Los cadáveres de los niños y niñas sirios que huyen de la guerra llegan hasta las costas europeas, prohibidas pese a todo, obligando a Europa a darse cuenta de la dimensión del drama humano que está ocurriendo ante sus puertas y de su gran responsabilidad en esta cuestión.
Cuando en varios países europeos, como Eslovaquia, Polonia o Bélgica, se ponen en marcha procedimientos de acogida discriminatorios reservados únicamente a los "cristianos de Oriente", las autoridades francesas, que el 8 de septiembre organizan una conferencia internacional sobre la protección de las víctimas de la violencia étnica o religiosa en Oriente Próximo, tienen, junto con sus socios, el deber crucial de denunciar estas políticas de acogida selectiva y la manipulación de las divisiones religiosas por parte de los Estados.
La cristalización de las divisiones confesionales y de la violencia sectaria, cuyo mayor número de víctimas está formado actualmente por población sunita, a la que ataca incluso el DAECH, constituyen en realidad una de las principales amenazas que se ciernen sobre la región. Para luchar contra este fenómeno es necesario no responder con una política de apoyo selectiva que sería contraria al universalismo europeo, habida cuenta del nivel de violencia sin precedentes que sufre el conjunto de la población.
Además, beneficiaría al régimen de Bachar el Asad —que todavía se atreve a presentarse como protector de las minorías frente a los islamistas radicales— al desviar la atención de los crímenes que comete contra el conjunto de la población; un planteamiento de este tipo también sería peligroso para las propias comunidades. Al hacer más profundas las líneas de fractura existentes entre los diferentes elementos de la sociedad siria, al estigmatizarlos en función de su pertenencia religiosa y al asimilar algunas de ellas con intereses extranjeros, amenazaría su inserción en su medio geográfico e histórico, que constituye la única garantía verdadera de protección duradera de estas "minorías".
El mensaje que se daría a la "mayoría religiosa" víctima del conflicto y de la locura asesina del régimen desenfrenado de Bachar el Asad sería además catastrófico y equivaldría a empujarles a los brazos del DAECH: no merecéis nuestra protección, id pues a pactar con los yihadistas. Es decir, al adoptar, a la inversa, la lógica sectaria del Estado Islámico, nos arriesgaríamos a darles lo que no han conseguido obtener, un punto de anclaje en el entorno sirio.
"En Siria hay un solo pueblo": esta fue una de las primeras consignas de la revolución siria, que se basa en la reivindicación de la igualdad de acceso al derecho a la nacionalidad, que el régimen de Asad lleva décadas pisoteando. Actuar contra los crímenes de carácter sectario o confesional perpetrados por el régimen sirio, el DAECH y las milicias chiítas que causan estragos en Siria y en Iraq implica asumir la responsabilidad de los Estados que los fomentan, a la cabeza de los que se encuentran Irán y Arabia Saudí. Además, implica defender a la ciudadanía contra las viejas fórmulas coloniales basadas en la instrumentalización de las particularidades locales y de las minorías religiosas.
Si hay una distinción que debemos hacer, se refiere a los autores de los crímenes internacionales, a cuya cabeza está el régimen de Bachar al Asad, pero también el Daech, y su víctima es la población civil.
En estas condiciones, hay una urgencia política, que es la de abrir las fronteras europeas a las personas refugiadas, garantizarles una acogida incondicional y digna sin discriminación por pertenencia étnica o religiosa. La urgencia está en dar apoyo a los hombres y mujeres sirios que cada día, con extraordinario valor, promueven el pluralismo y la tolerancia. Lo urgente es conseguir que Rusia y China dejen que el Consejo de Seguridad de la ONU recurra al Tribunal Penal Internacional y le entregue los resultados de las comisiones de investigación de las Naciones Unidas.
Firmantes:
Karim Lahidji, presidente de la FIDH; Basma Kodmani, directora de Iniciativa para la Reforma Árabe; Fadi Dayoub, coordinador internacional de e Apoyo a Pequeños Proyectos de Desarrollo Local (LDSPS); Bassam Al Ahmad, portavoz del Centro de Documentación de Violaciones (VDC); Salam Kawakibi, presidente de Iniciativa para una Nueva Siria.