La FIDH se opone a la pena de muerte para todos los delitos y en todas circunstancias, y urge al Tribunal Supremo de Libia a dirigir una revisión completa del juicio en vista de las alegaciones de violaciones graves de las garantía procesales, así como a anular las sentencias de muerte. La FIDH también urge a Libia a cumplir con su obligación de transferir inmediatamente a Saif al Islam Gadafi a la Corte Penal Internacional (CPI).
Entre los sentenciados a muerte se encuentran el hijo de Gadafi, Saif al Islam Gadafi; el ex jefe de inteligencia, Abdullah al Senusi; y dos ex primeros ministros, al Bagdadi al Mahmoudi y Abuzaid Dorda. Las sentencias están relacionadas con los crímenes cometidos durante la represión que alentó el levantamiento popular en Libia en 2011.
“Las víctimas libias piden justicia por los crímenes graves y las violaciones de los derechos humanos cometidos bajo el régimen de Gadafi; no solo los cometidos durante el levantamiento de 2011, sino desde los inicios del gobierno de Gadafi” , declaró Karim Lahidji, presidente de la FIDH. “Pero las víctimas también quieren que se haga una justicia justa y transparente, que no ha sido el caso en el juicio más reciente” , añadió. “Resulta terrible que nueve personas se tengan que enfrentar a un pelotón de fusilamiento en Libia, mientras las víctimas de la violencia del régimen, tanto del anterior como del actual, tiene escaso acceso a la justicia o a la protección”.
El juicio, que ha durado un año, contra 37 acusados terminó en mayo de 2015. El veredicto actual incluye nueve sentencias de muerte, veintitrés sentencias de prisión, cuatro absoluciones y una remisión a una institución médica. Gadafi se enfrenta también a los cargos ante la CPI, pero aún no ha sido transferido a La Haya, a pesar de que se ha ordenado a Libia su entrega a la Corte. El caso de Senusi ha sido declarado inadmisible ante la CPI, a pesar de su anterior orden de arresto, debido a la existencia de procedimientos domésticos.
El juicio estaba plagado de alegaciones graves(en inglés) que no cumplían con los estándares internacionales de un juicio justo. El propio Gadafi fue juzgado en ausencia, ya que continúa detenido en Zintan por milicias opuestas a las autoridades de Trípoli. Este hecho pone de manifiesto las principales preocupaciones que han surgido en torno a la capacidad de Libia para llevar a cabo procedimientos penales nacionales creíbles, en particular en medio de una situación política que solo empeora y de una crisis militar. Este tipo de cuestiones hacen que se ponga en duda la legitimidad de la decisión del juicio.
“El caso de Gadafi es un buen ejemplo de las peligrosas consecuencias de no cooperar con la CPI. No solo se ha evitado el arresto de algunos de los sospechosos, sino que en este caso, un sospechoso arrestado podría sufrir la pena capital sin las garantías de un juicio justo y al margen del foro apropiado”, declaró Shawan Jabarin, vicepresidente de la FIDH. “El Consejo de Seguridad de la ONU, que ha referido Libia a la CPI, debe apoyar la transferencia de Gadafi a La Haya y Libia debe cumplir con sus obligaciones pendientes de cooperación” , concluyó Jabarin.
Además, teniendo en cuenta las continuas alegaciones de ausencia de estándares de un juicio justo, la FIDH insta a la fiscalía a solicitar una revisión de la admisibilidad del caso de Senusi. El caso del ex jefe de inteligencia fue declarado inadmisible por la Cámara de Apelaciones de la CPI en 2014 porque existían procedimientos domésticos.
Antecedentes – Compromiso de la CPI
La situación en Libia, que no forma parte de la CPI, fue referida a la Corte por el Consejo de Seguridad de la ONU el 26 de febrero de 2011, quien ha diferido los crímenes cometidos desde el 15 de febrero de 2011 a la jurisdicción de la Corte. Así, la CPI emitió órdenes de arresto contra Saif al Islam Gadafi y Abdullah al Senusi, ambos acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante el régimen de Muamar al Gadafi.
Saif al Islam Gadafi fue capturado en noviembre de 2011, pero nunca se le entregó a la CPI, a pesar de la obligación de Libia para ello. La CPI considera que Libia está incumpliendo su obligación y refirió la situación al Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre de 2014, solicitando la asistencia del Consejo de Seguridad en la eliminación de impedimentos para la cooperación.
Los procedimientos ante la CPI contra Abdullah al Senusi terminaron el 24 de julio de 2014 cuando la Cámara de Apelaciones confirmó que el caso era inadmisible ante la CPI debido a la existencia de procedimientos domésticos. La decisión controvertida alega que las autoridades libias estaban dispuestas y capacitadas para llevar a cabo una investigación y enjuiciamiento legítimos contra Senusi, a pesar de las alegaciones de ausencia de estándares de un procedimiento adecuado. Teniendo en cuenta las continuas alegaciones de ausencia de estándares de un juicio justo, la FIDH insta a la fiscalía a solicitar una revisión de la admisibilidad del caso.