Las organizaciones miembros de la coalición #MiVotoDebeContar condenan el asesinato del general Adolphe Nshimirimana, la inaceptable agresión al correponsal de RFI, de AFP y la tentativa de asesinato contra el defensor de los Derechos Humanos, Pierre-Claver Mbonimpa. Todos estos hechos ponen en evidencia la escalada de violencia en curso en Burundi.
Aún cuando Pierre Nkurunziza ha conseguido presentarse para un tercer mandato tras las elecciones que han tenido lugar el 21 de julio de 2015 en un clima de intimidación y de represión generalizada de las libertades fundamentales, esta elección sigue siendo ampliamente cuestionada puesto que no ha permitido al pueblo de Burundi expresarse y elegir libremente a su presidente. La ausencia de debate puede crear graves frustraciones y desestabilizar el país si el gobierno no logra crear las condiciones para la creación de un diálogo global, abierto e inclusivo con la oposición, con la sociedad civil burundesa y con la comunidad internacional con la perspectiva de unas elecciones libres, transparentes, inclusivas y plurales.
En la mañana del domingo 2 de agosto de 2015, el coche del teniente general Adolphe Nshimirimana, brazo derecho del presidente burundés Pierre Nkurunziza y responsable de la seguridad interior, fue objeto de un ataque con cohetes por parte de hombres armados y con vestimenta militar que acto seguido ametrallaron el vehículo lo que provocó la muerte del general Nshimirimana y de los demás ocupantes del vehículo. El general Adolphe Nshimirimana era un actor principal de los servicios de seguridad en Burundi así como en el seno del ejército y de los Imbonerakure, la liga juvenil del CNDD-FDD. Tras el ataque se han realizado varias detenciones. Entre ellos se detuvo, mientras tomaba fotos de la escena del ataque en el que el general Adolphe Nshimirimana fue asesinado este domingo en Bujumbura, al corresponsal de RFI y de AFP en Burundi, Esdras Ndikuman. Tras su detención se le trasladó al centro del Servicio Nacional de Inteligencia en el que fue golpeado y tratado como “periodista enemigo”, según RFI. Luego del 2 de agosto, se han escuchado algunos disparos en diferentes barrios de la capital Bujumbura.
El 3 de agosto alrededor de las 18h en el barrio norte de Kinama, en la capital de Burundi, en el momento en el que Pierre-Claver Mbonimpa, presidente de la Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y de las Personas Detenidas (APRODH) abandonaba su oficina para regresar a su domicilio, varios hombres en una moto adelantaron su vehículo y le dispararon en cuatro ocasiones, según miembros de su familia. Fue alcanzado por dos balas, en la cara y en el cuello. Su estado es estable aún cuando se sigue considerando “herido de gravedad” según Balthazar Fengure, vicepresidente de la Aprodh.
“Nuestras organizaciones condenan todos los actos que se han perpetrado estos últimos días en Burundi, el asesinato del general Adolphe Nshimirimana, la inaceptable agresión contra el corresponsal de RFI y de la AFP y la tentativa de asesinato del eminente defensor de los derechos humanos, Pierre-Claver Mbonimpa. Con estos hechos Burundi corre el riesgo de orientarse hacia una nueva guerra sangrienta que se puede aún evitar. Pedimos a todos los actores implicados un esfuerzo por mantener la tranquilidad y por regresar a la mesa de negociaciones para garantizar la organización de nuevas elecciones inclusivas, transparentes y plurales. Asimismo pedimos a todas las personas que se garantice la integridad física y moral de los periodistas, de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de los miembros activos de la sociedad civil” , ha declarado Dismas Kitenge Senga, vicepresidente de la FIDH.
