El día 19 de febrero del 2015, la oleada de detenciones en masa y los intentos de deportación colectiva que se llevaron a cabo siguiendo el anuncio de las autoridades marroquíes pusieron fin de forma repentina al proceso de regularización que comenzó en enero del 2014.
Nuestras organizaciones lamentan el fin de este prometedor proceso y nos unimos al resto de organizaciones miembros y colaboradoras de Marruecos para condenar las redadas realizadas en el bosque Gurugú, Nador y Tánger, que acabaron con la violenta detención de miles de personas, incluyendo solicitantes de asilo, personas con permiso de residencia y familias con niños. Además, fueron detenidos 1.250 migrantes en situación irregular, en contravención con las garantías procesales establecidas por la ley nº 02-03 relativa a la entrada y permanencia de extranjeros en Marruecos y a la emigración e inmigración irregular, e infringiendo las obligaciones internacionales del país.
Las personas que han sido detenidas, han sido automáticamente trasladadas a diferentes ciudades y al menos 450 se encuentran retenidas sin ningún tipo de procedimiento legal, en diferentes campamentos del territorio marroquí así como en comisarías de policía e incluso en refugios para personas sin hogar.
Las redadas ponen en tela de juicio la capacidad de las autoridades marroquíes de respetar sus compromisos políticos y mantener "una actitud humanitaria en cumplimiento con los compromisos internacionales de nuestro país, dentro del respeto a los derechos de los inmigrantes", según anunció el rey a finales de 2013.
Nuestras organizaciones denuncian la ausencia de cualquier tipo de garantía procesal, la práctica de detenciones arbitrarias, el intento de deportar de forma colectiva a todas estas personas (hay involucrados al menos diez países de destino) y la falta total de acceso a estas personas para las ONG y los abogados.
Nuestras organizaciones recuerdan a las autoridades que todas las personas tienen derecho a contar con garantías procesales, independientemente de su estatus, y que el hecho de residir de forma ilegal en territorio marroquí no justifica en ningún caso la violación de los derechos fundamentales y de los procedimientos establecidos por la ley de Marruecos.
La EMHRN y la FIDH exigen el fin inmediato de todas estas operaciones, así como la puesta en libertad inmediata de las personas detenidas y una revisión judicial en profundidad de las circunstancias individuales de cada una de las personas víctimas de esta operación.
Por último, nuestras organizaciones expresan su asombro y lamentan el anuncio inesperado del fin del proceso de regularización que parece descartar cualquier posibilidad de examinar de cerca casos que no han sido vistos en primera instancia.
Instamos a las partes del Comité Nacional de Control y de Apelación y sobre todo al Ministerio del Interior, a que retomen el diálogo y permitan al Comité que prosiga con su misión de investigar las solicitudes que rechazó la Oficina de Extranjería, establecida en enero del 2014.