"Existen todas las condiciones para una inminente generalización de la violencia en Burundi: estancamiento político persistente, aumento de la tortura, desapariciones forzadas, asesinatos étnicos y políticos, proliferación de fosas comunes, casos de violencia sexual así como movimientos rebeldes que actúan dentro y fuera del país. La Unión Africana debe dar una respuesta firme a esta crisis, basada en la protección de la población civil y en la reanudación del diálogo político."
En los últimos meses, la comunidad internacional ha tratado de dar respuesta a la grave crisis de Burundi. En octubre de 2015, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (EN) decidió reforzar su presencia en el terreno y la Unión Africana (EN) resolvió investigar las violaciones de los derechos humanos en el país [1]. El 30 de noviembre de 2015, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, presentó al Consejo de Seguridad tres propuestas alternativas para resolver la crisis de Burundi, una misión de mantenimiento de la paz bajo mandato de la ONU, una misión política especial o un equipo de apoyo encargado de promover el diálogo político entre el Gobierno y la oposición, y se pronunció a favor de esta tercera opción.
Posteriormente, el 22 de enero de 2016, una delegación del Consejo de Seguridad viajó a Bujumbura. Desde entonces, el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza ha mantenido su rechazo a recibir una Misión Africana de Prevención y Protección de la población civil (MAPROBU) [2] y no hay garantías de que se vaya a lograr reanudar un diálogo efectivo e inclusivo con la oposición y con la sociedad civil independiente.
En un informe sumamente alarmante (EN), publicado el 15 de enero de 2016, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Sr. Zeid Ra´ad Al Hussein afirmó que "se han encendido todas las señales de alarma y que incluso se había encendido la luz roja del aumento de la dimensión étnica de la crisis". El informe añadió que se estaban "observando en Burundi tendencias nuevas que incluían casos de violencia sexual cometidos por las fuerzas de seguridad y un notable aumento de las desapariciones forzadas y los casos de tortura". Sin embargo, la comunidad internacional todavía no ha logrado eliminar el riesgo de que estalle un conflicto abierto que puede llevar a que se cometan atrocidades en masa [3] Mientras tanto, cada vez más informes señalan la creación de grupos rebeldes, algunos fuertemente armados, como las Fuerzas Republicanas de Burundi dirigidas por el General Godefroid Niyombare y la RED-Tabara (resistencia para el Estado de derecho).
En vista de estos hechos, la 26.ª Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana debe aprobar un plan de emergencia que incluya una hoja de ruta para acabar con la crisis y logre, bajo su auspicio, una rápida, eficaz e inclusiva reanudación del diálogo entre las autoridades, la oposición y la sociedad civil. Esta hoja de ruta debe también contemplar el despliegue de la MAPROBU, bajo el mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La misión debe incluir un componente civil con un mandato claro para la protección de la población civil y la documentación de las violaciones de derechos humanos para llevar a los autores ante la justicia.
"Esta cumbre no puede dejar pasar la oportunidad de adoptar medidas concretas que den solución a la actual crisis en Burundi, que ya ha causado cientos de víctimas civiles. Todas las miradas están puestas en la Unión Africana, que debe demostrar su capacidad para desempeñar un papel de liderazgo en la prevención y la resolución de conflictos y crisis en Burundi y en otras partes de África".
En una nota de posición publicada hoy, la FIDH reitera sus recomendaciones a la Unión Africana, que ha designado el 2016 como el año de los derechos humanos en África, con una atención especial a los derechos de las mujeres. Debe, por tanto, asumir su responsabilidad y adoptar decisiones firmes para contener los ciclos de violencia y garantizar la seguridad de la población civil. La Unión Africana debe movilizarse activamente de modo especial durante los próximos treinta eventos electorales —entre ellos 18 elecciones presidenciales— que se celebrarán en veintiún países africanos en 2016, ya que se trata de periodos en los que el riesgo de violencia aumenta significativamente. La FIDH y sus organizaciones miembros han documentado la violencia política en Uganda, Djibouti y en la República del Congo.
La UA debe asimismo respaldar la lucha contra la impunidad en los países implicados en procesos de paz, como la República Centroafricana y Sudán del Sur y debe comprometerse con los mecanismos de justicia que ofrecen condiciones para la reconciliación y el restablecimiento del Estado de derecho. Por último, la UA, que hace especial hincapié en los derechos de las mujeres en 2016, debe sostener mediante medidas firmes iniciativas para proteger y promover los derechos de las mujeres en África.