Gran parte de estas preocupaciones y recomendaciones retomaban las formuladas por la FIDH y sus organizaciones miembros, la Unión por las Libertades Civiles (ULC) e Internet Law Reform Dialogue (iLaw) en su informe conjunto “Under siege - Violations of civil and political rights under Thailand’s military junta [Bajo asedio - Violaciones de los derechos civiles y políticos con la junta militar de Tailandia].” El informe, publicado antes del examen periódico universal, documentó el amplio alcance del impacto negativo del régimen militar en la situación de los derechos humanos del país desde que se produjo el golpe de Estado el 22 de mayo de 2014. Durante el examen, realizado el 13 y 14 de marzo de 2017, los miembros del Comité de Derechos Humanos citaron ampliamente la información contenida en dicho informe.
Los miembros del Comité de Derechos Humanos utilizaron asimismo partes del informe conjunto de la FIDH/UCL “Behind the walls – A look at conditions in Thailand’s prisons after the coup [Tras los muros - Una mirada a las condiciones en las prisiones de Tailandia tras el golpe] ” para cuestionar a la delegación del Gobierno de Tailandia en relación a las condiciones de las cárceles en el país. Las condiciones de detención es una de las tres cuestiones claves identificadas por el CCPR en relación a las que Tailandia deberá aportar información sobre la aplicación de las recomendaciones del comité en el plazo de un año a partir de la adopción de las Observaciones Finales.
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