Desde abril de 2015, el balance de la represión sería de 700 personas asesinadas, 4 300 encarceladas, varios cientos de personas desaparecidas, —según algunas fuentes, en torno a 800—, cientos de personas torturadas, varias decenas de mujeres víctimas de violencia sexual y miles de detenciones. Unas 250.000 personas han abandonado ya el país.
Mientras que el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, debe presentar antes del 15 de abril diversas opciones para el despliegue de fuerzas de la ONU, la FIDH y la liga ITEKA instan a la comunidad internacional, y especialmente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a desplegar una fuerza de policía internacional compuesta por 500 miembros como mínimo, que tenga la capacidad de proteger a civiles, frenar la dinámica asesina y evitar que se produzcan nuevos enfrentamientos armados en Burundi (EN). Por último, nuestras organizaciones consideran que si en los próximos meses no se corrige la tendencia actual será necesario el despliegue de una fuerza para el mantenimiento de la paz de la Unión Africana o de las Naciones Unidas para poder frenar la escalada de violencia y represión que responden a un patrón cada vez más genocida.
En el transcurso de su misión, cuyos resultados se incluirán en un informe próximo, la delegación de la FIDH ha documentado y constatado que continúan los asesinatos selectivos y las ejecuciones extrajudiciales, las encarcelaciones y las detenciones arbitrarias habituales y que se han multiplicado las desapariciones forzadas, los centros de detención ilegales y los actos de tortura. Asimismo la FIDH ha podido constatar el alto nivel de vigilancia y de control al que está sometida la sociedad burundesa por parte de los órganos de seguridad, especialmente por la activa Agencia Nacional de Inteligencia (SNR, por sus siglas en francés) y las milicias de jóvenes del partido en el poder, los Imbonerakure.
"La situación sobre el terreno es especialmente preocupante. El SNR, que se ha convertido en el motor de la represión, se ha infiltrado en todas las capas de las sociedad y tortura de forma sistemática a las personas encarceladas. En el seno de las fuerzas de seguridad se han creado una serie de cadenas de mando paralelas con el objeto de orquestar la represión. Una parte de las milicias Imbonerakure está entrenada, armada y se ha desplegado por el conjunto del territorio en el que actúa suplantando a las fuerzas del orden. Las tensiones dentro del ejército son extremadamente fuertes. La comunidad internacional tiene que hacer todo lo que esté en su mano para proteger a la población civil y evitar el deterioro de la situación", declaró Karim Lahidji, presidente de la FIDH. "La naturaleza de los delitos que se han constatado durante la misión podrían ser competencia de la Corte Penal Internacional (CPI). La fiscal, Sra. Fatou Bensouda, tendría que decidir abrir un examen preliminar de la situación en Burundi, que debemos recordar que es un Estado miembro de la CPI"
Las informaciones reunidas por la FIDH y la liga ITEKA permiten establecer que las personas tutsis parecen ser los objetivos principales de esta violencia y se les asimila, por su origen étnico, como opositores al régimen. Las detenciones se dirigen particularmente contra personas tutsis, que son objeto de insultos de carácter étnico por parte de las fuerzas de seguridad y son sistemáticamente torturados en el transcurso de las detenciones. Los miembros del partido en el poder, CNDD-FDD, y sus simpatizantes se refieren a las personas tutsis, cada vez de un modo más abierto, como "enemigos", "terroristas", e incluso hablan de una "insurrección genocida" [1] Tras el asesinato, el 22 de marzo de 2016, del teniente coronel Darius Ikarakure [2] , pilar del sistema represivo burundés, también se han multiplicado los asesinatos selectivos contra militares de las antiguas Fuerzas Armadas de Burundi —FAB, compuesta en su mayoría por tutsis—.
Según informaciones recogidas por la FIDH y la liga ITEKA, desde inicios del mes de marzo, más de diez antiguos miembros de las FAB han muerto a manos de ataques perpetrados por hombres no identificados. Estos elementos se inscriben en un contexto marcado por el desarrollo de un discurso cada vez más abiertamente étnico por parte de las autoridades burundesas y de sus simpatizantes. La víspera del entierro del teniente coronel Darius Ikurakure, varios mensajes circulaban por las redes sociales y, concretamente, uno que decía lo siguiente: "Queridos HUTUS, ¡despertad! Mañana vamos a enterrar a otro héroe de la lucha antitutsi, su excelencia el teniente general Darius Ikarakure: los oficiales y civiles HUTUS conscientes asistirán para darle las gracias por su trabajo. Vengan todos y permanezcan atentos; acuérdense que un héroe no debe morir solo, za mujeri sindumja muzincunge bibaye ngombwa mukore. Delende is Mike. [Vigilad a estos perros flacos, yo no soy un esclavo, si es necesario, trabajad] A buen entendedor, ¡saludos! KORA [Trabajad]". Este mensaje hace referencia al término "trabajad" utilizado en Rwanda por el gobierno genocida Hutu Power para denominar la eliminación sistemática de personas tutsis, pero igualmente utilizado el 1 de noviembre de 2015 por el presidente del senado de Burundi, Révérien Ndikuriyo, ante sus simpatizantes y ante los Imbonerakure: "¡Si escucháis la señal con una consigna que diga que esto tiene que acabar, las emociones y las lágrimas ya no tendrán cabida!", antes de añadir, "tenéis que machacarlos, tenéis que exterminar a esa gente (...) ¡Esperad el día en el que proclamemos ‘a trabajar’, y podréis comprobar la diferencia!", de una conversación que no estaba destinada a ser grabada.