Las elecciones generales de Burundi del pasado 21 de julio se han realizado en unas condiciones deplorables poniendo en peligro el progreso de estas últimas décadas en la construcción de una sociedad democrática en Burundi. De este modo, Pierre Nkurunziza ha sido reelegido como jefe del Estado con el 69 por ciento del sufragio favorecido por el boicot electoral llevado a cabo por parte de la oposición y tras la represión violenta de las manifestaciones de la oposición y tras haber obstaculizado la acción de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de los periodistas, que se encuentran casi en su totalidad refugiados en el extranjero. El gobierno ha realizado asimismo cientos de detenciones y privaciones de libertad arbitrarias desde el principio de la crisis que han terminado con más de 80 muertes. La coalición #MiVotoDebeContar denuncia la irregularidad de unas elecciones en las que no se ha garantizado la libertad y la inclusión y cuyo resultado amenaza con reavivar la violencia si no se llega a un consenso con la oposición.
“El regreso a la estabilidad en Burundi tiene que pasar por el restablecimiento del diálogo entre todos los actores así como por un retorno a la justicia. En muchos países de África, la impunidad de los responsables de graves violaciones cometidas contra los derechos humanos ha terminado con la multiplicación de la violencia y de las víctimas. El poder actual en Burundi debe abrir una investigación y llevar ante la justicia a los individuos responsables de las exacciones cometidas antes y durante las elecciones, independientemente de su pertenencia política. De no hacerlo tendría que ser la comunidad internacional la que intervenga” ha declarado Fabien Sinankwakire, secretario ejecutivo de la Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y las Personas Detenidas (APRODH), la organización de Pierre-Claver Mbonimpa.
El Jueves 30 de julio, la Asamblea Nacional de Burundi realizó su primera sesión plenaria y ha elegido a sus miembros. Agathon Rwasa, una figura principal de la oposición que había denunciado los resultados de las elecciones, ha sido elegido vicepresidente de la Asamblea por 108 votos de 112. Ha contado con los votos del CNDD-FDD, el partido en el poder. Aún así, no es una señal de apaciguamiento puesto que inmediatamente después Agathon Rwasa ha sido desautorizado por parte de la oposición, más precisamente la Unión para el Progreso Nacional (Uprona- partido no reconocido por el poder y con la que había creado una coalición), y ha sido acusado de haberse vendido al poder actual. La coalición #MiVotoDebeContar insta a la comunidad internacional y especialmente a la Unión Africana, a la Comunidad de los Estados de África Central y a la Unión Europea que presionen a las autoridades en el poder para poder crear las condiciones necesarias para el restablecimiento de la paz civil.
“Violencia, intimidación detenciones, instrumentalización de la policía y del poder judicial, miedo generalizado, estas son las señas con las que está marcada la recién nacida democracia burundesa. Aún hoy, la situación relativa a los derechos humanos en Burundi sigue siendo muy precaria. Cueste lo que cueste, es imperativo restablecer un clima respetuoso de los derechos humanos, propicio para el ejercicio de la libertad de expresión y de opinión. Es necesario que los miembros de la oposición, los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos tengan las garantías políticas y de seguridad que les permita reintegrar el juego político en Burundi”, ha declarado Anschaire Nikoyagize, Presidente de la Liga de Derechos Humanos Iteka.
La coalición #MiVotoDebeContar recuerda que la Unión Africana, por medio de la presidenta de la Comisión, la señora Nkosazana Dliamini-Zuma, se había opuesto a la candidatura de Pierre Nkurunziza a principios de mayo. Los textos [1] de la Unión Africana condenan precisamente los golpes de Estado y otras formas de cambio inconstitucional de los gobiernos. Por ello, las organizaciones miembros de la coalición instan a la Unión Africana a realizar sanciones individuales en especial contra las personalidades que han participado o que tuvieran relación con las graves violaciones contra los derechos humanos perpetradas durante la crisis, de un modo particular los dirigentes de los Imbonerakura, la liga juvenil del CNDD-FDD, considerada milicia por la ONU y acusada de perseguir a la oposición. La UA tendría del mismo modo que considerar la suspensión de Burundi de sus instancias si no se consigue establecer un programa consensuado para salir de la crisis que puede incluir la nominación de un gobierno de unión nacional y la organización de nuevas elecciones libres, plurales y transparentes.
