Ginebra, Yaundé, 5 de noviembre de 2025. Estos acontecimientos se inscriben en un contexto marcado por la persistencia de actos de tortura, malos tratos e impunidad cometidos por las fuerzas del orden y de seguridad camerunesas.
Uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias
El 27 de octubre de 2025, el Consejo Constitucional declaró al Presidente Paul Biya ganador de las elecciones con el 53,66% de los votos. Tras el anuncio de estos resultados, se organizaron manifestaciones pacíficas en varias ciudades del país, concretamente, en Douala, Yaundé, Bafang, Garoua, Maroua, Guider, Batouri, Bertoua, Bangangte, Touboro, Mokolo, Bamenda y Mbanga. Según fuentes fiables, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, cañones de agua y, en algunos casos, realizaron disparos con munición real, lo que provocó la muerte y heridas graves entre las personas manifestantes. Decenas de ellas fueron detenidas, entre ellas menores y simpatizantes de la oposición.
Emplear la fuerza contra concentraciones esencialmente pacíficas es desproporcionado y contrario al derecho internacional. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) ya había instado a Camerún, en su examen de 2024, a poner fin al uso excesivo de la fuerza, en particular contra manifestaciones pacíficas, y a garantizar que se llevan a cabo investigaciones independientes sobre las violaciones cometidas. Además, se ha desplegado al ejército en algunas localidades y se ha recurrido a la fuerza letal sin decreto de requisa, en vulneración del marco legal interno. Se ha impedido el acceso de los/as abogados/as a las comisarías y al parecer se habría sometido a torturas y malos tratos a varias personas detenidas. También se han denunciado amenazas contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
Obligaciones internacionales y responsabilidad del Estado
Camerún tiene la obligación legal de prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como de autorizar el uso de la fuerza únicamente en caso de necesidad, dentro del estricto respeto de la legalidad y la proporcionalidad. El país figura entre los "Estados de alto riesgo" según el Índice Mundial de Tortura de la OMCT. En 2024, el CAT denunció las detenciones arbitrarias, la detención en régimen de incomunicación, el uso de tribunales militares para juzgar a civiles y la violencia de género cometida contra la población civil. En el contexto electoral, estas obligaciones son aún más importantes: el Estado camerunés debe proteger el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica y abstenerse de criminalizar la contestación política.
Futuras medidas y llamamiento a la comunidad internacional
El Grupo de Intervención Judicial (GIJ) de la OMCT, cofirmante de esta declaración, recuerda que ya ha presentado al Comité contra la Tortura (CAT) varias comunicaciones separadas relativas a actos de tortura y malos tratos infligidos a personas detenidas durante las manifestaciones postelectorales de 2018. Estos casos, que aún están pendientes de resolución, ilustran un patrón sistemático de detenciones arbitrarias, torturas en custodia policial y recurso ilegal a la justicia militar. Ante las violaciones observadas desde octubre de 2025, el GIJ anuncia que documentará y presentará nuevas comunicaciones sobre los casos de tortura, detención arbitraria y uso excesivo de la fuerza ante el CAT, considerará la posibilidad de presentar denuncias complementarias ante otros mecanismos internacionales y regionales, prestará su apoyo a los/as abogados/as y a las víctimas para obtener justicia y protección, y advertirá a las autoridades sobre los riesgos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Las personas y organizaciones firmantes de esta declaración hacen un llamamiento a la comunidad internacional, en particular a las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea y los socios bilaterales, para que ejerzan una presión sostenida sobre las autoridades camerunesas con el fin de que:
– pongan fin de inmediato al uso excesivo y letal de la fuerza contra las personas manifestantes;
– respeten las garantías jurídicas fundamentales reconocidas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a todas las personas detenidas;
– pongan en libertad a todas las personas detenidas o encarceladas por ejercer pacíficamente su derecho a manifestarse y garanticen el respeto del derecho a un juicio justo;
– abran investigaciones independientes e imparciales sobre todas las denuncias de asesinatos, lesiones, torturas y malos tratos;
– persigan y sancionen a los responsables, incluidos los superiores jerárquicos implicados;
– dejen de juzgar a civiles ante tribunales militares;
– garanticen el acceso sin trabas de los equipos de observación y las organizaciones de defensa de los derechos humanos a los lugares de detención y a los juicios relacionados con las manifestaciones.