La FIDH y la CIOSL condenan el arresto y la expulsión en el día de la fecha de un representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte de las autoridades de Djibouti.
El Sr. Ibrahim Mayaki, funcionario de la OIT, que dispone de pasaporte diplomático, estaba en visita oficial en Djibouti desde el sábado 1 de abril del corriente año. Se le había encomendado entrevistarse con los defensores de los derechos humanos, incluidos sindicalistas, a raíz de las quejas presentadas ante su organización por violación de los derechos sindicales y por el hostigamiento judicial que se hace contra diversos sindicalistas ante los tribunales de ese país. Se reunió efectivamente con representantes de la sociedad civil, sindicalistas y también representantes de las autoridades nacionales, entre ellas, el Ministro de Justicia.
Según la información que recibió la Liga de Derechos Humanos de Djibouti, organización miembro de la FIDH, y la Unión de Trabajadores de Djibouti, sindicato afiliado a la CIOSL, el Sr. Ibrahim Mayaki fue arrestado el lunes por la mañana, a las 8,30, en su hotel, por dos personas pertenecientes al Servicio General de Investigaciones de la fuerza nacional de policía, sin que mediara un mandato especial. El Sr. Ibrahim Mayaki fue interrogado por las fuerzas de seguridad durante más de tres horas en dicho Servicio de Investigaciones sobre las actividades que llevó a cabo en Djibouti. Antes de liberarlo, las autoridades de Djibouti lo obligaron a firmar una orden de expulsión cuya ejecución está fijada para hoy.
La FIDH y la CIOSL subrayan que esta expulsión se produce luego de que el 1 de abril de 2006 las fuerzas de seguridad se negaran a autorizar el ingreso al territorio de Djibouti a dos personas, a pesar de las garantías verbales que había dado el Ministro del Interior en el sentido de que no se pondría ningún obstáculo a su pedido de visa en el aeropuerto de Djibouti. Empujados, insultados y llevados de vuelta por la fuerza al avión con el que habían llegado a Djibouti, esas dos personas presentaron un nuevo pedido de visa ante la Embajada de Djibouti en Etiopía, solicitud a la que hasta el momento todavía no se ha dado ninguna respuesta.
Estos sucesos demuestran la realidad de las reiteradas violaciones de los derechos de los defensores de los derechos humanos que se cometen en Djibouti y presagian una posición todavía más represiva de parte de las autoridades de ese país. La actitud que estas últimas tomaron confirma los temores de la FIDH y la CIOSL con respecto a la índole eminentemente política del actual juicio contra cuatro dirigentes sindicales, acusados principalmente de "entendimiento con una potencia extranjera" [1].
Por otra parte, este procedimiento judicial no es más que el último episodio, cronológicamente, de un acoso constante contra los sindicalistas de Djibouti, como se denuncia desde hace muchos años en los informes anuales de la CIOSL y del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos [2].
La FIDH y la CIOSL condenan la actitud de las autoridades de Djibouti hacia el representante de la OIT y las dos personas enviadas y reclaman que el gobierno y las autoridades judiciales de ese país apliquen estrictamente los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos, principalmente los Convenios núm. 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas de 1998 sobre la protección de los defensores de los derechos humanos.
La FIDH y la CIOSL reclaman a las autoridades de Djibouti que autoricen el libre acceso a su territorio de las ONG y OING de defensa de los derechos humanos. Continuarán informando a las instancias internacionales y regionales sobre la situación de los derechos humanos en Djibouti.