criminal tras las elecciones presidenciales de 2010, sino igualmente los graves delitos cometidos por las FRCI durante sus ofensivas de 2011.

Estas son las razones por las que, sin renunciar a representar a las víctimas de la crisis postelectoral que continúan manteniendo su esperanza en la justicia, hemos decidido mantenernos al margen de este juicio, y esperamos que en los próximos procesos no se reproduzcan las mismas deficiencias, más aún cuando los procesos de instrucción que están realizando la CSEI han logrado avances esperanzadores.

"Al final de este juicio, y con independencia del veredicto, las víctimas seguirán esperando que se lleve a cabo un auténtico juicio sobre la crisis postelectoral y exigiendo que aporte respuestas creíbles y claras a las preguntas que desde se planten desde hace cinco años: ¿cómo se pudo producir tal oleada de violencia en el país, cuáles fueron los mecanismos y quiénes son los responsables?" declaró Pierre Adjoumani Kouame, presidente de la LIDHO.

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