El Tribunal dictaminó que las medidas aprobadas por Hungría son contrarias al derecho de la Unión Europea "en la medida en que dificultan considerablemente la acción y el funcionamiento de las asociaciones y de las fundaciones sometidas a tales disposiciones." Al reconocer que tales limitaciones de los derechos de la sociedad civil son incompatibles con el derecho de la Unión Europea —en particular con la Ley sobre la libre circulación de capitales en la Unión y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea— el tribunal reafirmó enérgicamente el papel fundamental que desempeña la sociedad civil en un Estado democrático basado en el Estado de derecho.
La Comisión Europea presentó el caso contra Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en febrero de 2018 por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de los tratados. En su declaración tras el fallo del tribunal, el Comisario de Justicia, Didier Reynders se hizo eco de la decisión del mismo al afirmar que: "Una sociedad civil fuerte, dinámica e independiente es la clave para la defensa de los valores europeos comunes relativos al Estado de derecho, los derechos fundamentales y la democracia. Las organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea deben ser libres de ejercer su derecho a la libertad de asociación, lo que comprende la libertad de buscar, captar y utilizar recursos, aspectos todos ellos que han sido confirmados por la sentencia de hoy. Me complace ver que el tribunal ha confirmado plenamente los argumentos de la Comisión en su fallo, que protege la libertad de asociación de las organizaciones de la sociedad civil en la Unión Europea."
La FIDH, a través de su Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y su organización miembro en Hungría, el Comité Húngaro de Helsinki (HHC), acoge con satisfacción esta decisión, después de llevar mucho tiempo advirtiendo sobre las amenazas que las recientes leyes de Hungría suponen para las organizaciones de la sociedad civil, cuya clara intención es reprimir la expresión pública y restringir los derechos fundamentales, y tras su labor de incidencia contra ellas a nivel nacional y de la Unión Europea. "Esta decisión afirma enérgicamente que en la Unión Europea no se acepta la estigmatización e intimidación de las ONG que reciben financiación del extranjero ni la obstrucción de su labor" afirmó Marta Pardavi, copresidenta del HHC. En este sentido, esta decisión es una victoria no solo para las organizaciones de la sociedad civil húngara, que han llevado a cabo una intensa campaña contra esta ley desde su adopción, sino para la sociedad civil europea en su conjunto.
La FIDH ha abogado repetidamente ante las instituciones de la Unión Europea para que examinen el respeto de los principios de la Unión Europea en Hungría y exijan que rinda cuentas. Seguirá estrechamente el cumplimiento de la sentencia del tribunal por parte de Hungría y se asegurará de que los continuos esfuerzos de Hungría por deslegitimar y obstaculizar a las organizaciones de la sociedad civil, restringir los derechos humanos y erosionar el Estado de derecho se vigilen, denuncien y se lleven ante los órganos competentes.
Véase también Los ministros de la Unión Europea deben comprometerse a respetar los principios de la Unión Europea en Hungría.