En este documento se detalla la evidencia de la comisión de los crímenes de lesa humanidad de 49 asesinatos y el intento de asesinato de por lo menos 155 personas la mayoría hombres jóvenes e indígenas, durante las protestas de 2022 y 2023 en Perú entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023. Pese al conocimiento de las muertes y los heridos, la política de uso de violencia, organizada y aprobada por parte de altas autoridades del gobierno, continuó durante dos meses.
Luego de esa queja ante la CPI, en julio 2024, el Ministerio Público acusó a la presidenta Boluarte por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves y leves durante las movilizaciones al inicio de su mandato. Aprodeh representa parte de las victimas de asesinatos ante la justicia nacional.
El gobierno de Boluarte -sostenido por un pacto antiderechos entre la presidenta y el congreso que denunciamos- informó que, en un corto plazo, enviará una comisión de alto nivel ante la CPI para presentar de manera preliminar la postura del Estado peruano sobre los hechos.