La Organización Internacional de la Francofonía (OIF), que “condena los golpes de Estado y toda toma de poder mediante la violencia, las armas o cualquier otro medio ilegal”, conforme al capítulo 5 de la Declaración de Bamako, tendría también que apoyar este programa de salida de crisis y, en caso contrario, suspender a Burundi del Consejo Permanente de la OIF, puesto que desde el 3 de julio de 2015 esta “bajo observación”, conforme a las disposiciones de la Declaración de Bamako si el poder continua pisoteando los principios democráticos y los derechos humanos.
Los principales socios de Burundi, la Unión Europea, Bélgica y los Países Bajos, han congelado una parte de su ayuda. La Unión Europea se prepara para, según las disposiciones del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, adoptar “medidas restrictivas selectivas contra aquellas personas cuya acción habría conducido o podría conducir a actos de violencia y de represión, a graves violaciones de los derechos humanos y/o obstaculizase la búsqueda de una solución política”, ha anunciado el 27 de julio de 2015 la Alta Representante Federica Mogherini en nombre de la Unión Europea tras las elecciones generales en Burundi. Si rápidamente no hay logros en favor del diálogo, la UE tendría que suspender la integralidad de su ayuda institucional al gobierno burundés, que ha violado el artículo 9 del acuerdo de Cotonú que garantiza el respeto a los derechos humanos, a los principios democráticos y al Estado de Derecho y especialmente su contrato de apoyo a la consolidación del estado por 143 millones de euros que comprenden un apoyo presupuestario y una serie de ayudas sectoriales (justicia, finanzas públicas y descentralización). La UE debería dar prioridad al apoyo a la sociedad civil, a los periodistas y a la asistencia humanitaria para los refugiados burundeses.
Para los miembros de la coalición #MiVotoDebeContar, el resto de países de la Unión Europea tendrían también que proceder a una serie de medidas idénticas y darlo a conocer. Los Estados Unidos de América han estimado por su parte que la elección presidencial no es “digna de crédito” y ha anunciado que quiere “examinar atentamente todos los aspectos de nuestra colaboración” y ha amenazado con imponer una serie de restricciones de visa contra algunos responsables.
La renovación mediante la fuerza de un tercer mandato del presidente Nkurunziza ha dividido profundamente a Burundi cuando intentaba reconstruir su democracia tras una sangrienta guerra civil que ha dejado más de 300.000 muertos entre 1993 y 2006. Este golpe de Estado institucional y las violaciones contra los derechos humanos que han acompañado este golpe han provocado la ruptura con varios socios internacionales cuya ayuda es crucial para Burundi, que está situada entre los diez países menos desarrollados del mundo. En su informe de investigación de mayo de 2015, “Burundi: Evitar una explosión”, la FIDH y sus organizaciones miembros en ese país, la liga ITEKA, ya señalaban la violencia política en curso y los riesgos de desbordamiento y de explosión si no se lograba rápidamente una solución política a la crisis.
La Coalición #MiVotoDebeContar
Por iniciativa de la FIDH, la coalición #MiVotoDebeContar reúne más de cien organizaciones de la sociedad civil africana e internacional con el objetivo de evitar las manipulaciones, los fraudes y las violencias en el transcurso de las más de 53 elecciones, 29 de ellas generales, que tienen que realizarse entre 2015 y 2017 en 33 países africanos. Las distintas sociedades civiles exigen a sus gobernantes que respeten su derecho legítimo a elegir libremente a sus representantes mediante elecciones regulares, libres y transparentes, y lo harán a través de una movilización pública, acciones en el terreno y la promoción política antes de cada escrutinio hasta 2017. En Burundi, la liga ITEKA, la APRODH y otras muchas organizaciones son miembros de la coalición #MiVotoDebeContar.