Yamena, 12 de agosto de 2026. El 27 de julio de 2026, el Gobierno de la República de Chad decidió retirarse del Estatuto de Roma de la CPI. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), la Ligue tchadienne des droits de l’Homme (LTDH), la Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l’Homme (ATPDH) y el Public Interest Law Center (PILC), expresan su profunda indignación y condenan esta decisión.
El Estatuto de Roma no sustituye a la justicia nacional, sino que interviene con arreglo a un principio de complementariedad, cuando esta no puede o no quiere conducir investigaciones y enjuiciar los crímenes más graves. Esta retirada no refuerza en modo alguno la capacidad de los tribunales nacionales para impartir justicia, sino que priva a las víctimas de una vía alternativa posible para obtener justicia. La retirada de Chad supone un nuevo retroceso para la lucha mundial contra la impunidad y en favor de los derechos de las víctimas, en un momento en que la Corte se enfrenta a ataques sin precedente, en particular la campaña del Gobierno de Estados Unidos que pretende desmantelar la CPI.
No obstante, el anuncio de Chad carece de consecuencias jurídicas inmediatas. El artículo 127 del Estatuto de Roma regula las consecuencias de dicha retirada y establece que no surtirá efecto hasta un año después de su notificación por escrito al secretario general de las Naciones Unidas, es decir, el 27 de julio de 2027. Además, la retirada no exime al Estado en cuestión de las obligaciones que le incumbían mientras era parte en el Estatuto, entre otros, de la obligación de cooperar con la Corte en el marco de las investigaciones y los procedimientos penales ya iniciados antes de la fecha de entrada en vigor de la retirada, y no afecta ni a las investigaciones ni a los procedimientos ya iniciados por la Corte antes de dicha fecha. Por lo tanto, en caso de que finalmente se lleve a cabo, la retirada de Chad no podría borrar el pasado ni impedir que la Corte ejerza su competencia respecto a los crímenes cometidos antes de que surta efecto.
El anuncio de Chad se inscribe en un contexto de creciente cuestionamiento de la justicia penal internacional y de la CPI. Los tres Estados miembros de la Alianza de Estados del Sahel (Burkina Faso, Malí y Niger) han hecho pública recientemente su retirada de la CPI, aunque surtirá efecto, respectivamente, el 18 de junio de 2027 en el caso de Níger y el 24 de junio de 2027 en el de Burkina Faso y Malí.
Sin embargo, los Estados africanos desempeñaron un papel fundamental en la creación de la Corte en 1998, al ratificar masivamente el Estatuto de Roma e incluso remitir algunas situaciones nacionales a la jurisdicción de la Corte. Este compromiso proporcionó a las víctimas de los crímenes más graves un aliado internacional cuando no era posible obtener justicia en el ámbito nacional. La retirada anunciada es contraria a este historial de liderazgo africano y reduce los medios de los que disponen las víctimas para obtener justicia.
Aunque en el pasado se ha criticado a la CPI por la selectividad de los casos que abre y por centrarse excesivamente en África, la Corte ha ido trabajado para reforzar la universalidad de su mandato, extendiendo su ámbito de actuación mucho más allá del continente africano, con investigaciones y casos en curso en Afganistán, Bangladesh/Myanmar, Palestina, Ucrania, Venezuela y Filipinas. La reciente detención del expresidente Rodrigo Duterte demuestra que ninguna región ni ningún alto cargo está a salvo de la justicia. Esta universalidad refuerza la legitimidad de la Corte, pero también la hace más vulnerable a los ataques políticos.
Las organizaciones instan a las autoridades chadianas a que reconsideren su decisión de retirarse de la CPI y reafirmen su compromiso con el Estatuto de Roma y la justicia internacional. Teniendo en cuenta que Chad acoge a varios cientos de miles de personas refugiadas procedentes de Darfur, donde han sufrido violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, este anuncio supone una alarmante advertencia para las víctimas. Las personas que han sufrido los crímenes internacionales más graves no deben ser las primeras víctimas de las decisiones políticas de los Estados. Cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacer justicia, la CPI sigue siendo un mecanismo de último recurso esencial para garantizar su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. En un momento en el que se continúan produciendo violaciones graves de los derechos humanos en numerosas regiones del mundo, los Estados deberían reforzar los mecanismos internacionales de lucha contra la impunidad en lugar de alejarse de ellos.
La FIDH, la LTDH, la ATPDH y el PILC reafirman su determinación de continuar, junto con el conjunto de las organizaciones de la sociedad civil chadiana e internacional, la lucha contra la impunidad en defensa de la justicia, la dignidad de las víctimas y el respeto de los derechos humanos en Chad.