Los órganos de seguridad de la policía o del ejército a la cabeza de la represión están formados por elementos considerados como fiables y que "pueden llegar hasta el final" según los términos utilizados por una fuente cercana a los servicios de seguridad. "Son hasta en un 95% hutus", añadió. Esta decena de unidades, entre las que se encuentran la Agencia Nacional de Inteligencia (SNR), la Brigada Antidisturbios (BAE), la Brigada Especial para la Protección de las Instituciones (BSPI), la Agencia para la Protección de las Instituciones (API), el Batallón de Ingenieros de Combate (BGC) e incluso la Unidad Móvil de Intervención Rápida (GMIR) y la Unidad Especial de Policía (PSR) están dirigidas por personas fieles al régimen vinculadas a cadenas de mando paralelas que remontarían directamente hasta la Presidencia de la República, concretamente al gabinete de la Presidencia. Estas personas responsables de la represión podrían ser directamente inculpadas por delitos perpetrados directamente por ellas o por otros bajo su autoridad y deberían ser perseguidos penalmente y sancionados individualmente tanto por parte de las instituciones internacionales como por las diplomacias influyentes.
"La FIDH y la liga ITEKA están muy preocupadas por el carácter étnico que está tomando la represión, por la retórica autoritaria y complotista, así como por la represión preventiva empleada por las autoridades actuales, así como por sus simpatizantes, que recuerda a la que se ha invocado en las masacres genocidas contra la población hutu de los últimos cuarenta años. Las autoridades consideran que ellas son las únicas representantes del pueblo y resumen todo pluralismo político, étnico y social en un "ellos" contra "nosotros", que es letal para el país. Hacemos un llamamiento solemne a las autoridades de Burundi para que salven la paz que surgió de los acuerdos de Arusha y pongan fin a la represión, liberen a las miles de personas encarceladas por motivos políticos y establezcan un diálogo sincero con la oposición y la sociedad civil independiente"
Como reacción ante los abusos cometidos por el régimen, numerosos hombres se han unido a los grupos armados rebeldes (Red Tabara y FOREBU). Estos grupos llevan a cabo ataques dirigidos contra los representantes del CNDD-FDD, contra miembros de las fuerzas del orden y contra los Imbonerakure, tanto en Bujumbura como en el interior del país, causando en ocasiones víctimas civiles. Nuestras organizaciones recuerdan que los ataques indiscriminados contra civiles pueden constituir un crimen de guerra por el que sus autores deberán rendir cuentas ante la justicia.
Por otra parte, el trabajo de documentación de estas violaciones se ha convertido en una actividad extremadamente peligrosa. Las defensoras y defensores de los derechos humanos, la oposición política y la prensa independiente siguen estado presentes en Burundi, pero viven en su mayoría en la clandestinidad y son objeto de seguimiento y de amenazas de muerte. La práctica totalidad de responsables de la sociedad civil, periodistas y partidos de la oposición se han visto forzados a huir del país y las personas que permanecen en él, ya sean responsables o activistas, siguen siendo objeto de amenazas o de ataques por hombres que se sospecha están a sueldo del régimen, especialmente los miembros de los Imbonerakure.
La desaparición de Marie-Claudette Kwizera, tesorera de la liga ITEKA, tras su detención por parte de agentes de la SNR el 10 de diciembre de 2015, ilustra un fenómeno preocupante que se estaría produciendo en cientos de casos, y que algunas fuentes cifran en al menos 800 desapariciones forzadas. El trabajo de documentación de estas desapariciones se ha vuelto más difícil por la multiplicación de los centros ilegales de detención. Las autoridades burundesas y la Comisión Nacional Independiente de Derechos humanos (CNIDH), consultadas por la FIDH en relación al caso de Marie-Claudette Kwizera y a otros casos de desapariciones forzadas, no han sido capaces de dar explicaciones o de informar sobre el paradero de estas personas, que no son refugiadas ni están oficialmente encarceladas.
"Ante el riesgo de que estalle una nueva guerra civil y de que se produzcan delitos en masa, nuestras organizaciones instan a la comunidad internacional a desplegar una fuerza de policía internacional en el país, que garantice la protección de la población civil y trabaje para el establecimiento de un diálogo político inclusivo en el plazo más breve posible. Además, solicitamos al Consejo de Seguridad que otorgue un mandato a una comisión internacional de investigación independiente sobre los crímenes perpetrados desde abril de 2015",
La resolución 2279 del 1 de abril de 2016 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas insta a todas las partes implicadas en la crisis a concertar un calendario de negociaciones. Asimismo, solicita al Secretario General de las Naciones Unidas que presente al Consejo de Seguridad, antes del 15 de abril, algunas "propuestas" para el despliegue de fuerzas de policía internacional. Habida cuenta de la situación de seguridad y de derechos humanos que prevalece en el país, la FIDH y la liga ITEKA instan a las Naciones Unidas a que garanticen que esta fuerza cuenta con un mandato y con los medios necesarios para jugar un papel estabilizador, disuasorio y de vigilancia y para poder intervenir en caso de que se cometan graves violaciones de los derechos humanos.