París, 23 de enero de 2015 - La situación de los derechos humanos en Egipto se ha deteriorado a unos niveles sin precedentes, según declaraciones de hoy de la FIDH, cuando el país celebra el cuarto aniversario de la "revolución".
En un documento publicado en su sitio web (disponible en inglés) la FIDH explica que actualmente las autoridades están haciendo todo lo posible para silenciar cualquier forma de disidencia o de crítica contra el Gobierno, protestas, periodismo independiente e incluso publicaciones en los medios sociales. La FIDH también está especialmente preocupada por la aplicación de una fuerte política antiterrorista que ignora por completo las libertades fundamentales.
"Durante los últimos meses, Egipto ha recorrido un peligroso camino en las cuestiones relativas a los derechos humanos. La comunidad internacional permanece en completo silencio y parece que la situación no va a cambiar" declaró Karim Lahidji, presidente de la FIDH. "Todo esto es muy alarmante."
Las libertades alcanzadas gracias a la revolución del 25 de enero se están ahora denegando, especialmente el derecho a la protesta pacífica. Se sigue persiguiendo y encarcelando a los defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política. Se sigue censurando a los medios de comunicación independientes. La mayor parte de los derechos consagrados en la constitución egipcia de 2014 siguen siendo papel mojado y las autoridades judiciales, encargadas de asegurar el respeto del estado de derecho, se han convertido en el brazo principal de la represión del Estado.
El poder judicial egipcio ha demostrado que actúa con un doble rasero en la administración de justicia, al exonerar a funcionarios estatales de cualquier cargo por violaciones de los derechos humanos por un lado, mientras que dicta severas penas de prisión contra quienes ejercen sus derechos civiles y políticos, incluidos los defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas prodemocracia.
La mayoría de los juicios se celebran por acusaciones relacionadas con el ejercicio de las libertades fundamentales y, entre ellas, la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Se han dictado duras penas de prisión, e incluso de cadena perpetua, así como condenas a la pena capital, especialmente contra los seguidores de los Hermanos Musulmanes, en juicios plagados de irregularidades y de violaciones de las garantías procesales. Las sentencias masivas a pena de muerte han experimentado un gran aumento desde el verano de 2013.
Tras la aprobación del decreto presidencial que ampliaba el alcance de la jurisdicción militar en octubre de 2014, el poder judicial egipcio ha remitido a cientos de civiles a los tribunales militares, en total contradicción con las normas internacionales. Además, en septiembre de 2014, el presidente aprobó diversas modificaciones del Código Penal por las que se aumentaba la pena, que pasaba a ser de cadena perpetua, para quien recibiese financiación extranjera con intención de "dañar a la seguridad nacional". Es este un término impreciso que puede ser fácilmente utilizado para perseguir a organizaciones independientes de la sociedad civil.
Los grupos vulnerables, entre los que se halla la comunidad LGBT, también han sido objeto de una mayor persecución por parte del régimen, con oleadas sin precedente de detenciones y juicios arbitrarios. Se ha utilizado de forma habitual la acusación de "cometer actos de libertinaje" para perseguir a personas LGBT, en una violación flagrante de su derecho a la no discriminación y a la vida privada. A pesar de las medidas anunciadas por el Gobierno en relación al fin de la violencia contra las mujeres, se han llevado a cabo pocos procesos judiciales contra personas acusadas de violencia sexual contra las mujeres y estas continúan siendo víctimas de una auténtica epidemia de violencia sexual (en inglés)
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El cuarto aniversario de la "revolución" marca un declive alarmante en materia de derechos humanos (en inglés)
4th revolution anniversary marks alarming decline of Egypts human rights