Declaración de la Coalición Popular para el Sahel
Pocas veces el Sahel ha estado tan en el punto de mira. La atención se centra en la posible retirada de las tropas francesas y europeas de Malí, la llegada de fuerzas rusas, los golpes militares y las disputas diplomáticas. Sin embargo, los gobiernos y las partes internacionales han tomado pocas medidas para responder a las necesidades de la población, que sigue siendo la primera víctima de la inseguridad.
En Burkina Faso, Malí y Níger, casi 2000 civiles han muerto en actos de violencia en los últimos 12 meses, dos tercios de los cuales se atribuyen a los llamados grupos armados yihadistas, según el Proyecto de Datos de Localización y Sucesos de Conflictos Armados (ACLED). 2,5 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, la mayoría de ellos niños y niñas que en estos momentos están sin escolarizar, el doble que hace un año. 15 millones de saharauis dependen de la ayuda humanitaria, la inseguridad alimentaria se extiende a un ritmo alarmante y el acceso a los servicios básicos, como la asistencia sanitaria, sigue siendo inexistente. A pesar de la urgencia, actualmente solo se financia el 48% de las necesidades humanitarias.
Hace justo un año, los jefes de Estado sahelianos y sus socios internacionales se comprometieron firmemente en la Cumbre del G5 del Sahel celebrada en Yamena con la protección de la población civil, la gobernanza, la emergencia humanitaria y la lucha contra la impunidad, elementos que reflejan las cuatro prioridades identificadas por la Coalición Popular como clave para responder de forma más eficaz a la crisis en la región (los Pilares Populares). Desgraciadamente, las promesas de un "impulso civil y político" que se reflejan en la declaración final de la cumbre han quedado olvidadas.
En un contexto de creciente polarización, condenamos enérgicamente los cada vez más frecuentes ataques a la libertad de expresión, desde los cortes de Internet móvil en Burkina Faso hasta las amenazas a periodistas o representantes de la sociedad civil en Malí, Níger y Chad.
Tomamos nota de las declaraciones de las máximas autoridades sahelianas en apoyo de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, pero deploramos la persistencia de la impunidad, que perpetúa la desconfianza por parte de la población y alimenta el ciclo de la violencia. En toda la zona central del Sahel se siguen presentando denuncias de abusos contra elementos de las fuerzas de defensa y de seguridad, pero los principales responsables de las violaciones contra la población civil continúan sin ser juzgados.
Los imperativos de transparencia y responsabilidad también se aplican a todas las fuerzas extranjeras en el Sahel. Tomamos nota de la excepcional comunicación del Ministerio de Defensa sobre la muerte de cuatro civiles durante una operación militar francesa el 8 de febrero en el norte de Burkina Faso. Sin embargo, lamentamos que Francia aún no haya respondido a las peticiones de la sociedad civil y del presidente de Níger de abrir una investigación sobre la muerte de tres civiles cerca de una manifestación contra un convoy militar francés en Tera (Níger) el pasado mes de noviembre.
Un año después de los alentadores compromisos de la cumbre de Yamena, es más urgente que nunca realizar una inversión civil y política sostenida en el Sahel para aplicar por fin un enfoque centrado en las personas. Continuar basándose únicamente en una respuesta de seguridad, que no aborda las causas profundas de la crisis, contribuiría a repetir los errores que han llevado al actual estancamiento.
La Cumbre Unión Africana-Unión Europea de los días 17 y 18 de febrero debería ser la oportunidad de un nuevo comienzo para el Sahel y sus socios. La Coalición Popular para el Sahel seguirá supervisando las respuestas a la crisis y publicará en las próximas semanas una serie de informaciones actualizadas para medir los avances desde la publicación del informe El Sahel:. lo que hay que cambiar.