A pesar de la llegada al poder de Evariste Ndayishimiye el pasado mes de junio, la crisis política del país está lejos de resolverse y continúan vigentes las restricciones impuestas al espacio democrático. La actuación de las autoridades continúa en línea con las políticas letales del expresidente Nkurunziza. Se siguen cometiendo violaciones generalizadas de los derechos humanos en todo el país, en particular a manos de la milicia Imbonerakure del partido gobernante. Se han continuado produciendo arrestos arbitrarios de personas defensoras de los derechos humanos, como Germain Rukuki, Nestor Nibitanga y los cuatro periodistas de IWACU. Mientras tanto, el Gobierno no ha tomado ninguna medida para llevar ante la justicia a los autores de estas violaciones, entre ellos, los que son objeto de las sanciones de la Unión Europea, hecho que contribuye a reforzar el clima de impunidad que favorece la repetición de los crímenes.
Las personas objeto de las sanciones de la Unión Europea continúan ocupando puestos influyentes en el aparato estatal, junto con otras que han desempeñado un papel fundamental en esta represión sin precedentes que comenzó en 2015. Su nombramiento en puestos clave del nuevo Gobierno genera gran preocupación, ya que esto no solo les permite seguir planificando y cometiendo violaciones, sino que muestra también que el nuevo presidente no tiene intención de modificar sustancialmente las letales políticas de seguridad que aplicó su predecesor.
La decisión del Consejo de la Unión Europea de prorrogar el régimen de sanciones tuvo lugar poco después de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobara una resolución por la que se renovaba el mandato de su Comisión de Investigación sobre Burundi por un año más.
La FIDH y su organización miembro en Burundi, la Liga ITEKA, han llevado a cabo una importante labor de incidencia ante la Unión Europea y las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el país durante los últimos años. Recientemente, nuestras organizaciones llevaron a cabo una ronda de reuniones de incidencia en línea con los Estados miembros de la Unión Europea, instándoles a prorrogar el régimen de sanciones de la Unión Europea durante un año más y a apoyar la renovación de la Comisión de Investigación en las Naciones Unidas.